La Marea licitó sin publicidad las bibliotecas a tres días de las elecciones

El Tribunal Administrativo de Galicia advirtió irregularidades y el proceso se anuló


A Coruña

La gestión de las bibliotecas ha abierto el conflicto público más destacado entre el gobierno local del PSOE y sus predecesores de la Marea en lo que va de mandato. Los socialistas acordaron dejar sin efecto el encargo a la empresa municipal Emvsa de hacerse cargo del servicio. La alcaldesa, Inés Rey, explicó que su objetivo de facilitar la licitación de un nuevo contrato, ya que el servicio de bibliotecas se presta de forma irregular desde el 31 de enero. La Marea les acusa de «paralizar» su remunicipalización -un planteamiento que el secretario del Ayuntamiento rechaza porque ya son municipales-. Sin embargo, elproceso ya estaba embarrancado antes de la decisión del PSOE. El consejo de administración de Emvsa rechazó en mayo el plan de remunicipalización del anterior gobierno local, que vio ilegal. La Marea decidió licitar el contrato, pero lo hizo de forma irregular y el proceso fue anulado por el Tribunal Administrativo de Galicia.

La remunicipalización

Prevista para hace tres años. El 10 de junio del 2016, el anterior gobierno de la Marea anunció la remunicipalización»del servicio de bibliotecas. Afirmó que el proceso estaría listo antes del 2017 y que permitiría ahorrar «532.090 euros» al año. Esa cifra contrasta con los informes de los técnicos municipales, que no han descartado que el servicios pueda salir incluso más caro, o con la postura actual de la Marea, que reduce el ahorro a «300.000 euros». Más allá de las dudas sobre los beneficios económicos de la «remunicipalización», el plazo anunciado por el exalcalde en el 2016 para aplicarla nunca se cumplió. El servicio pasó meses sin contrato, en situación precaria y financiado con facturas irregulares legalizadas por el alcalde o el pleno.

En agosto del 2017 se anunció la licitación de un contrato para dar tiempo a que Emvsa se hiciese cargo del servicio. Ese paso debió darse el pasado 1 de abril, pero ese plazo tampoco se cumplió y las bibliotecas volvieron a quedar en precario, ya que el contrato puente acabó el 31 de enero.

Esa situación tuvo consecuencias en mayo, cuando las nóminas de los trabajadores se retrasaron más de una semana. Llegaron a convocar una huelga, que se anuló cuando el Ayuntamiento aceleró el pago de las facturas que adeudaba a la empresa gestora.

Los técnicos y jurídicos

La mayoría, en contra. La portavoz de la Marea, María García, instó el lunes a los socialistas a ignorar el informe del secretario municipal, que es contrario a la remunicipalización. García aseguró que es el único informe contrario, y lo contrapuso al del oficial mayor y al de la anterior directora de la asesoría jurídica, que serían favorables al plan.

Pero García olvidó el criterio de otros técnicos y organismos jurídicos. El 25 de abril, el interventor municipal planteó un reparo de legalidad contra la municipalización. Advertía que el trámite era irregular y que si el expediente seguía adelante serían responsables únicos el servicio gestor y la junta de gobierno.

En mayo, en el consejo de administración de Emvsa, el secretario reiteró su informe contrario. En la sesión se adjuntó además otro informe de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Economía y Hacienda, emitido a solicitud de Emvsa, que también planteaba dudas legales al proceso.

El contrato fallido

A una empresa privada. Ante esos informes, el consejo de administración de Emvsa rechazó el plan de la Marea, que lejos de admitir algún error en su planteamiento culpó a la oposición. A continuación, el 24 de mayo, a tres días de las elecciones municipales, licitó de nuevo la contratación del servicio a una empresa privada mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

El contrato superaba los 1,3 millones de euros, por lo que ese procedimiento -mucho menos garantista que el abierto- solo se podría utilizar si existía una causa de imperiosa urgencia. La anterior directora de la asesoría jurídica argumentó que esa causa existía porque era «imprevisible» que el consejo de administración de Emvsa rechazase el plan del gobierno local. El trámite fue recurrido ante el Tribunal Administrativo de Galicia, que rechazó toda la argumentación del gobierno local. Como resultado, la licitación tuvo que ser anulada.

El futuro

Próxima licitación. El nuevo gobierno ha tenido que retomar ese trámite. Antes ha anulado la encomienda a Emvsa -ya rechazada por esa entidad- para evitar posibles problemas jurídicos.

El objetivo del PSOE, insistió la alcaldesa, es garantizar la calidad del servicio y la continuidad de sus 60 trabajadores ya que, aunque la Marea asegura ahora que podrían ser subrogados a Emvsa, tanto el secretario municipal como la Dirección General de Función Pública consideran que deberían pasar un proceso selectivo, y el propio ejecutivo anterior lo admitió en varios escritos.

Los demás grupos

Apoyo con matices. El PP reprochó al PSOE haber facilitado en el anterior mandato el «engaño» de la Marea a los trabajadores, y que no haya tramitado ya el nuevo contrato. El BNG apoyó la licitación del nuevo contrato como una vía para normalizar el servicio de cara a su gestión directa por el Ayuntamiento.

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