Los delitos sexuales cometidos por menores en la provincia se duplican

Alberto Mahía A CORUÑA

A CORUÑA

SANDRA ALONSO

Pese a un descenso de procesados, se pasó de 6 casos de violencia de género en el 2017 a 30 el año pasado

03 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La memoria de la Fiscalía de Galicia recoge los delitos cometidos por menores el año pasado en la provincia coruñesa. Y de ella se desprenden dos cosas. Una buena y otra muy mala. Lo mejor es que ha descendido el número de adolescentes llevados ante un juez y que se cometieron menos infracciones que en el 2017. Pese a todo, y esto es lo peor, se han multiplicado los delitos sexuales y los de violencia familiar y machista.

La Fiscalía Superior de Galicia, no obstante, ve avances importantes en cuanto a una sustancial disminución de delitos y delincuentes. Porque «un total de 240 menores de idade foron intervidos xudicialmente na provincia da Coruña, o que supuxo un descenso do 8,75% con respecto ao ano 2017 (261 menores intervidos). Tamén baixou o número de infraccións penais cometidas por menores, que pasaron de 1.212 no 2017 a 1.177 no 2018, é dicir, un -2,9%».

Son los titulares que ofrecieron el mes pasado los fiscales especialistas en menores tras reunirse con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. Ahí abordaron la situación actual de los menores en Galicia y analizaron diferentes cuestiones organizativas y de unidad de actuación de la Fiscalía «con el objetivo de asegurar la aplicación de criterios coherentes y uniformes en materia de protección de menores y de garantías en el proceso penal».

Inferiores a la media española

En la provincia coruñesa, el año pasado se registraron 29 delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. El doble que en el 2017. Desde la Fiscalía Superior de Galicia, preocupados por el aumento, quieren recordar que «pese al significativo aumento de infracciones de violencia sexual o en el entorno familiar, el número sigue siendo muy bajo, muy inferior a la media respecto a otras comunidades».

De los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, 10 fueron agresiones sexuales y 19 fueron abusos, cuando en el 2017 se registraron 6 y 8, respectivamente.

La violencia de género tampoco ofrece buenos resultados. Más bien, lo contrario. Si en el 2017 hubo 6 casos, el año pasado se produjeron 30.

Menos mal que descendieron los hurtos y las lesiones. Los robos bajaron en un año de 294 a 223. Y las agresiones con heridos también bajaron. De 264 incidencias a 185 el año pasado.

Según la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente al año pasado, en el total de Galicia, 616 menores fueron intervenidos judicialmente, lo que supuso un descenso del 7,8 % con respecto al año 2017. Sin embargo, se incrementaron en un 6,5 % el número de infracciones penales que fueron cometidas por menores, que pasaron de las 2.546 registradas en el 2017 a las 2.772 contabilizadas en el 2018. Mientras, se destaca la disminución de delitos de lesiones, que bajaron un 10,6 %, así como contra el patrimonio, un 18 %.

Un equipo de psicólogos ayuda a la Fiscalía a buscar la mejor medida de reinserción

En la reunión de los fiscales especialistas en menores celebrada en mayo se ha examinado el funcionamiento y la coordinación existente con los centros de protección y de reforma de menores, así como con los equipos técnicos que trabajan con los jóvenes.

También se ha acordado reforzar la presencia de la Fiscalía en el Observatorio Galego da Familia e a Infancia con el nombramiento de un fiscal que se integrará en el citado órgano.

A la reunión con Fernando Suanzes asistieron la fiscala delegada de la provincia de Pontevedra, Encarnación Bullón; la de A Coruña, Beatriz Pacios; la de Lugo, Nuria Fernández, y el fiscal de menores de la provincia de Ourense, José Manuel Ucha.

Así funciona

En los procesos relacionados con menores las medidas que pide la Fiscalía están respaldadas por un equipo técnico del juzgado de menores que colabora con el fiscal en la investigación de los hechos. Este grupo está formado por psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas. Lo que hace es elaborar una propuesta orientativa, producto de un profundo análisis de las condiciones que rodean la realidad familiar y social del menor, además de aquellos que puedan ayudarle. «El informe es orientativo y no vinculante, pero la Fiscalía suele tener muy en cuenta lo que dice el equipo técnico», explican fuentes del ministerio público. Una vez que el juez ha dictado sentencia «aquí les hacemos una entrevista para determinar qué programas concretos de apoyo son los más adecuados».