Comienza el pago de los 12 millones pendientes de las expropiaciones del castro de Elviña

El gobierno local plantea a Hacienda usar 6,2 millones del 2018 para las compensaciones


A Coruña

El Ayuntamiento empezará hoy a pagar su millonaria deuda con los vecinos de Elviña, a los que debe más de 12 millones de euros por las expropiaciones aprobadas entre el 2001 y el 2005 con el fin de proteger el castro de Elviña.

La junta de gobierno local, reunida una vez más en este mandato de forma extraordinaria y urgente, aprobará hoy tres modificaciones en el presupuesto. Una de ellas es un cambio menor, que afecta a una partida de apenas 20.000 euros de subvenciones. Las otras dos sí están relacionadas con las indemnizaciones.

Por una parte se destinarán 453.265 euros del remanente líquido de tesorería para iniciar el pago de las expropiaciones. Esos fondos están disponibles y no se requiere autorización de otros organismos para su uso, por lo que el abono de esa cantidad a los afectados está asegurado.

Más dudoso es el futuro del segundo modificativo, que afecta a más de 11 millones de euros de superávit del 2018. Una parte de esos fondos, que el anterior gobierno dejó sin ejecutar, tendrá que destinarse al pago de obligaciones. Restarán 6,1 millones, a los que el gobierno local prevé sumar otros 131.000 euros del remanente de tesorería para afrontar el abono de las indemnizaciones del castro de Elviña.

Esa operación está pendiente del visto bueno de Hacienda, al que el gobierno local ha enviado una consulta al respecto. En caso de que la respuesta del ministerio sea negativa, los 6,2 millones también tendrán que ser destinados a pagar deuda bancaria.

La consulta es necesaria porque la sentencia judicial que obliga al pago de las indemnizaciones adquirió firmeza el pasado 7 de febrero, después de que se produjese el superávit. A la espera de que se anuncie el resultado de la consulta, las negociaciones que el concejal de Facenda, José Manuel Lage, inició hace ya meses con el ministerio sí tendrán un efecto, ya que en el 2020 será posible utilizar el superávit de este año para abonar indemnizaciones judiciales, señalaron fuentes del Ayuntamiento.

Más fondos para inversiones

Aunque en apariencia se trata tan solo de un asunto contable, la decisión tendrá un impacto en las finanzas municipales, subrayan desde el gobierno local. El motivo es que el Ayuntamiento no tendrá que abonar las compensaciones a través del presupuesto ordinario, como se hacía hasta ahora, lo que reducía los fondos para obras e inversiones. Esa mejora, señalaron las mismas fuentes, se podrá aplicar ya en los presupuestos del próximo año.

Años para ser compensados

El pago de las indemnizaciones de Elviña durante los próximos años pondrá fin a uno de los contenciosos urbanísticos más importantes que afrontaba el Ayuntamiento, que entre el 2001 y el 2005 se hizo con 134 parcelas que sumaban 240.000 metros cuadrados. La valoración de esos terrenos fue errónea, y los propietarios pleitearon para que se les pagase el precio correcto. El auto que dio firmeza a las sentencias que les daban la razón se emitió el pasado 7 de febrero, pero el caso no se conoció hasta marzo, cuando los letrados de los afectados reclamaron los fondos y acusaron al anterior gobierno local de ocultar la decisión judicial.

Una vía alternativa para no entregar a la banca los fondos que no pudieron ser invertidos

A finales del 2018, el anterior gobierno local anunció inversiones por casi 15 millones de euros con cargo al superávit del año anterior. El anuncio se frustró y ocasionó una crisis política al ejecutivo de la Marea, que tuvo que dedicar esos fondos a liquidar deuda con la banca porque había sido incapaz de pagar en plazo las facturas municipales.

El actual gobierno local ha planteado una alternativa para evitar que ese escenario se repita. La propuesta de pagar las indemnizaciones judiciales con el remanente preservará los fondos para obras e inversiones. Además, mejorará las finanzas municipales, ya que las deudas judiciales tienen un interés del 3 %, muy superior al de los préstamos bancarios que rondan el 0,7 %.

Sin embargo, el problema de fondo permanece. El Ayuntamiento no está pagando sus facturas en fecha, lo que impide que la totalidad del superávit, 11 millones, pueda ser utilizado en inversiones sostenibles. En septiembre, María Pita abonó sus facturas en casi 36,5 días, cuando el margen legal es de 30 días. El problema viene de atrás. Cuando se confirmó que se perderían los 15 millones de euros en inversiones, el pasado diciembre, María Pita llevaba ocho meses seguidos incumpliendo esa normativa. Solo se ajustó a ella entre ese mes y enero, ya que a partir de febrero de este año el margen legal volvió a ser vulnerado de forma sistemática. De hecho, los 36,5 días alcanzados en septiembre suponen el mejor registro desde febrero, ya que desde entonces siempre se superó esa cantidad.

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