El gobierno apuntala el carácter público de La Solana, pero descarta expropiarla

El ejecutivo reformará la catalogación del espacio para dificultar su venta, que ahora mismo no está prevista


A Coruña / La Voz

Desde el año 2006 La Solana ha generado toneladas de papel en trámites burocráticos diversos que, en la práctica, han servido para que el club siga siendo lo que es: un espacio público gestionado por una entidad privada. Ayer fue a comisión informativa un trámite más con respecto a esa parcela, paso que refrendará el pleno el jueves: catalogar ese suelo de ese equipamiento deportivo como público, sustituyendo el carácter privado que el atribuyó el planeamiento del 2013, hoy en vigor. 

Lo que cambia

Todo igual. El suelo, de hecho, es público, y la calificación no varía esa circunstancia. La Solana pertenece a la Autoridad Portuaria que la cedió en régimen de concesión. Para la concesionaria y para los socios todo seguirá igual. Lo único que varía es que, en caso de querer vender la parcela, la catalogación municipal tendría que volver a cambiarse de nuevo para permitir su explotación privada por unos posibles nuevos propietarios. 

La Propiedad

Del Puerto. El Ayuntamiento podría expropiar La Solana como cualquier otro bien privado que considere necesario para mejorar el servicio público. Sin embargo, confirmó ayer, no tiene previsto dar ese paso. Así que las instalaciones seguirán en manos de la Autoridad Portuaria que, tras tratar de venderlas al mejor postor en dos ocasiones, aparcó sus planes para esa parcela.  

Intentos previos

Blindaje de la Xunta. El anterior gobierno local trató de evitar por todos los medios que La Solana se privatizase. Los encontronazos con el Puerto, que por su parte necesita hacer caja para afrontar el pago de la deuda por las obras de Langosteira, fueron continuos. Finalmente, La Solana no se subastó y la Xunta propuso una solución en abril del 2018 para ese suelo. Ese mes Xunta y Fomento firmaron un protocolo mediante el cual el Gobierno autonómico se comprometía a inyectar 20 millones de euros al Puerto a cambio de quedarse con la mayoría de la propiedad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, fijando ese acuerdo que La Solana siguiese como hasta ahora en manos del Puerto, que renunciaría a su venta. El cambio de Gobierno en Madrid -entonces gobernaba el PP- dejó el documento en papel mojado.  

Qué se hará

A la espera. El futuro de los muelles, incluyendo las instalaciones deportivas y el hotel Finisterre en ese paquete, quedaron pendientes de la decisión que sobre la fachada marítima y la financiación de Langosteira tomase el nuevo Gobierno. Hasta ahora el ejecutivo no dio ningún paso aduciendo su situación de interinidad. Ese estado ha cambiado tras la investidura de Pedro Sánchez por lo que, tras más de un año con los planes en la nevera, ahora tocará retomarlos y decidir. El Puerto es el dueño del suelo, pero esa entidad depende, en última instancia, del Ministerio de Fomento

Más de un decenio de trámites para una reforma con todos los permisos pero muy criticada

El único cambio sufrido por La Solana en los últimos años no afecta a su titularidad, sino a su aspecto. Las instalaciones, inauguradas en 1942 sobre un relleno que acabó con la playa del Parrote, mantuvieron hasta ahora su estructura. En lo esencial esta no ha cambiado, pero desde hace unos meses está abierto un nuevo espacio cubierto que sustituye a las pistas de tenis, obra que ha generado numerosas críticas desde determinados colectivos porque tapa las vistas del mar desde el paseo.

La empresa que gestiona las instalaciones, Metropolitan, comenzó en el 2006 a realizar trámites para reformar el club. Desde entonces realizó más de medio centenar de trámites con tal fin. El espacio es especialmente sensible porque forma parte de la zona Pepri y de la Ciudad Vieja, protegida, y porque linda con los restos de las muralla del Parrote, igualmente protegida.

En el 2013, 53 meses después de haber presentado la solicitud de licencia, la empresa finalmente la consigue. Las obras se autorizan a finales del 2014. En el 2015 el nuevo gobierno local decide que falta otro informe y se solicita un nuevo control arqueológico. En enero del 2016 se paralizan las obras por considerar que existen discrepancias entre lo construido y lo proyectado.

Los trabajos estuvieron parados durante dos años hasta que en el 2018 el mismo gobierno local que paró la obra, vuelve a darle licencia. Los cambios en el proyecto son mínimos y el espacio construido es, esencialmente igual. No varió la altura prevista. En octubre del año pasado abrieron las nuevas instalaciones, una reforma contra la que siguió luchando la Plataforma en Defensa do Común, entidad que incluso llevó el asunto por lo penal por la obstrucción de las vistas desde el paseo.

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