El Ayuntamiento de A Coruña solo pagó a tiempo sus facturas dos meses del último año

Más de las mitad de las licencias de obra concedidas el jueves se pidieron en el 2018


A Coruña

La primera mitad del mandato municipal, desde el verano del 2015 al del 2017, estuvo marcada por las críticas de ciudadanos y constructores por la lentitud en el trámite de las licencias urbanísticas. Baste un ejemplo, de los 30 trámites urbanísticos que pasaron por la junta de gobierno en abril del 2017, solo cuatro se habían iniciado en ese mismo año.

Aquel mismo abril, el ejecutivo local puso en marcha una reforma de sus competencias internas. Uno de los principales cambios fue que las licencias dejaron de ser competencia de la junta de gobierno, en la que está representada la oposición, y pasaron a ser responsabilidad del edil de Urbanismo, siempre que no alcanzasen los 1,2 millones de euros.

La modificación supuso que los demás partidos dejasen de tener acceso a los expedientes, y la información general sobre la concesión de licencias se redujo a un informe elaborado por la concejalía con datos básicos que se presenta cada 15 días a la junta de gobierno. Desde entonces las criticas amainaron, o más bien se transformaron en acusaciones de falta de transparencia.

Sin embargo, los datos publicados indican que la gestión de licencias mejoró en la segunda mitad del mandato. El informe presentado en la última junta de gobierno, celebrada el pasado jueves, recoge la tramitación de 34 licencias entre el 14 y el 27 de mayo, 19 eran del 2018, dos del 2017 y una del 2003. Las demás fueron solicitadas en este año, lo que podría indicar una cierta mejora con respecto a abril del 2017.

Es difícil saberlo con precisión, ya que los balances de gestión del Ayuntamiento no incluyen una estadística del tiempo medio que se tardan en conceder esos y otros permisos que requieren unos trámites más complejos.

Sí existen otras estadísticas que confirman las dificultades administrativas que afrontan los ciudadanos y las empresas. Una de ellas es la de pago a proveedores, que debe ser remitida de forma mensual al Gobierno central. Según sus propios datos, durante el último año el Ayuntamiento solo pagó dentro de plazo durante dos meses: diciembre y enero.

Ese retraso tuvo consecuencias para las propias arcas municipales, ya que el gobierno local, de acuerdo a la normativa estatal, tuvo que dedicar 15 millones de euros de remanente del 2017 a pagar deudas con la banca, aunque tenía previsto dedicarlos a obras y reformas en los barrios. Claro que también tiene consecuencias para las empresas, que tardan más en ser compensadas por los servicios que prestan.

Según fuentes municipales, la demora puede atribuirse a la existencia de servicios sin contrato, como la recogida de basuras o la limpieza viaria, lo que obliga a hacer más trámites para pagar las facturas de forma legal.

El PSOE se ha comprometido a acelerar los trámites administrativos. Uno de los puntos de su programa electoral incluye promover «la implantación progresiva de las licencias exprés y la ventanilla única», con el fin de acelerar los trámites que afrontan los ciudadanos. Los socialistas también se han comprometido a resolver los problemas contractuales y de funcionamiento de los servicios municipales, lo que debería repercutir en la velocidad de pago de las facturas.

Los ciudadanos esperan 24 días por una cita con una trabajadora social

Según la memoria de gestión del 2017, la última publicada, la lista de espera para entrevistarse con una trabajadora social municipal es de 24 días. Esa cifra supone una importante mejora con respecto a los más de 70 días que era preciso esperar en el 2015. La mejora de esa estadística ha sido destacada por el gobierno saliente de la Marea Atlántica como una prueba de su compromiso con la mejora de los servicios sociales.

La citada memoria de gestión ofrece más datos. La Oficina Municipal de Información ao Consumo (OMIC) tramitó en el 2017 más de un millar de reclamaciones de ciudadanos, más de la mitad se habían resuelto en un plazo inferior a sesenta días.

Aún mayor es la efectividad de la oficina de objetos perdidos, que según la memoria localizó o devolvió dentro de un plazo de dos a cuatro días el 97 % de los más 3.000 objetos encontrados que contenían algún tipo de documentación perteneciente a sus propietarios. Además se gestionaron otros 5.350 objetos no documentados.

La calle opina

«Funciona bien, pero podría haber más oficinas»

Carolina Buergo vive en Os Castros. Acude a hacer los trámites al Fórum, «que funciona genial», aunque vería bien ampliar la red de oficinas municipales en otros puntos de la ciudad. Es más crítica con Emalcsa, ya que los problemas de turbidez del agua en esa zona afectaron al termo que usan en su domicilio: «Reclamamos y reclamamos, pero nada».

«Os trámites van máis lixeiros ca noutros concellos»

Rafael Añón es informático. Fue vecino de Coristanco y Carballo antes de venir a A Coruña. Dice que los trámites «van máis lixeiros aquí». Las gestiones para empadronarse le llevaron «dez ou quince minutos como moito», y recuerda que el 010 y los funcionarios le ayudaron a resolver un problema con el Catastro por un garaje.

«Chamar chamo, pero moito caso non fan»

Gerardo Rodríguez está retirado. Tuvo un problema de ruidos con un establecimiento que abrió debajo de su casa y llamó al Ayuntamiento para que lo resolviesen: «Chamar chamo, pero moito caso non fan». Cree que hacen falta más profesionalidad en la política: «Non están os mellores, están os que saben como recoller máis votos».

«Creo que de forma general funciona bien»

Ana Paz cree «de forma general» la Administración municipal «funciona bien» en cuanto a trámites de los ciudadanos. Esta vecina de Cuatro Caminos cuenta que ha gestionado comunicaciones previas sin problemas, y destaca el funcionamiento del 010. Su principal crítica es que el bacheado de las calles «iba más rápido antes».

«Tienen que buscar otra forma de trabajar»

Joaquín Formoso está jubilado y vive en la zona de Cuatro Caminos. Afirma que el Ayuntamiento «tiene que buscar otra forma de trabajar» para garantizar que no se malgasta el tiempo y el dinero de los ciudadanos. Es muy crítico con la situación del urbanismo y de las infraestructuras de la ciudad: «Está todo muy parado», denuncia.

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