María Pita destinará 14 millones del 2019 a pagar sentencias

La Voz A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

El Ayuntamiento tiene que afrontar 11 fallos judiciales firmes

14 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno local de A Coruña destinará el remanente del 2019, que supera los 14,5 millones de euros, a hacer frente a pagos derivados de sentencias judiciales firmes y facturas de años anteriores que están pendientes de abonar. Así se lo trasladaron a los grupos de la oposición la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, en un encuentro celebrado ayer en el que el asunto central estuvo ocupado por las cuentas de la liquidación del 2019.

Las sentencias judiciales suponen para las arcas públicas el pago de intereses del 3 %, «unha sangría económica ao ano», según calificó el portavoz del grupo socialista en el gobierno municipal. José Manuel Lage se refirió, en este sentido, a la iniciativa tomada por el equipo de Inés Rey en noviembre pasado para avanzar en algún procedimiento legal que permitiera liberar los presupuestos municipales de la carga de las sentencias. Aquella propuesta obtuvo la autorización del Ministerio de Hacienda para incorporar el pago procedente de los fallos judiciales a través de otro mecanismo contable, como obligaciones reconocidas de pago en la cuenta 413.

En la práctica, la medida implica que tanto el superávit como el remanente líquido de tesorería deben destinarse, casi en su totalidad, a saldar estos requerimientos. El Ayuntamiento de A Coruña cerró el 2019 con un remanente de 14.581.686,93 euros y un superávit de 3.662.503,48 euros.

El Ayuntamiento suma 11 fallos judiciales firmes a los que tendrá que hacer frente de modo inmediato. La cantidad más significativa que habrá que abonar a corto plazo son los algo más de 12 millones de euros por las expropiaciones del castro de Elviña, un caso que arrancó en el 2001, pero que no resolvió el TSXG, tras muchos recursos previos, hasta el año pasado.

Hace 18, el consistorio decidió expropiar fincas dentro del plan de protección del castro, fijando para ello un precio que los afectados consideraron muy inferior al valor de mercado de sus parcelas. El consistorio desoyó sus palabras, pero los jueces acabaron dándoles la razón.

Los desarrollos urbanísticos -o el hecho de no permitirlos- suponen también para el Ayuntamiento un reguero de fallos judiciales en su contra. El caso más significativo es el de los promotores del Agra de San Amaro, que llevaron el freno municipal a sus aprovechamientos a los juzgados y han ido generando un goteo de sentencias que obligan, de nuevo, al consistorio a indemnizar.

El gobierno local ha de hacer frente a las expropiaciones del castro de Elviña, por 12 millones