López-Rioboo advierte a la Xunta ante una posible paralización de la regeneración de la ría si no pode a disposición los terrenos
A CORUÑA
Cuestiona la «obstinada política obstruccionista de la Xunta» que pone en grave riesgo la viabilidad del proyecto
06 ago 2020 . Actualizado a las 17:43 h.La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, insistió este miércoles en que la decisión de la Xunta de no certificar la total disponibilidad de los terrenos supondrá la imposibilidad de acometer la regeneración de la ría de O Burgo. Así se lo transmitirá a los mariscadores, a quienes les explicará la actual situación del proyecto. «La tramitación depende exclusivamente de esta certificación y negarse a emitirla es bloquear de manera intencionada la regeneración de la ría», ha indicado.
Pilar López-Rioboo reiteró que el Gobierno central dispone de fondos, está en disposición y tiene la total voluntad de licitar la obra, aunque no puede seguir avanzando si no se cuenta con el imprescindible apoyo de la Xunta, ya que es necesario que desde la Consellería do Mar se desbloquee el trámite de certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades que impidan considerar que exista plena disposición de dichos terrenos.
Este requisito, ha recalcado, debe cumplirse previamente a la aprobación del expediente de contratación, es decir, de su licitación tal como recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en noviembre de 2017 por el Gobierno del Partido Popular. Puntualiza que también así lo indican los informes jurídicos de la Abogacía del Estado.
El artículo 236 de dicha ley indica textualmente que «aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar» recuerda y ese artículo también recoge que «en la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. En el caso de cesión de terrenos o locales por entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación de los órganos competentes».
De esta situación es conocedora la Xunta, indica, ya que se le ha trasladado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y la propia Abogacía del Estado que las autorizaciones de marisqueo otorgadas por la Administración autonómica sobre los terrenos afectados por la obra de la ría limitan la disponibilidad de dichos terrenos.
Entiende que todo lo que «no sea emitir la certificación de la disponibilidad de los terrenos libres de derechos supone impedir la licitación de la obra y representa la certificación de la imposibilidad de acometer el proyecto, con la consiguiente pérdida de los fondos económicos en lo que supondría un daño irreparable para toda la comarca coruñesa».
Todo ello se produciría, considera, «con la única responsabilidad de la Xunta y después de que el Gobierno haya realizado el proyecto, lo haya sometido a información pública y haya conseguido el dinero para su ejecución, a través de los fondos europeos del Feder y con la aportación propia a través de los Presupuestos Generales del Estado, con un coste global cercano a los 50 millones de euros».
