Gobierno y Xunta se culpan mutuamente del retraso en el dragado de la ría

D. Vázquez A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

Mariscadores faenando en la ría del Burgo, en una imagen de archivo.
Mariscadores faenando en la ría del Burgo, en una imagen de archivo. césar Quian

Discrepan de hasta cuándo pueden trabajar los mariscadores

07 ago 2020 . Actualizado a las 19:20 h.

Gobierno central y Xunta mantienen el rifirrafe sobre quién es el último responsable de la falta de avance en la tramitación de la regeneración de la ría. Si el miércoles era la delegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, la que cargaba contra la Xunta y la responsabilizaba de la posible pérdida de los fondos europeos para acometer la obra, el jueves la Xunta replicó en sentido contrario. Desde el Gobierno autonómico se reclama al Estado «que licite de inmediato a dragaxe da ría do Burgo e que deixe de poñer escusas e de culpar ao Executivo galego da paralización dunha obra que depende só da vontade do Goberno central».

Para la Xunta el hecho de que la titularidad de los terrenos sea estatal permitiría certificar la disponibilidad de los terrenos para licitar las obras. El quid de la cuestión es la diferente interpretación de ambas Administraciones sobre cuándo se debería parar la actividad marisquera que se desarrolla en la ría. Desde el Estado consideran que tendría que ser antes de la certificación de la total disponibilidad de la ría para acometer la obra, ya que entiende que esta actividad limita esa disponibilidad. Sin embargo, desde la Xunta se entiende que la actividad marisquera autorizada en la zona «non afecta á dispoñibilidade dos terreos e a súa incompatibilidade coas obras só se produce unha vez que o contrato sexa adxudicado e formalizado». Si desde el Estado tiran de la Ley de Contratos del Sector Público para avalar su postura, el Gobierno autonómico afirma que tanto en el documento del proyecto de dragado como en el de la declaración de impacto ambiental, del propio Estado, se establece la necesidad de cerrar el marisqueo se necesita durante la ejecución de la obra, «e non antes». Para la Xunta este es un trámite administrativo y estima que «o marisqueo non é incompatible coa licitación das obras e a súa paralización suporía importantes prexuízos económicos aos profesionais do sector».

La Xunta dice que procedería a ordenar el cese de actividad en cuanto se haga la adjudicación y firma del contrato para la obra.