Los desafíos de María Pita al frente de una planta de basuras

La decisión evita un incremento de 1,1 millones en la factura de la basura que paga el Ayuntamiento


A Coruña

Mañana terminarán las 72 horas concedidas por el Ayuntamiento a Albada, la gestora de la planta de reciclaje de Nostián, para que rectifique su decisión de no tratar la basura de los concellos de la comarca desde el 1 de enero, y retire la regulación de empleo que afectará a 39 operarios. La empresa se ha limitado a señalar que está estudiando la resolución municipal, que prevé la intervención de las instalaciones en caso de que no se cumplan las órdenes que ha dado.

¿Qué puede pasar ahora?

Hay dos escenarios posible que dependen de que el ultimátum sea aceptado o rechazado. Si la empresa se niega a aceptar el requerimiento, el Ayuntamiento nombraría uno o más interventores que pasarían a dirigir las instalaciones. Albada podría, como le solicitó el martes la alcaldesa, aceptar la intervención y cumplir con su «deber de colaboración»; o intentar combatirla mediante recursos administrativos y judiciales, como ya hizo otras veces.

Ese escenario podría derivar en un enconamiento del conflicto, ya que el Ayuntamiento aún podría tomar más medidas legales ante lo que considera un incumplimiento de las condiciones del contrato. El otro escenario pasa porque la empresa acepte los requerimientos municipales. Eso evitaría el conflicto y mantendría las condiciones actuales por tiempo indefinido, aunque quedaría pendiente negociar el nuevo convenio con la plantilla y seguiría sufriendo las pérdidas económicas que ha denunciado.

¿Qué tareas pendientes tiene el Ayuntamiento?

Se produzca o no la intervención, el gobierno local debe licitar el nuevo contrato de la planta. Medio Ambiente ya ha redactado los pliegos, que entregó al departamento de Contratación a primeros de mes, antes del plazo que tenía previsto. Pero queda mucho camino por delante, y la alcaldesa insistió el martes en que los ocho meses de posible intervención no eran equivalentes al plazo para adjudicar el contrato.

Es posible que se necesiten algunos más. Albada calculó en noviembre que serían necesarios hasta dos años, el plazo que iba a durar su ERTE. Quizá no llegue a tanto, pero es difícil que la contratación se firme antes de que termine el 2020, sobre todo por la posibilidad de que se planteen distintos recursos al proceso. Todo indica que la competencia entre las empresas será feroz, ya que el contrato ascenderá a 272 millones durante 15 años.

¿Qué dificultades podría tener la intervención?

Aparte de la posible reacción judicial de la empresa, el Ayuntamiento se pondría al frente de una instalación que, en su mayor parte está al límite de su vida útil. El grueso de la maquinaria tiene más de dos décadas de antigüedad y el funcionamiento de la instalación sigue unas rutinas propias a las que tendrían que adaptarse los interventores, sean funcionarios o fichajes externos del Ayuntamiento.

Los interventores tendría además que lidiar con la situación de la plantilla. El Ayuntamiento se ha comprometido a mantener las condiciones laborales, pero habría que plasmar esa continuidad por escrito y acordar un plazo para negociar un nuevo convenio.

¿Qué ventajas tiene la decisión municipal?

Tanto si la empresa acepta el ultimátum como si el Ayuntamiento interviene la planta y esa medida no queda paralizada por una acción judicial, la decisión del gobierno local permitirá mantener las actuales condiciones del servicio. Por un lado saldrán beneficiados los concellos integrados en el Consorcio As Mariñas -Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada- que podrán seguir tratando allí sus residuos y evitarán tener que pagar más por enviarlos a la planta de Sogama.

Pero también A Coruña saldrá beneficiada. Si la basura del Consorcio no llegase a Nostián la producción de la planta bajaría, como consecuencia aumentaría el canon que paga el Ayuntamiento por cada tonelada de residuos que envía a las instalaciones. Pasaría de 45,06 a 54,37 euros, un incremento próximo al 20 %. Esa cifra supondría un gasto extra para María Pita de más de 1,1 millones al año, partiendo de los 5,6 que pagó en el 2018.

Por otra parte, la decisión municipal evita el despido de 39 empleados fijos y 20 eventuales y, al mantener la entrada de los residuos del Consorcio, evita el riesgo de «inviabilidad» de la planta, tanto por problemas económicos como técnicos, que detectaron los técnicos municipales.

¿Qué dicen los concellos de la comarca?

El presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, expresó su alegría por la decisión del Ayuntamiento. Apuntó que la posibilidad de intervenir ya le fue trasladada con anterioridad al gobierno coruñés como alternativa a la postura de la empresa. El Consorcio ha señalado además su deseo de continuar en la planta junto con A Coruña, y como planteó muchas veces, con una gestión compartida. La entidad ya está estudiando los pliegos del nuevo contrato enviados por María Pita.

Conoce nuestra newsletter con toda la actualidad de A Coruña

Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que las recibas en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
2 votos
Comentarios

Los desafíos de María Pita al frente de una planta de basuras