El caso de la antigua sede de Fenosa se archivará si el Concello no se persona

El exconcejal que llevó el asunto al Tribunal de Cuentas pide al gobierno local que actúe


A Coruña

El Tribunal de Cuentas archivará esta semana la investigación que abrió a finales de febrero con el fin de determinar posibles responsabilidades en la urbanización de la antigua sede de Fenosa.

La institución, que es la máxima responsable de la fiscalización de la gestión económica del sector público, abrió su investigación a raíz de la denuncia de un exedil socialista, que advirtió de «posibles irregularidades en la gestión urbanística del Ayuntamiento de A Coruña relativas a la licencia» concedida en 1997 para rehabilitar ese inmueble.

Esa licencia fue ilegal, según distintas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo. De acuerdo a esos dictámenes, el edificio habría tenido que ser derribado para subsanar las irregularidades.

Sin embargo, tras dos décadas de proceso judicial, se alcanzó un acuerdo entre el particular que denunció la ilegalidad y el Ayuntamiento con el fin de evitar la demolición, que habría supuesto el pago de elevadas indemnizaciones -unos 60 millones según los últimos cálculos- a los 87 vecinos del citado inmueble.

El acuerdo se alcanzó a través de una mediación y prevé, entre otras medidas, el abono de una compensación de 2.975.000 al denunciante, indemnizaciones de entre 9.000 y 12.000 euros a los vecinos, y la construcción de 50 viviendas en el Ofimático por 1,5 millones. En total, unos seis millones de euros que recaerán sobre las arcas municipales.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas tenía el objetivo de determinar si alguno de los cargos políticos o técnicos que participaron en la concesión de la licencia declarada ilegal debe hacer frente con su patrimonio a la totalidad o a parte del desembolso que causó al Ayuntamiento.

Pero es posible que nunca se sepa, ya que el procedimiento podría quedarse por el camino. El Tribunal de Cuentas ha iniciado los trámites para archivarlo porque el particular que denunció no se ha personado en el caso.

Tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de A Coruña, a pesar de que está al tanto del procedimiento. La alta institución le está remitiendo copia de todas sus resoluciones.

También le ha facilitado información el denunciante, que la semana pasada remitió un escrito al alcalde, Xulio Ferreiro, en el que le pone al corriente de la decisión del tribunal de iniciar los trámites para cerrar el asunto, y le plantea que el Ayuntamiento presente un recurso de reposición para evitar el archivo.

El escrito recuerda las declaraciones del regidor sobre la necesidad de exigir responsabilidades por esa y otras decisiones urbanísticas de gobiernos anteriores.

Pese a ese compromiso, el ejecutivo local no abrió una investigación hasta que se publicó que el asunto ya había llegado al Tribunal de Cuentas. La apertura de diligencias por esa institución se conoció el pasado 1 de marzo. Hasta el día 14 no se confirmó que el Ayuntamiento actuaría. Pero lo ha hecho al margen del proceso en el Tribunal de Cuentas, con el inicio de una investigación interna que desarrollarán funcionarios municipales con apoyo del director de área de Rexeneración Urbana, un cargo de confianza del gobierno local.

Fue el propio concejal de esa área, Xiao Varela, el que anunció la puesta en marcha del procedimiento para la «identificación del persoal funcionario e autoridades que participaron en cada unha das fases e as actuaciones atribuibles a cada un deles».

El concejal no adelantó cuánto tiempo podría durar el procedimiento, ni si se exigirán responsabilidades solo a los técnicos o también a los cargos políticos del gobierno, entonces liderado por el PSOE, que concedió la licencia.

El gobierno local también tiene pendiente la exigencia de responsabilidades por la urbanización de Someso, también desarrollada por gobiernos del PSOE. El compromiso era iniciar el proceso en los primeros cien días de gobierno, pero no arrancará hasta justo antes de las elecciones.

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