El gobierno local multará a Albada con 1.500 euros al día si incumple su contrato

El Ayuntamiento exige a la gestora de Nostián que siga tratando la basura de la comarca desde enero, lo que evitaría 39 despidos


a Coruña / La voz

El Ayuntamiento movió ayer ficha en el conflicto jurídico y laboral que atenaza la planta de Nostián, donde se tratan los residuos generados por los vecinos de A Coruña y los ayuntamientos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, agrupados en el Consorcio As Mariñas.

El gobierno local ha enviado un requerimiento, firmado por el concejal de Facenda, José Manuel Lage, a la gestora de las instalaciones, la empresa Albada, del grupo Urbaser, en la que le exige que continúe tratando los residuos que generan los concellos limítrofes a partir del 1 de enero.

En caso de que no sea así, el Ayuntamiento considerará que está incurriendo en un incumplimiento muy grave del contrato, por lo que impondrá multas de hasta 3.000 euros cada dos días consecutivos a la compañía.

La imposición de las sanciones, no exigirá «ningún nuevo requerimiento ni advertencia».

La imposición de esas penalidades, señala el documento, se producirá sin perjuicio de «la correspondiente indemnización» por daños que se le pueda exigir a la compañía, además de la incautación de la garantía económica que depositó cuando se hizo cargo de gestionar la planta.

El escrito también subraya que el mayor importe a pagar por el Ayuntamiento de A Coruña como consecuencia de una eventual subida del canon se incluirá entre los daños y perjuicios que podría reclamar a la empresa.

El escrito es la reacción del Ayuntamiento a la crisis abierta en la planta a raíz del fin de contrato de gestión, cuya renovación no fue iniciada por el anterior gobierno local de la Marea.

Según el contrato vigente, el servicio quedaría prorrogado hasta que finalice el proceso para adjudicarlo de nuevo. Pero Albada entiende que esa prórroga no es aplicable a los ayuntamientos del Consorcio. Por ese motivo ha anunciado que a partir del 1 de enero no tratará la basura que generan y, de acuerdo a la bajada de producción, pondrá en marcha una regulación de empleo que dejará sin trabajo a 39 operarios durante dos años.

Esa regulación, que también afectaría al menos a 20 empleados eventuales, ha sido considerada ilegal por el comité de empresa, que ha convocado concentraciones y una huelga a partir del próximo 8 de diciembre.

El Consorcio As Mariñas considera que la decisión de excluirle de la planta es ilegal. En un requerimiento dirigido a Albada, esa entidad advierte que recurrirá a los juzgados y exigirá incluso responsabilidades penales si se impide que trate la basura en Nostián. El escrito del Ayuntamiento refuerza la postura de la institución y señala que la empresa «no puede unilateralmente dejar de prestar el servicio».

La postura municipal ante la regulación de empleo

Una evidencia de la «voluntad» de la empresa de ignorar sus obligaciones

El requerimiento señala que tanto el escrito dirigido por Albada al Consorcio As Mariñas el 25 de octubre, en el que le anuncia que dejará de tratar su basura, como el inicio del expediente de regulación temporal de empleo «evidencian una voluntad intencionada de incumplir de forma flagrante sus obligaciones contractuales». El requerimiento subraya además que el recorte de puestos de trabajo es una «consecuencia directa» de la decisión de Albada de no prestar el servicio al Consorcio.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, reiteró además su rechazo a esas decisiones. Fontán insistió en que la empresa «debe cumplir las obligaciones recogidas en el contrato que ella misma firmó», y subrayó que debe hacerlo «sin tratar de imponer condiciones al Ayuntamiento».

El BNG reclama a la alcaldesa la gestión directa

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, dirigirá una pregunta al gobierno local en el próximo pleno para que aclare su política sobre la planta de Nostián. Jorquera reclamó a la alcaldesa, Inés Rey, que se ponga al frente de la crisis para evitar el despido de 39 trabajadores de las instalaciones. Para evitar ese recorte de empleo, el portavoz nacionalista planteó que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión directa de las instalaciones. A su juicio, el conflicto evidencia «a pesada hipoteca» que se deriva del hecho de que «servizos de titularidade pública estean xestionados por grandes conglomerados empresariais privados».

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