Las 5.000 toneladas de rechazos de Nostián abren una crisis con la Xunta

Fontán exige al Gobierno gallego que retire su ultimátum y facilite una solución


A Coruña

La pesada herencia del mandato anterior que afronta el departamento municipal de Medio Ambiente empieza a materializarse en urgencias y conflictos. La planta de Nostián acumula más de 5.000 toneladas de rechazos -residuos que no han podido ser recuperados-, y el lunes la Xunta advirtió al Ayuntamiento y a la gestora de las instalaciones, Albada, de multas graves por un «delito medioambiental» si los rechazos no han sido retirados antes del día 28, según anunció la conselleira Ángeles Vázquez.

Por su parte, el gobierno local reclama a la Xunta tiempo y facilidades para encontrar una solución a corto y medio plazo. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que este martes visitó la planta, señaló que Nostián aún tiene espacio de almacenamiento disponible y que los técnicos municipales han tomado medidas ante posibles contingencias. También lamentó que la Xunta use un tono «alarmista» hablando de «delito medioambiental».

El conflicto viene del mandato anterior. El 22 de abril, el departamento que dirige Vázquez, prohibió a Albada llevar los rechazos de Nostián al vertedero de Grixoa, en Santiago. Esa decisión obligó a la empresa a hacer acopio de esos desperdicios en sus instalaciones, mientras se negociaba un precio con otra instalación que no sobrecargase la economía de la planta coruñesa.

Esas conversaciones no han tenido éxito hasta ahora. Según fuentes del sector, las gestoras de residuos saben que Albada tiene pocas alternativas en Galicia y que el tiempo corre en su contra.

La alternativa autonómica

La salida más probable pasa por Sogama, la gestora de residuos creada en 1992 por la Xunta, pero su tarifa es más elevada y el Ayuntamiento quiere negociarla.

Desde hace una década, el Gobierno gallego ha tratado de centralizar la gestión de residuos en la planta de Cerceda, a la que en la actualidad acuden más de 200 concellos gallegos. Entre la excepción figuran los ayuntamiento de A Coruña y su entorno que, con la excepción de Arteixo, utilizan las instalaciones de Nostián.

La planta coruñesa fue proyectada después del desastre del vertedero de Bens de 1996, y sigue un modelo opuesto al de Sogama. Mientras que las instalaciones autonómicas optaron por la incineración de la basura, en Nostián se apostó por la revalorización de los residuos, es decir por intentar reciclarlos o darles un segundo uso, siguiendo la pauta de distintas instalaciones europeas.

Fontán no descartó que la solución a la crisis actual pueda pasar por llevar las 5.000 toneladas de rechazos a Sogama, pero insistió en que el actual gobierno «apuesta y va a seguir apostando por el modelo de Nostián».

La concejala señala que la planta coruñesa aún tiene margen de mejora, tanto a través de la reforma de las instalaciones -para lo que podrá aprovecharse la renovación del contrato de concesión- como con un aumento de la separación en origen. Según señala, apenas el 25 % de los ciudadanos separan bien los residuos que generan sus hogares; un porcentaje que el nuevo gobierno municipal prevé mejorar mediante la puesta en marcha de campañas de sensibilización.

Análisis | Una herencia envenenada con trazas de campo de batalla político

El área municipal de Medio Ambiente gestiona los dos servicios más importantes del Ayuntamiento: la limpieza viaria y la recogida de basura, que cuestan más de diez millones de euros anuales cada uno. Los dos se prestan sin contrato. La limpieza desde el pasado verano, la recogida desde enero del 2017. El gobierno local anterior no los renovó a tiempo, y los pliegos que licitó poco antes de las elecciones han sido objeto de enmiendas y recursos. De hecho, el de recogida de basuras está parado a la espera de resolución.

Esa situación precaria ha causado problemas contables al Ayuntamiento, y ha restado efectividad a ambos servicios.

A esos problemas se suman los de la planta de Nostián, cuyo contrato debe renovarse el 31 de diciembre, y que está pendiente de la resolución de conflictos como el sellado de su vertedero. La nueva concejala, Esther Fontán, señala que se revisarán los pliegos que dejó el anterior gobierno local, intentando que no se retrase la nueva adjudicación.

Solo con esos conflictos, quedan otros en el tintero, su departamento ya afronta una gestión complicada. Tan compleja que tiene todas las trazas para convertirse en el gran campo de batalla político del mandato. De hecho, todo indica que los partidos de la oposición van a centrar gran parte de su esfuerzo en esa área. Es el caso del PP, que ha situado a Roberto Rodríguez, persona de la máxima confianza de Beatriz Mato, para hacer seguimiento directo de Medio Ambiente. También de la Marea, cuya portavoz, María García, fue la anterior responsable de esa área.

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