Losada y la Xunta reclaman, por separado, una reunión para desbloquear la licitación del dragado de la ría de O Burgo

El delegado del Gobierno ha explicado que «hay unas discrepancias que no son políticas, son jurídicas», mientras la Xunta insiste en que no es necesario paralizar el marisquero para licitar la obra


a coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha aseverado este jueves que «esta es la legislatura en la que la ría de O Burgo se va a regenerar» y ha pedido una reunión entre la Asesoría Jurídica de la Xunta y la Abogacía del Estado para resolver el problema «jurídico» que impide la licitación. Así se ha pronunciado tras reunirse por videoconferencia con los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; Culleredo, José Ramón Rioboo; Cambre, Óscar García Patiño, y Oleiros, Ángel García Seoane, para evaluar la situación del proyecto de dragado y regeneración del estuario coruñés.

«El Gobierno de España sí o sí quiere hacer la regeneración de la ría de O Burgo. Para ello tiene el dinero comprometido, tiene el proyecto aprobado y la licitación preparada desde marzo», ha remarcado Losada en declaraciones a la prensa tras el encuentro. Así, ha explicado que «hay unas discrepancias que no son políticas, son jurídicas», pues el Gobierno pide un certificado de disponibilidad de los terrenos, que avale que no habrá mariscadores en el estuario durante los trabajos, y que la Xunta se niega a emitir antes de la licitación por considerarlo innecesario. Por ello, Losada ha avanzado que le ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que «se junten la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta y den una solución jurídica para desbloquear esta situación y poder licitar esta obra».

«El único que puede licitar esta obra es el Ministerio para la Transición Ecológica», ha asegurado Losada al ser preguntado por la posición de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, que indicaba que este era un problema de «presupuesto». Así, ha esperado que la Xunta dé una respuesta a su petición para que se reúnan las dos instituciones y estudien las posibilidades legales y ha afirmado que «sí o sí se va a hacer la regeneración» por el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el medio ambiente y con este proyecto. La Abogacía del Estado se ampara, ha explicado, en la Ley de Contratos «que aprobó el PP en 2017», que exige que la Xunta certifique la disponibilidad de los terrenos, ha sostenido.

Por su parte, la Xunta reiteró también este jueves su disposición a «acadar unha solución xurídica sobre a dragada da ría do Burgo», pero remarcó que su propuesta pasa por una alternativa «que non implique parar indebidamente a actividade marisqueira». Desde la consellería se recordó que en las últimas semanas se ha dirigido en cuatro ocasiones al secretario de Estado de Medio Ambiente solicitando una reunión y explicó que en agosto remitió al Gobierno central un informe que indica que «a licitación das obras é compatible coa actividade marisqueira, que non debe suspenderse ata que comecen os traballos». Asimismo, indica que cuenta con un certificado de la Consellería do Mar en el que se compromete a «suspender a actividade marisqueira cando comecen as obras da dragaxe, coa conformidade da confraría de pescadores, suficiente para a licitación das obras».

Asimismo, insistió en que «considera preciso que o Estado certifique a existencia do crédito necesario e suficiente para poder executar as obras, ofrecendo garantías orzamentarias de que pode acometer as actuacións de dragaxe da ría do Burgo, da súa competencia», que entiende que «contribuiría a despexar dúbidas sobre se dispón dos fondos propios necesarios para a cofinanciación da actuación e da liquidez esixida para adiantar os cartos da confinanciación europea».

Asimismo, desde la Xunta se lamentó lo que tildó de «falta de ánimo construtivo do delegado do Goberno, que convocou aos concellos da ría a unha xuntanza na que non se abordaron avances nin solucións para licitar as obras dunha actuación urxente e necesaria».

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