La concejala de la Marea estaba investigada por la cesión de usos de la antigua cárcel, en la que la Fiscalía detectó ocho indicios de delito.
23 dic 2019 . Actualizado a las 15:07 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña acordó este lunes el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas a Claudia Delso, concejala de la Marea Atlántica de A Coruña, por un presunto delito de prevaricación administrativa, en relación con la cesión de usos de la antigua prisión de esa urbe a la entidad Proxecto Cárcere, de la que formaron parte miembros de la Marea y del anterior gobierno local.
Fue la propia Claudia Delso, responsable del área de Participación en el ejecutivo de la Marea durante el mandato 2015-2018, quien anunció la decisión de la magistrada, que puede ser recurrida en un plazo de cinco días.
La edila fue investigada —la figura jurídica equivalente a imputada— a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que en su escrito describía ocho posible indicios de delito en la cesión de usos de la antigua cárcel. El Ministerio Público actuó a su vez como consecuencia de una denuncia del PP, que se personó como acusación particular en el proceso judicial.
Delso consideró que la jueza ha emitido un auto «contundente» que, a expensas de posibles recursos de la Fiscalía o de los populares, archiva las pesquisas y cierra la vía penal, ya que ella era la única persona investigada.
La decisión de la magistrada concluye que no resulta «debidamente justificada la perpetración de delito» que dio motivo a la investigación. El archivo podría suponer la reactivación un proceso Contencioso-Administrativo que ahora está suspendido. Lo iniciaron los populares antes de que elevasen el caso a la Fiscalía. El auto afirma que la similitud entre ambas denuncias indica el conocimiento del PP de que «más que una infracción penal, podía tratarse de una mera irregularidad administrativa».
La decisión de la jueza se basa en la declaración de la propia Claudia Delso, que fue llamada a los juzgados en la víspera de las elecciones municipales de mayo. La edila prestó declaración durante dos horas y media, en las que afirmó, según señala el auto, que «aprobó las bases de la convocatoria para la adjudicación [de los usos de la cárcel] porque contaba con informes técnicos y jurídicos favorables». El auto explica que «para corroborar eso» se tomó declaración como testigo a una funcionaria municipal, que por entonces trabajaba en la concejalía que dirigía Delso. La jueza concluyó de acuerdo a su declaración que «sí contaba Claudia con informes jurídicos y técnicos que avalaban la regularidad de lo que firmaba».
La magistrada también analizó la documentación que presentaron las partes. No se tomó declaración a otros testigos propuestos por la acusación particular.
Delso recordó ayer que su declaración coincidió «co último día da campaña das eleccións municipais». Añadió que recibió esa llamada a prestar declaración con «alegría», como una oportunidad de esclarecer la cesión de usos de la antigua prisión a Proxecto Cárcere, un proceso que, insistió, se desarrolló con «absoluta pulcritude». La concejala enmarcó la denuncia inicial del PP en una campaña de «desprestixio e fango» contra ella y otros miembros de su partido con el fin de «machacarnos» antes de los comicios. También recordó que la investigación nunca pasó de la fase de diligencias previas, inicial en las investigaciones penales, sin que fuese necesario llegar a la de juicio para que se esclareciese lo ocurrido.
