La Xunta cuestiona que haya fondos para la ría de O Burgo y el Gobierno le pide responsabilidad

Nuevo cruce de acusaciones entre Ethel Vázquez y Javier Losada


a coruña / la voz

Continúa el pimpampum sobre el dragado de la ría de O Burgo entre la Xunta y el Gobierno central sin sombra de acuerdo en el horizonte. Las acusaciones se renuevan cada día. Ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez no tener «voluntad real» para licitar la obra de dragado de la ría. «Se hai vontade real aténdese o teléfono», manifestó en una visita a Sada en referencia al silencio del secretario de Estado de Medio Ambiente, al que se ha dirigido para solicitar una reunión con los técnicos jurídicos de ambas partes que no ha obtenido respuesta hasta el momento.

El problema para licitar los trabajos de regeneración «non pode ser un mero papel», apuntó la conselleira, que insistió en la falta de compromiso de Madrid para sanear la ría, pues «se hai vontade real búscanse solucións e atópanse, e axilízanse as reunións», recriminó al Ministerio de Transición Ecológica. 

«Falta de cartos»

La escalada de desencuentros entre ambas Administraciones, que mantienen al borde del abismo una obra cuyo coste supera los 46 millones de euros, sumó un nuevo capítulo al cuestionar Ethel Vázquez los propios fondos con los que se va a financiar, tanto estatales como europeos, y ya comprometidos. «Esta actitude por parte do Goberno de España o que nos fai pensar é que o problema real é máis grave», enfatizó la responsable autonómica de Infraestructuras. El escollo, concluyó, «é a falta de cartos para a rexeneración».

La respuesta no se hizo esperar y llegó poco después no de Madrid sino de A Coruña, con la réplica del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. «El Gobierno -defendió el socialista- ha hecho un trabajo intenso y ha resuelto la recuperación de la ría de O Burgo. Ha hecho el proyecto, ha buscado la financiación, los 46 millones, y tiene todo listo desde marzo», expuso Losada, que al igual que su interlocutora devolvió la pelota al tejado de enfrente. «En este momento hay una ley de contratos que aprobó el PP en el 2017 que indica que la Xunta debe certificar que no hay ninguna concesión ni hay ninguna servidumbre para poder licitar esta obra», expuso.

Este documento, central para el desbloqueo, requiere según el Gobierno la suspensión previa del plan de marisqueo en la ría de O Burgo para iniciar el proceso de licitación de los trabajos de dragado y regeneración. La Xunta, sin embargo, entiende que la actividad de los mariscadores es compatible con la tramitación de la obra.

En juego están buena parte de esos 46 millones de euros, procedentes de las arcas comunitarias y condicionados al 2023 como plazo máximo de ejecución. «Apelo a la responsabilidad de la Xunta, porque puede haber un peligro, que los plazos transcurran y se impida tener financiación de Europa», señaló Losada, que mostró la disposición del Gobierno a «encontrar respuestas jurídicas para poder solventar el problema».

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