El personal de las bibliotecas irá a la huelga para reclamar su sueldo

No han cobrado la última nómina y el servicio está sin contrato desde el 1 de febrero


A Coruña

Los trabajadores de las bibliotecas municipales de A Coruña han aprobado por unanimidad convocar una huelga indefinida que arrancará el próximo día 20. Las causas de la protesta son varias, pero la gota que ha colmado el vaso es que la plantilla, formada por unos 60 trabajadores, no ha cobrado la última nómina.

La protestas se mantendrán mientas no perciban sus sueldos, y no se alcance un compromiso del Ayuntamiento y la empresa, LTM Bibliotecas, para continuar pagándolos «en tempo e forma».

El comité de empresa ha mostrado su «fonda preocupación» por el futuro de la plantilla. En un comunicado, el comité denuncia que los trabajadores están en una situación «precaria e de vulnerabilidade absoluta», ya que la empresa ha manifestado de forma «reiterada» su deseo de dejar el servicio, pero el Ayuntamiento no ha sacado el servicio a licitación, a pesar de que el contrato terminó el pasado 1 de febrero.

Esa situación se ha prolongado durante tres meses «sen que desde o goberno municipal se lle dea unha resolución axeitada», con el agravante de que ahora afecta al salario de los trabajadores.

El comité también subraya, «a menos dun mes das vindeiras eleccións municipais», su «profundo desencanto e malestar» por la «incapacidade manifesta do goberno municipal» para sacar adelante «de forma solvente, rigorosa e fiable» el proceso de internalización del servicio do que «fixo bandeira». Ese proceso, dicen, «alongouse ata o día de onte sen ofrecer en ningún momento garantías reais e prazos fiables para a súa resolución».

Los representantes de la plantilla recuerdan que «nos tres anos transcorridos desde o anuncio da internalización [que el gobierno local llama remunicipalización] foron innumerables os cambios de criterio, data, fórmula e metodoloxía para facer realidade esta promesa, con conseguinte desgaste, preocupación e desacougo que viviu neste tempo todo o cadro de persoal».

A la vista de esos antecedentes y de la «incapacidade do goberno para cumprir os compromisos que el mesmo comunica», como es el caso «da resolución do conflito económico coa empresa que permita efectuar o pago dos salarios», el comité considera que debe «esixir por responsabilidade, viabilidade e pragmatismo, unha solución con garantías e seguridade xurídica para o conxunto da plantilla».

Un contrato de emergencia

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció la licitación de un «contrato de urxencia» para garantizar que los trabajadores cobren sus nóminas. Desde el gobierno local señalaron que el pago de los salarios se ejecutará de forma «inminente», ya que habría sido «desbloqueado» por la empresa.

La oposición fue muy crítica con la gestión del gobierno local, que este mismo martes les acusó de haber paralizado el proceso de remunicipalización. Sin embargo, los demás grupos del pleno recordaron que tanto el secretario del Ayuntamiento como el interventor habían informado en contra de la internalización, al considerar que incumplía diversas normativas legales.

La candidata y la portavoz municipal del PP, Beatriz Mato y Rosa Gallego, acusaron al gobierno local de haber «engañado» a los trabajadores, especialmente durante el último año, por lo que los populares consideran comprensible su enfado y que hayan iniciado protestas .La portavoz socialista, Yoya Neira, recordó los informes contrarios de los técnicos. Lo mismo hizo Avia Veira (BNG), que recordó que el asunto se llevó a trámite sin el informe del secretario. Los tres partidos reprocharon al gobierno local de haber puesto en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores.

Tras tres años de promesas rotas, el gobierno local culpa a la empresa y la oposición

En junio del 2016, el gobierno local anunció que «remunicipalizaría» las bibliotecas ese mismo año. No cumplió ese compromiso, ni todos los que hizo después. En febrero de este año, la gestión de esos centros debía estar en manos de la empresa municipal Emvsa. Tampoco cumplió, y el servicio volvió a quedar en precario, sin un contrato regulador, con el riesgo que esa situación conlleva para la plantilla. Durante tres meses, los trabajadores escucharon las llamadas a la prudencia de sus representantes, que les pidieron aguantar por si aún era posible salvar la «remunicipalización».

Pero el secretario municipal, el interventor y el responsable jurídico de Emvsa han advertido que el plan ofrece dudas de legalidad. El gobierno local, lejos de asumir los informes, esgrimió otros de su asesora jurídica -nombrada de forma discrecional por el alcalde- y del oficial mayor -nombrado en este mandato- para contrarrestar su opinión. No tuvieron éxito.

Las problemas jurídicos para el alcalde no son tal, «é cuestión de valentía» dijo. Pero si la decisión es ilegal, los miembros del consejo de administración de Emvsa responderían en persona y los operarios verían comprometido su futuro. Ferreiro no hizo autocrítica tras tres años de promesas rotas: culpó del fracaso a esa falta de valentía. Del impago de los sueldos, su gobierno señaló a la empresa y apuntó a posibles sanciones, aunque lleva tres meses sin contrato y ha pedido irse varias veces. No fue posible contactar con sus responsables.

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