Recurren todos los dueños de los pisos que la Marea compró de manera ilegal

El Ayuntamiento ya afronta un proceso judicial por el fracaso de la iniciativa


A Coruña / La voz

El gobierno local del PSOE ya ha empezado a lidiar con una de las herencias envenenadas del mandato anterior, el fracasado concurso de compra de viviendas y edificios para uso social, que el anterior ejecutivo de la Marea Atlántica vendió como su proyecto estrella para el año 2017.

El plan ha provocado por el momento un conflicto judicial entre el Ayuntamiento y uno de los vendedores, firmante del manifiesto de la Marea, que le vendió dos pisos. Además, otros tres propietarios presentaron recursos administrativos aún pendientes de resolución. Es probable que también lleguen al juzgado.

El coste total de la operación para las arcas públicas aún se desconoce. El Ayuntamiento podría tener que indemnizar a los propietarios si se demuestra que obraron de buena fe y las irregularidades que han provocado la anulación de las compras fueron responsabilidad municipal.

El origen del conflicto

Un plan fallido. El concurso de compra de vivienda contaba con un presupuesto de 1,26 millones de euros para la adquisición de inmuebles con los que ampliar el parque de vivienda pública del Ayuntamiento. El concurso arrancó en mayo del 2017. Se presentaron 36 ofertas de viviendas y 9 de edificios. Fueron valoradas por una comisión de funcionarios presidida por la jefa de servicio de Rehabilitación y Vivienda. Fue la única persona que asumió alguna responsabilidad tras demostrarse las irregularidades, y fue relevada de ese puesto.

La mayoría de las 45 ofertas fueron descartadas por distintos motivos y solo se admitieron a trámite 12 de viviendas y 2 de edificios. Pero casi todos los propietarios rechazaron el precio que se les ofreció. De los 1,26 millones solo se pudieron invertir 383.000 euros, con los que se compraron seis pisos. Una cifra ínfima comparada con los 403 que ya tenía el parque de vivienda municipal. El resultado del concurso, pero no los detalles de su tramitación, se hizo público el 23 de enero del 2018.

Las irregularidades

Una vivienda ilegal. En los meses siguientes, a pesar de la resistencia del anterior gobierno, que acusó de difamación a todo el que denunció algún problema en el concurso, se fueron conociendo las distintas irregularidades que plagaron el proceso.

Destacó el caso de dos inmuebles, situados en las calles Joaquín Martín Martínez y Santander. La primera incumplía numerosas condiciones de los pliegos, hasta el punto de que ni siquiera da las medidas para ser una vivienda. Es un local comercial situado en un ático. La de calle Santander también incumplía los pliegos. Las había vendido por 145.865 euros al Ayuntamiento un único propietario, un firmante del manifiesto político de la Marea que había colaborado con ese partido cuando daba sus primeros pasos.

Obligado por la oposición, en especial por el PP que llevó lo ocurrido a pleno y convocó dos comisiones para analizar las irregularidades, el gobierno de la Marea tuvo que someter las compras al Consello Consultivo. Esa institución corrigió a la asesora jurídica que había nombrado el anterior alcalde, que consideraba que la mayoría de las irregularidades eran soslayables, y dictaminó que las dos compras eran irregulares y nulas. Ese criterio se hizo extensivo a otros tres pisos, que presentaban irregularidades de menor entidad. En resumen, de las seis compras aprobadas por el ejecutivo de la Marea cinco presentan irregularidades, aunque la Fiscalía ha descartado que haya responsabilidades penales. 

Caducado dos veces. El actual gobierno local deberá hacer frente al proceso judicial iniciado por el firmante de la Marea, y a los que podrían iniciar los otros tres propietarios afectados si se anulan las compras de sus inmuebles.

El fiasco del plan de vivienda también lastrará la gestión urbanística con el trámite de cinco expedientes complejos. Baste el ejemplo del tercer piso comprado en la calle de la Barrera por 69.230 euros. El proceso para anular su adquisición, de acuerdo al dictamen del Consultivo, aún no ha concluido. Es más, debe volver a iniciarse por tercera vez. El primer intento no avanzó, y fue declarado caducado el pasado 15 de marzo. El segundo intento también se estancó, y la junta de gobierno lo declarará hoy caducado. En el mismo trámite se aprobará volver a empezar desde cero. La decisión será notificada a sus propietarias, que podrán volver a presentar alegaciones al respecto. Llevan más de un año inmersas en un conflicto con el Ayuntamiento solo por venderle una propiedad que, según las gestiones del anterior mandato, sí cumplía las condiciones que marcó el gobierno local.

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