La Xunta insiste en ordenar cese del marisqueo en O Burgo tras la adjudicación

La Voz A CORUÑA

A CORUÑA

Imagen de archivo de un mariscador mostrando la dificultad de caminar por los lodos de la ría de O Burgo
Imagen de archivo de un mariscador mostrando la dificultad de caminar por los lodos de la ría de O Burgo CESAR QUIAN

La consellería de Mar ha emitido un comunicado en el que asegura que lo hará después para no ocasionar «importantes perjuicios» al sector

05 ago 2020 . Actualizado a las 12:23 h.

La Xunta de Galicia ha insistido este martes en que ya ha trasladado «varias veces» al Gobierno central su compromiso de ordenar inmediatamente el cese de la actividad marisquera en la ría de O Burgo una vez que el Estado comunique «la adjudicación y firma del contrato» de las obras de dragado. Después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasladara la necesidad de suspender los planes de explotación existentes en la zona antes de licitar los trabajos, la consellería de Mar ha emitido un comunicado en el que asegura que lo hará después para no ocasionar «importantes perjuicios» al sector marisquero.

«Ordenar ya el cese de esta actividad ocasionaría importantes perjuicios económicos al sector a pesar de que su mantenimiento solo sería incompatible con la ejecución de la obra y no afectaría a los trámites administrativos previos», indica el departamento autonómico. Así, considera «injustificado» privar a los profesionales del marisqueo de la zona del desarrollo de su actividad y, por lo tanto, de su medio de vida.

Además, desde la Xunta apuntan que los profesionales de la cofradía de pescadores de A Coruña también se manifestaron en este sentido y ya pidieron a la Consellería del Mar que le traslade al Gobierno central que cesarán su actividad en el momento de inicio de las obras. Sobre la reclamación de un certificado de disponibilidad de los terrenos, el Gobierno gallego sostiene que «el Estado es el titular de los terrenos afectados, por lo que ya tiene la disponibilidad de los mismos de acuerdo con lo que exige la normativa de contratos». Asimismo, la Administración gallega entiende que la licitación de las actuaciones depende en exclusiva de la «voluntad» del Estado de iniciar la tramitación.