En una carta acompañada de la convocatoria de una asamblea extraordinaria para el 27 de febrero, Mariano Gómez-Ulla avanza que el juzgado abrirá en los próximos días la fase de liquidación
12 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Treinta años después de su fundación y con varias crisis superadas, el Club Financiero Atlántico «se ve obligado a cesar en su funcionamiento y cerrar sus instalaciones». Así lo ha comunicado a los socios el presidente de la junta directiva, Mariano Gómez-Ulla, en una carta enviada junto con la convocatoria de una asamblea extraordinaria el 27 de febrero en la que se dará cuenta del procedimiento concursal en que está inmersa la entidad desde hace dos meses.
«A pesar de los esfuerzos realizados por esta junta -continúa la comunicación-, ha sido imposible garantizar la viabilidad y por tanto la continuidad del club», explica el presidente, que anuncia para «los próximos días» la apertura de la fase de liquidación y el cese de actividad por parte del Juzgado Mercantil número 2 de A Coruña.
Una treintena de trabajadores
La quiebra afecta a algo menos de treinta trabajadores que han iniciado acciones de protesta para reclamar los salarios pendientes, correspondientes a dos mensualidades, y señalar los errores de gestión que, a su entender, han conducido a la situación actual. En contra de lo que sostiene la junta, la plantilla niega la responsabilidad del propietario del edificio por subir el precio del alquiler.
Según fuentes del club, la entrada de un accionista mayoritario en la empresa que posee las instalaciones de Salvador de Madariaga derivó en una serie de complicaciones, ya que el contrato de arrendamiento vencía en el 2019 y ambas partes no consiguieron llegar a un acuerdo. El principal motivo de discrepancia era que la renovación estaba sujeta a una modificación sustancial del importe de la renta.
El club, no obstante, arrastra dificultades desde antes de la entrada de la actual junta, que se hizo cargo de la gestión en el 2015 en un intento de reflotarlo. Hace meses se optó por solicitar el preconcurso, que daba un margen de cuatro meses para negociar con los acreedores, pero no fue posible y desde enero un administrador concursal dirige el club.