La Marea plantea un banco de alquiler tras el fiasco de la compra de vivienda

El reglamento aún debe recibir el visto bueno de la junta de gobierno, ser aprobado inicialmente en el pleno, superar el trámite de alegaciones y volver al pleno, por lo que no entrará en vigor antes de las elecciones


A Coruña

El gobierno local anunció este lunes que la empresa municipal Emvsa «tomou coñecemento» del nuevo reglamento de un banco de alquiler de vivienda pública. El alcalde, Xulio Ferreiro, dijo que así se «garantirá que as veciñas nunha situación máis delicada teñan acceso a un inmoble digno».

El borrador del reglamento fue facilitado a los miembros del consejo de administración de la firma, pero a pesar de lo indicado por el gobierno local, esa entidad no tomó conocimiento del reglamento, al menos no desde el punto de vista legal. El motivo es que no tiene competencia para ello, porque antes debe ser aprobado por el pleno. Así lo denunció la portavoz de los populares, Rosa Gallego, que recordó que en el orden del día del consejo de administración no figuraba ningún punto sobre la toma de conocimiento de la normativa.

Para que el reglamento sea aplicable, antes debe recibir el visto bueno de la junta de gobierno, ser aprobado inicialmente en el pleno, superar el trámite de alegaciones y volver a pleno para recibir el plácet definitivo.

Esos trámites se alargarán durante meses, e impedirán que la citada normativa entre en vigor antes de las elecciones locales.

Los populares subrayaron que la proximidad de los comicios locales explica el anuncio del banco de alquiler, con el que la Marea «pretende vender humo» a un mes de la cita con las urnas.

No es solo que los trámites vayan a impedir la pronta entrada en vigor de la normativa, es que además «no hay ningún banco de viviendas que alquilar», denunciaron desde el PP. El Ayuntamiento no ha construido ninguna vivienda en todo el mandato y solo ha comprado una, un piso en la calle Agra da Bragua.

Esa propiedad es la única cuya adquisición no presenta dudas legales de las seis que se adquirieron mediante el polémico plan de compra de vivienda.

Esa iniciativa, lanzada a finales del 2016, fue presentada como la medida estrella del gobierno local para paliar las dificultades de los ciudadanos para acceder a un piso. Contaba con un presupuesto de 1,26 millones de euros, con los que se pensaban comprar 14 apartamentos y dos edificios. Al final solo se compraron seis pisos, pero la adquisición de cinco de ellos presenta dudas de legalidad, y el Consello Consultivo ya ha dictaminado que el gobierno local debe anular cuatro compras -la quinta está en trámite-. Entre las propiedades anuladas figuran dos que fueron ofertadas por un firmante del manifiesto de la Marea, al que la formación de Xulio Ferreiro agradeció de forma pública su ayuda cuando el partido daba sus primeros pasos. 

El polideportivo del Castrillón

El gobierno local también había anunciado que el consejo de administración de Emvsa tramitaría la licitación de la piscina del Castrillón, pero ese punto fue retirado del orden del día. El motivo es que el gobierno local no ha terminado el proyecto para construirlo, ni ha llevado a pleno para su aprobación definitiva el cambio presupuestario con el que se financiaría la obra, que costará unos dos millones de euros. Tanto el secretario municipal como el asesor jurídico de Emvsa -que calificó el asunto como una «ingeniería legal»- advirtieron de la irregularidad de esa situación, ya que el proyecto definitivo podría sufrir cambios y variar el coste de los trabajos.

Los grupos de la oposición reclamaron seguridad jurídica, y reprocharon al gobierno local que actuase de esta manera -«sin cumplir los trámites legales», señalaron desde el PP- una vez más por la proximidad de las elecciones locales.

El gobierno local vuelve a anunciar la gestión pública de las bibliotecas pero no la aprueba

En el 2016, el gobierno local anunció que ese mismo año se «municipalizarían» las bibliotecas. No cumplió ese compromiso y adjudicó su gestión de nuevo a una empresa privada. Ese contrato finalizó el pasado mes de febrero, y desde entonces el servicio se presta en situación irregular, un extremo que inquieta a parte de la plantilla, pero que por el momento no ha causado quejas públicas de sus representantes.

Según los anuncios del gobierno local, esa situación nunca se tendría que haber producido, porque el servicio tendría que haber sido «internalizado» al pasar sus trabajadores a Emvsa.

El último plazo que se dio para completar ese trámite fue el 1 de abril. Una vez más no se cumplió, y ayer el concejal de Culturas, José Manuel Sande, que ha renunciado a repetir en la lista electoral de la Marea, anunció que esa medida se aprobará antes de que finalice el mandato.

Este lunes podría haberse llevado el trámite al consejo de administración de Emvsa, pero no fue así. El plan del gobierno local pasa por llevar ahora el asunto a la junta de gobierno de la semana que viene, de forma que el resto de los trámites se desarrollarán en la campaña de las municipales.

Es muy probable que el asunto traiga polémica. Hay dudas legales de que los trabajadores pasen de una empresa privada a depender de una firma municipal sin superar, al menos por ahora, ninguna prueba. Esa es la promesa que les ha hecho el gobierno local, aunque en la última comisión admitió ante la oposición que tendrá que haber algún examen cuando la transferencia del personal sea definitiva.

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