Los Servicios Sociales han tramitado más de 500 ayudas para evitar alzamientos
01 dic 2019 . Actualizado a las 23:01 h.Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña prestaron ayuda entre enero y noviembre de este año a 70 familias que fueron desahuciadas de sus casas. La mayor parte de los desalojos estuvieron causados por el impago de las mensualidades del alquiler.
Los casos fueron notificados por los juzgados de Primera Instancia al Ayuntamiento. Hasta este viernes, señalaron fuentes municipales, no se había comunicado ningún nuevo desahucio.
Cuando se reciben esos avisos, los servicios sociales se ponen en marcha con el fin de paliar las consecuencias que sufren los afectados. En primer lugar los técnicos valoran la situación y se deriva cada caso al equipo de atención de referencia. A partir de ahí, los trabajadores y educadores sociales gestionan la búsqueda de alternativas ante la petición de abandono de la vivienda.
Las medidas que adopta el Ayuntamiento son varias, pero siempre intentan que las familias puedan permanecer juntas. Una de las primeras suele ser la presentación de un informe para solicitar una prórroga de la fecha del alzamiento, con el fin de tener más tiempo para encontrar alternativas habitacionales.
También se gestionan ayudas económicas, que pueden servir para que los afectados accedan a una nueva vivienda o hagan frente a necesidades básicas como alimentación o suministros.
Algunos casos se derivan o se atienden de forma conjunta con los programas de la Xunta Reconduce y Rehabita, que incluye ayudas para pagar el alquiler o aplazar las deudas. Si no hay otra alternativa se recurre a las viviendas municipales de emergencia, que facilitan a los desahuciados un alojamiento provisional hasta que su situación mejore.
Más allá de apoyar a las familias desahuciadas, el objetivo del Ayuntamiento es no llegar a ese punto, explica la titular de Servicios Sociales, Yoya Neira.
Pero una de las dificultades que afrontan para alcanzar esa meta de prevención, explican la concejala y la responsable del servicio de Acción Social, Regla Dávila, es que algunos afectados, sea por desconocimiento, pudor u otras causas, solicitan el respaldo del Ayuntamiento cuando las dolencias que afectan a su «buena salud social», explica Dávila haciendo un simil sanitario, se han agravado demasiado.
Ayudas de emergencia
El principal recurso del Ayuntamiento para evitar los desalojos es el programa de emergencia social. En el 2018 se tramitaron por esa vía 2.544 ayudas, que superaron los 953.500 euros. Mediante ese mecanismo se conceden subvenciones para pagar alimentos, tratamientos sanitarios, gastos relacionados con la vivienda o libros y material escolar.
El año pasado se concedieron 703 ayudas para vivienda, incluyendo subvenciones para el pago de alquileres, hipotecas, suministros, mantenimiento y otros.
A falta de que se cierre el ejercicio, el ritmo de este año es similar. Se han concedido más de 2.100 ayudas de emergencia que superan los 845.000 euros. Para viviendas se han superado las 500, y son el segundo grupo más numeroso por detrás de las subvenciones para alimentación, que suponen cerca del 50 % del esfuerzo municipal, en línea con las cifras del pasado ejercicio.
La principal dificultad del programa de emergencia social es que sus ayudas están sujetas a la ley de subvenciones, lo que impide que puedan beneficiarse de ellas personas que, a causa de sus graves dificultades económicas, arrastran deudas con la Administración. Para esos casos el Ayuntamiento dispone del programa A Flote, de la Fundación Emalcsa, a través del cual se ditribuyeron 429 ayudas durante año pasado, con una inversión total superior a los 208.000 euros.
Fue desalojado de su casa en el 2017 y ahora pasa noches en su vehículo
Alfredo Costas y otros miembros de su familia fueron desalojados en el 2017 de la casa en la que vivían, situada en el primer piso del número 73 de la calle San Vicente. Alfredo considera que el desahucio fue «ilegal» por diversos motivos, y destaca que ni siquiera les dejaron sacar sus cosas de la vivienda. El piso pasó a una entidad bancaria que trató de venderlo al Ayuntamiento durante el mandato anterior, en el marco del plan de compra de vivienda para uso social que puso en marcha la Marea. Alfredo informó al anterior gobierno local de la situación del piso. La operación nunca llegó a completarse. En la actualidad aún reclama el derecho a recuperar la vivienda. Afirma que pasa noches en su coche, aunque por ahora no se ha puesto en contacto con el actual gobierno local.