María Pita paga tres millones a Tranvías y ahorra 300.000 euros en intereses de deuda

La Compañía de Tranvías ha presentado un escrito en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña en el que desiste del recurso que había presentado contra el Ayuntamiento, en el que le reclamaba más de tres millones de euros por las compensaciones del bonobús desde el mes de noviembre del 2017 hasta abril del 2018.

La deuda del Ayuntamiento con la gestora del transporte público ascendía a 3.023.450 euros, correspondientes a las compensaciones del bonobús de los últimos meses del 2017 y del 2018.

Según el escrito, el Ayuntamiento compensó esa deuda el pasado 23 de septiembre, a través de transferencias bancarias.

En su recurso, la empresa había solicitado el pago de los intereses de la deuda, que según estima el concejal de Facenda, José Manuel Lage, ascenderían a cerca de 300.000 euros. Lage subrayó que la línea que está siguiendo el gobierno local pasa por «resolver conflictos e evitar costes futuros ao Concello».

Por su parte, en su escrito a los juzgados, la Compañía de Tranvías afirma que «renuncia a la petición de intereses por el retraso en el pago de las facturas». La firma tomó esa decisión «en aras a acreditar la mejor voluntad» de la compañía «para solucionar cuantos conflictos han surgido en la interpretación y ejecución de los contratos que le vinculan con el Concello de A Coruña».

Todavía quedan otros dos enfrentamientos judiciales entre el Ayuntamiento y la Compañía de Tranvías. Esos conflictos estallaron con el anterior gobierno de la Marea Atlántica, que mantuvo varios enfrentamientos con la empresa del transporte público.

El pago de la deuda por las subvenciones al bonobús de finales del 2017 y el 2018 cierra uno de esos conflictos, pero quedan otros tres abiertos y es más complicado que, como en este caso, se resuelvan mediante acuerdos.

El tranvía turístico

En uno de los recursos, la compañía exige al Ayuntamiento que le compense el mantenimiento de la infraestructura del tranvía turístico desde el 2011, cuando dejó de funcionar por orden del gobierno local, entonces del PP. La empresa reclama el pago de 500.000 euros por ese servicio.

Ese procedimiento, como el de la deuda por los impagos del 2017 y el 2018, se inició este año, después de que las relaciones entre la Compañía de Tranvías y el Ayuntamiento se deteriorasen a lo largo del mandato anterior.

El choque por el contrato

De hecho el pleito más complejo que abordan el consistorio y la empresa se refiere a la duración de la concesión del transporte público. El gobierno anterior afirmaba que el contrato debía terminar en el 2016, mientras que la compañía defendió que finaliza en el 2024, de acuerdo a las cláusulas del contrato original.

Los argumentos del anterior gobierno local partían de la nueva legislación europea. Como consecuencia, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña elevó el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Todavía no hay una resolución definitiva, pero las preliminares favorecen a la Compañía de Tranvías, ya que un informe del abogado general de la UE en un caso similar al de A Coruña ocurrido en Italia respaldaba de manera indirecta sus argumentos.

Ese conflicto envenenó las relaciones entre el gobierno de la Marea y la compañía coruñesa, a la que sorprendió tanto el fondo de la reclamación municipal como las formas, ya que se anunció sin previo aviso en el acto de presentación de nuevos autobuses.

El conflicto por la tarifa

La relación aún se tensó más a principios de este año, cuando el anterior gobierno local aplicó de forma unilateral una bajada de la tarifa del bus. La concesionaria mostró su disconformidad con esa medida de inmediato, ya que el precio de los billetes, según argumentó, está recogido en los contratos que regulan la concesión. El gobierno local anterior admitió que su decisión era unilateral, y no descartó que hubiese que compensar a la empresa, pero siguió adelante con la rebaja, que la compañía llevó a los tribunales a principios de este año.

La reacción de la empresa

En los meses siguientes, la empresa abrió las otras dos batallas judiciales antes mencionadas, referentes al mantenimiento del tranvía turístico y a los impagos del bonobús en el 2017 y el 2018.

La decisión del actual gobierno local de pagar la deuda por esos ejercicios, plasmada en la aprobación de un cambio presupuestario impulsado por el concejal de Facenda, José Manuel Lage, el pasado mes de julio, supondrá una reducción de la conflictividad judicial y, de acuerdo al escrito de la Compañía de Tranvías, corrobora la voluntad de las partes de solucionar los enfrentamientos iniciados por el anterior gobierno local mediante el  acuerdo.

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