Los vecinos denuncian destrozos causados por los inquilinos de un piso municipal
A CORUÑA CIUDAD
Es las única de las seis viviendas compradas en el concurso público cuya adquisición no presenta problemas de legalidad
25 abr 2019 . Actualizado a las 10:17 h.Los vecinos, reunidos en el portal, cuentan que los problemas empezaron en septiembre, cuando llegó una familia con «siete menores» a un apartamento de propiedad municipal de la calle Agra da Bragua. El patio de luces está cubierto por diversos desperdicios, y parte de las ventanas que lo comunican con las escaleras están rotas. Una de las residentes cuenta que limpió por la mañana la puerta de la calle, ya que afirma que habían embadurnado la cerradura con excrementos.
Los vecinos aseguran que nada de lo que ocurre es nuevo. La gestora que administra el edificio remitió la primera queja por escrito al servicio de Rehabilitación e Vivenda el pasado 28 de noviembre. Hacía referencia a «numerosas quejas» de los vecinos, por «continuos ruidos» y «comportamiento incívico» de los nuevos inquilinos, que «escupen por las escaleras», «tiraban basura al patio de luces», o «fueron los responsables de la rotura del cristal, así como de dos interruptores de las escaleras».
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El escrito solicitaba al Ayuntamiento que tomase medidas para que los nuevos residentes «depongan su actitud» y se «facilita la convivencia en el edificio».
El 10 de enero fueron los propios vecinos los que presentaron otro escrito de quejas en el registro, dirigido al mismo departamento y al de Xustiza Social e Coidados. Describe los «numerosos danos», acreditados mediante facturas, que sufrió el inmueble desde la entrada de la familia: «rotura de cristal do portal», «sucesivas desfeitas nas chaves de luz, tendo que avisar ao electricista o 19 de novembro e o 5 de decembro», averías en el telefonillo, manchas en el cañón de las escaleras o basura depositada en los patios comunes, que tuvieron que limpiar ellos mismos.
El 28 de febrero, enviaron un tercer escrito a las mismas concejalías. Incluía un reportaje fotográfico de la basura en los patios, y una factura de reparación del interruptor de la escalera que «os seus inquilinos [del Ayuntamiento] romperon tras unha discusión con outros veciños o día que se lles solicitou quedar coa xunta directiva para comprobar o estado dos patios, pois a comunidade xa está farta de aboar este tipo de gastos cando os responsables son sempre os mesmos».
Finalmente, el pasado 22 de abril pusieron una denuncia en la Policía Nacional porque entre los días 15 y 19 del mismo mes habían roto «todas las ventanas del rellano de la escalera, desde el portal del edificio hasta el cuarto piso». Señalaron además que «desde septiembre», cuando entró a vivir la familia, se viene produciendo «desperfectos en el edificio», y añadían que esos hechos «ya han sido comunicados en varias ocasiones al Ayuntamiento y a la asistenta social, si bien no les han dado ninguna solución por el momento, ni han abonado los desperfectos».
Una de las vecinas que acudió a la reunión explica que la semana pasada llamó a la Policía Local cuando oyó el ruido de la rotura de cristales, pero no acudió nadie. Al final, decidieron denunciar ante el Cuerpo Nacional. Algunos de los residentes, casi todos mujeres, que este miércoles se reunieron en el portal llevan más de 30 años en el edificio, conviven con otros residentes de origen africano o sudamericano sin dificultad. «Son muy educados», dicen cuando pasan dos vecinos negros. No ocurre lo mismo con la familia de acogida del Ayuntamiento que, según dicen, llegó al edificio procedente de Meicende, donde también se registraron problemas. Solo recuerdan unas dificultades similares a las actuales hace seis años, cuando el propietario del conflictivo bar King compró un piso para alquilar.
Única compra sin dudas legales
El piso de Agra da Bragua fue adquirido por el Ayuntamiento en diciembre del 2017, junto con otras cinco propiedades elegidas en un concurso de compra de vivienda para usos sociales en el que se invirtieron, en total, 383.000 euros. El apartamento costó 64.672 euros. Es un cuarto sin ascensor que no está sometido a ningún tipo de protección o catalogación. Es el único de los seis inmuebles adquiridos cuya compra no presenta dudas legales. El Consello Consultivo ya ha dictaminado que hay que revertir la compra de cuatro, entre ellos dos comprados a un firmante del manifiesto de la Marea, y el quinto está pendiente de un dictamen de esa institución.
Sobre los problemas vecinales, el Ayuntamiento dijo estar haciendo una «labor de mediación» entre vecinos y familia hacia una «adecuada convivencia».