Los concellos con riesgo financiero podrán dedicar toda su cuota a amortizar deuda
25 oct 2019 . Actualizado a las 20:38 h.El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó las bases reguladoras del Plan Único 2020 que distribuirá una primera partida de 47,2 millones de euros entre los ayuntamientos de la provincia. El punto se aprobó con el voto a favor de todas las fuerzas salvo el Partido Popular, que se abstuvo.
Desde el ente provincial apuntan que la cantidad se irá incrementando a lo largo del próximo ejercicio «coa incorporación de remanentes», si bien esta cantidad inicial «xa permite aos 93 concellos da provincia planificar os seus orzamentos municipais e investimentos de cara ao vindeiro ano».
El Plan Único, creado en el 2017 por el gobierno de Valentín González Formoso, unifica los antiguos planes de inversión de la Diputación y 11 líneas de subvenciones en una única convocatoria anual, permitiendo a los concellos «non só unha mellor planificación, senón maior axilidade na tramitación, máis autonomía local para decidir en qué invisten os fondos provinciais e total transparencia na asignación de recursos».
Una de las novedades de las bases de este año es que los municipios en situación de riesgo financiero (con una deuda superior al 200 % de sus ingresos corrientes) podrán dedicar a sus gastos convencionales la totalidad de la asignación provincial, a excepción de los fondos de préstamos, que solo se pueden dedicar a inversión o amortización de deuda. Los concellos tienen de plazo hasta el 19 de diciembre para solicitar los proyectos que quieran financiar con el POS+2020.
En los últimos tres años, este programa de inversión ha permitido la realización de 1.697 obras, ha permitido amortizar deuda por valor de 10,7 millones de euros de deuda con los bancos y pagar a proveedores por importe de 7,8 millones, según explicó el portavoz del gobierno provincial, el diputado socialista y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, quien considera que el Plan Único ya comienza a dejar huella en la provincia. «Dende a súa creación, as peticións para amortización de débeda diminuíron nun 77 %, mentres que as partidas para pagos a provedores baixaron un 65 %», señala. Las obras pasan de 509 en el 2017 a más de 700 el año pasado.
El Partido Popular, a través de su portavoz, Evaristo Ben Otero, pidió que se elimine la burocracia «na maior medida posible», y que las bajas de las licitaciones de las obras sean gestionadas directamente por los concellos. Una vez más, el PP realizó un ejercicio de comparación con los tiempos de la presidencia de Diego Calvo, y su portavoz señaló que los fondos de reducción de deuda ya existían antes de llegar González Formoso a la Diputación y se llamaban Plan de Aforro e Investimento (PAI).