El Ayuntamiento se encuentra con 16.531 contenedores que no quería

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

ANGEL MANSO

El anterior gobierno olvidó contratar su retirada y el nuevo negocia su reciclaje

08 dic 2019 . Actualizado a las 22:49 h.

El gobierno local tendrá que negociar en los próximos meses la retirada y reciclaje de los 16.531 contenedores de basura que están desplegados por las calles, polígonos industriales y mercados de la ciudad. En realidad, se ha encontrado con los depósitos sin quererlos. Han sido colocados y renovados durante años por la empresa que desempeñaba el contrato de contenerización. Pero ese contrato ha terminado y en los próximos meses se hará cargo de esa concesión una nueva firma. Lo habitual habría sido que el nuevo acuerdo incluyese una cláusula que obligase a la nueva adjudicataria a hacerse cargo de la retirada y reciclaje de los contenedores. Pero el anterior gobierno local de la Marea, que tramitó los nuevos pliegos, no incluyó esa exigencia en el texto, y el ejecutivo local del PSOE tiene 16.531 contenedores viejos de su propiedad en las calles, y no dispone de medios propios para su retirada y reciclaje.

La Concejalía de Medio Ambiente ya ha empezado a lidiar con esa carencia. El departamento que dirige Esther Fontán tiene decidido que los contenedores viejos serán reciclados una vez que sean sustituidos por los nuevos. Fuentes de Medio Ambiente señalaron que se intentará llegar a un acuerdo con la nueva adjudicataria para que se haga cargo de los depósitos antiguos, aunque probablemente será preciso tramitar un nuevo contrato.

No todos ellos serán reciclados, el Ayuntamiento tiene previsto quedarse con una pequeña parte de los contenedores para hacer frente a contingencias como conciertos y fiestas en las que se generen muchos residuos. 

Una reserva de varios cientos

Pero no está previsto que se reserven para esa función más que varios centenares de depósitos, ya que se calcula que no harán falta más y los que se reserven necesitarán bastante espacio de almacenamiento. Por lo tanto, el Ayuntamiento tendrá que negociar la recogida y reciclaje de más de 16.000 contenedores, incluyendo algo más de 1.100 depósitos exclusivos para pilas y casi un millar de contenedores específicos para papel y vidrio. El resto son modelos verdes y amarillos, sin contar 120 de la clase Molok y otros 132 soterrados.

Pese a la enormidad de la cifra, el departamento de Medio Ambiente espera poder reconducir la situación sin que los ciudadanos sufran molestia alguna. Por una parte, la renovación de los contenedores se ejecuta por lo general a un ritmo del 10 % anual.

Es decir, entre los 16.531 recipientes desplegados por la ciudad conviven ejemplares de un año de antigüedad con otros elementos que van camino de la década. Por lo tanto, algunos depósitos todavía serán útiles durante años, y el ritmo de reposición paulatino facilitará tiempo para resolver la carencia del contrato. 

Pendientes de Contratación

Por otra parte, la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de contenerización, que ya está adjudicado, debe esperar a que se firme el de recogida de residuos. De lo contrario, en la ciudad podrían desplegarse contenedores de carga lateral en zonas en las que todavía no hay camiones de ese tipo funcionando.

La adjudicación del contrato de recogida, también tramitado en su mayor parte por el anterior gobierno local, fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia el pasado mes de octubre. Desde entonces se está a la espera de que el departamento de contratación decida reactivar el proceso corrigiendo las anomalías detectadas por el tribunal, o se ponga en marcha todo desde el principio. Por el momento no se ha anunciado una decisión.

La huelga arranca esta noche tras un supuesto sabotaje que los trabajadores niegan

Fuentes de la planta de Nostián informaron ayer de un presunto sabotaje grave, que ha provocado la práctica paralización de la actividad. «Las cuatro palas disponibles han sido inutilizadas mediante diversas acciones, desde cortes de latiguillos hasta daños en las ruedas y los sistemas hidráulicos de alta presión», señalan. Apuntan que intentarán repararlas para hoy, ya que por el momento solo pueden descargar y almacenar la basura. Un inspector municipal fue a comprobar los daños. Sin embargo, desde el comité de empresa niegan el supuesto boicot en las instalaciones y recuerdan que la huelga arranca esta noche. Vinculan esa denuncia con el interés de la firma en poner a la opinión pública en su contra ante el conflicto laboral y explican que ayer solo trabajaba una trabajadora en la báscula.

El Consello Galego de Relacións Laborais había convocado para hoy una reunión con el fin de mediar en el conflicto de Nostián y evitar la huelga que comienza esta noche. No habrá reunión finalmente porque la empresa anunció que no acudirá, entre otras cosas porque en casos previos ese proceso no resolvió nada, dicen.

La planta de reciclaje, que ha requerido una inversión de más de 71 millones y cuenta con más de cien empleados, ha llegado a esta situación tras años de desencuentros entre la gestora, la empresa Albada del grupo Urbaser, y el Ayuntamiento. La firma había anunciado una y otra vez su deseo de terminar la concesión cuanto antes, pero el anterior gobierno no licitó a tiempo el nuevo contrato. De ahí la decisión de la firma de lanzar un ERTE y la convocatoria de la huelga.

Lo ocurrido en Nostián es similar a lo que ha pasado con la recogida de basuras y la limpieza viaria, dos servicios, a los que el Ayuntamiento dedica en conjunto más de 20 millones al año y que están sin contrato desde hace meses. Una vez más, el anterior ejecutivo no los licitó a tiempo. El resultado no ha sido una huelga abierta, sino una serie de conflictos de menor intensidad que varias veces durante este año se saldaron con basura en las calles.

No es descartable que esa, o incluso consecuencias más graves, deriven de la huelga en Nostián. Como tampoco es descartable que el Ayuntamiento decida hacerse cargo de la planta. Esa solución satisfaría a la empresa, los operarios y los concellos de la zona, pero pondría al Ayuntamiento frente a un complejo desafío jurídico y laboral.