El afín a la Marea a quien el consistorio compró dos pisos pugna en el juzgado para evitar que se anule la venta

La Voz A CORUÑA

A CORUÑA

MARCOS MÍGUEZ

Toni Lodeiro cobró por las viviendas vendidas 145.865 euros y no está de acuerdo en devolver el dinero que, argumenta, ya ha invertido en la compra de otro inmueble

31 may 2019 . Actualizado a las 09:27 h.

La junta de gobierno local tiene previsto aprobar este viernes el personamiento del Ayuntamiento en el proceso judicial abierto por Toni Lodeiro Zas contra la decisión municipal de anular la compra de dos pisos que se iban a destinar a vivienda social y que incumplían los requisitos del concurso.

El caso fue una de las grandes polémicas del actual mandato. El PP denunció desde el principio las irregularidades y el hecho de que de los seis pisos comprados para el plan de vivienda municipal, dos de ellos pertenecían al mismo vendedor, Lodeiro, una persona afín a la Marea. Durante semanas el gobierno local negó cualquier tipo de irregularidad y aseguró que las críticas a aquel plan se debían a una campaña en su contra.

Finalmente, los expedientes fueron remitidos al Consello Consultivo que determinó que había que anular las compras porque, tal y como argumentaba la oposición, los pisos no cumplían con los requisitos. En el caso de Lodeiro, uno carecía de una ventana cuando se exigía que todos los cuartos tuvieran luz natural, y otro ni siquiera daba la altura mínima para ser considerado vivienda.

El proceso de revisión derivó en que finalmente el gobierno local aceptara irregularidades en otros tres, con lo que el plan de vivienda del actual mandato se quedó reducido a la compra de un único piso.

Lodeiro, como otros propietarios, cobró por las viviendas vendidas (145.865 euros) y no está de acuerdo en devolver el dinero que, argumenta, ya ha invertido en la compra de otra vivienda.

Por otra parte, la misma junta de gobierno local aprobará el personamiento del Ayuntamiento en otra decena de procesos judiciales abiertos. Seis de ellos se corresponden a operaciones urbanísticas.

Hay además, otro pleito con Clece, una de las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio, y que reclama el pago de los intereses por el retraso en el pago de facturas por parte del consistorio. Otra empresa que prestó el servicio de conservación de los semáforos exige la devolución de un aval y una más denuncia su exclusión de un concurso público.