a Coruña / La voz

El gobierno local no va a dar «ni un paso atrás en defensa de los intereses de la ciudad», advirtió hace 15 días la alcaldesa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El equipo de Inés Rey mantuvo ayer ese pulso, en una sesión plenaria en la que respaldó todas las mociones que exigían infraestructuras o deudas pendientes con la ciudad, incluyendo la devolución del IVA del 2017 a Galicia, un asunto con el que el PP de Alberto Núñez Feijoo, entre otros dirigentes autonómicos, ha hecho bandera contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los socialistas aprobaron las mociones presentadas por el PP y Ciudadanos con ese objetivo, otra de los populares sobre la intermodal y una más de la Marea que reclamaba distintas deudas con la ciudad. Otra moción de ese grupo sobre las parcelas de la Maestranza salió adelante por el voto de calidad de la regidora. En el turno de preguntas, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, interrogó al gobierno sobre los resultados de la «reunión» entre Rey y Ábalos. Lage contestó que no hubo reunión como tal -el ministro solo visitó la ciudad para entregar el Premio Nacional de Arquitectura-, e insistió en el «firme compromiso» de la alcaldesa para reclamar, «dende o diálogo», la obra de la intermodal y otras infraestructuras.

Cambios en Emalcsa

El pleno sirvió para poco más que reafirmar posturas políticas. La parte de gestión se limitó a un trámite para que Emalcsa pueda actuar como medio propio del poder adjudicador del Ayuntamiento. Esa terminología jurídica se traduce en que la empresa podrá hacerse cargo de más servicios que los que presta en la actualidad, intervenir en concesiones municipales o hacerse cargo de obras o proyectos que se deban tramitar por urgencia.

Por lo pronto, el objetivo que tiene la firma es continuar con los trámites para conformar el primer operador energético municipal, que debe paliar los casos de pobreza energética en la ciudad.

Todos los demás puntos, debatidos durante más de siete horas y media, eran de control al gobierno. Es decir preguntas y mociones, que como ya se indicó en el anterior mandato carecen de valor jurídico alguno. Pese a ello, con 24 enmiendas de por medio, desencadenaron algún rifirrafe, en especial cuando se habló del futuro de la plantilla municipal.

Los trabajadores de María Pita

El concejal de Facenda, José Manuel Lage, frente a las dudas de Rosa Gallego (PP) y Alberto Lema (Marea), se reafirmó en su plan de convocar 413 plazas de empleo público entre este año y el siguiente. La mayoría serán de promoción interna o estabilización, pero cerca de un centenar nunca había sido cubiertas.

Sus reproches al gobierno anterior de la Marea, por dejar sin convocar 267 plazas y dejar sin terminar 23 procedimientos para llenarlas, desencadenó la primera algarabía de este mandato. «Viñan a salvar o mundo e non foron quen de publicar unha lista provisional», le dijo a Lema que había recomendado al actual gobierno continuar con las «boas prácticas» del anterior mandato.

Fue el pico de tensión de un pleno menos tranquilo que la norma. No hubo pancartas, pero casi. Quiso llevar una la Plataforma en Defensa do Común y la regidora, de acuerdo al reglamento, lo prohibió. Se lo recriminaron el BNG, que lo tachó de «retroceso democrático», y la Marea. Rey les recordó que el reglamento prohíbe las pancartas y que en otras corporaciones, en los parlamentos gallego y español y en el Senado también es así. Añadió que hace meses ordenó retirar, de acuerdo a esa norma, una bandera española que colgó un sindicato policial; y ninguno de los dos partidos protestó.

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El gobierno local reafirma su pulso con Fomento con el apoyo del pleno