El TSXG corrige al Ayuntamiento y le ordena que haga el sellado del vertedero de Nostián

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

A CORUÑA

EDUARDO PEREZ

El tribunal reprocha al gobierno local que se excusase en la Xunta para no hacer su trabajo

15 mar 2019 . Actualizado a las 09:59 h.

El Ayuntamiento de A Coruña tiene la «obligación» de tramitar el proyecto de sellado del vertedero de Nostián en un plazo de tres meses, ha sentenciado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El fallo del TSXG corrige al gobierno local, que sostenía que la empresa gestora de la planta de residuos, Albada, debía hacerse cargo de esas obras y de su financiación, que se estima en unos 3,5 millones. La sentencia, dictada este jueves, solo puede ser recurrida por casación ante el Tribunal Supremo.

El origen

Un depósito lleno. El vertedero se llenó en verano del 2008, cuando se agotaron los 1,18 millones de metros cúbicos de sus tres vasos. En el 2010, la Xunta dio su visto bueno al proyecto de sellado que presentó Albada. 

Los conflictos judiciales

Favorables al Ayuntamiento. El gobierno local del PSOE y el BNG, aunque incluyeron el arranque de las obras en el proyecto de presupuestos del 2011, no llegó a poner en marcha los trabajos. El siguiente ejecutivo, liderado por el PP desde el 2011, tampoco ejecutó el sellado.

Los populares revisaron el estado de la concesión de Nostián y rechazaron que el Ayuntamiento asumiese gastos millonarios que, a su juicio, debía pagar la empresa gestora. Esa postura desembocó en varios procesos judiciales, que fueron favorables casi en su totalidad a la Administración.

Así, los tribunales redujeron de 32,5 a 4,6 los millones con los que debía ser compensada la firma por el desequilibrio económico del contrato. También desestimaron un recurso de la compañía que reclamaba 14,7 millones por la revisión del canon de la concesión. Finalmente, la Justicia avaló que el Ayuntamiento dejase de pagar 3,37 millones al año a la empresa por el tratamiento de los rechazos, la basura no recuperable, de la planta. 

El nuevo gobierno

Una pequeña crisis. En verano del 2015, cinco años después de que hubiese dado su visto bueno, la Xunta pidió al Ayuntamiento, entonces ya dirigido por la Marea Atlántica, que informase de la posibilidad de ejecutar la obra de sellado según proyecto del 2010 o que, de no ser ya viable, plantease una modificación del plan. El horizonte era que la obra estuviese lista en el plazo de un año.

Las dudas sobre el futuro del vertedero ocasionaron una de las primeras crisis internas del gobierno local, que se saldó con el cese de una de las funcionarias responsables del área de Medio Ambiente. Finalmente, el ejecutivo de Xulio Ferreiro decidió no asumir el sellado y atribuyó la responsabilidad a la empresa. 

El vertedero al juzgado

Sanciones a la firma. El Ayuntamiento exigió a la Xunta que ordenase a la empresa que sellase el vertedero. En septiembre del 2016 le dio un año para hacerlo. La empresa rechazó hacer la obra y acudió a los tribunales. En primera instancia le dieron la razón al gobierno local, que reclamó a la Administración gallega mano dura con la compañía ante su negativa a hacer la obra. Finalmente, le impusieron sanciones tanto el Concello como el Gobierno gallego. La compañía recurrió al TSXG mientras el Ayuntamiento decía que la competencia era de la Xunta. La concejala de Medio Ambiente, María García, dijo que la responsabilidad de ordenar la ejecución de las obras era de la Xunta. El alcalde, Xulio Ferreiro, refrendó esos argumentos. 

La sentencia del TSXG

Competencia municipal. Pero el TSXG ha corregido esos argumentos que el Ayuntamiento utilizó durante la vista, cuando señaló que solo podría tramitar la obra después de la autorización de la Xunta, que la aprobó en marzo del 2018. Sin embargo, el tribunal le recuerda que «estaba obligado a resolver esas cuestiones que le competían», ya que «se trata del ejercicio de las competencias municipales en materia urbanística». Es más, la sentencia añade que «tratándose de un proyecto que debía de ser presentado por dos Administraciones», la municipal «estaba obligada a hacerlo no después [como argumentó] sino, cuando menos, de forma simultánea o coordinada». Pese a ello «no resolvió» el procedimiento de otorgamiento de la licencia, «ni resolvió» sobre la adecuación de la misma a la norma urbanística. No dio respuesta a las solicitudes de la empresa, ni dijo qué norma incumplía el proyecto de obra presentado. 

El comité llama a la huelga para el 21 de abril

El comité de empresa de Nostián ha convocado a la plantilla a una asamblea que se celebrará el próximo 29 de marzo. El único punto del orden del día es la votación de una convocatoria de huelga para el día 21 de abril.

El motivo del paro es la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. Según fuentes sindicales, la única oferta que ha planteado la empresa es la congelación de los salarios que, según denuncian, no se han incrementado desde el año 2013.

La tensión es alta entre los cerca de cien operarios de la planta, ya que al mismo tiempo afrontan el cambio de contrato de gestión de las instalaciones, en el que han tenido varios desencuentros con el gobierno local, que en un principio pretendía dividir a la plantilla en varias contratas. Ese proceso, que debe estar listo para el 1 de enero, cuando finaliza el contrato vigente, se solapa con las negociaciones del convenio.

Los operarios temen que esas circunstancias les perjudiquen gravemente, ya que si la concesión cambia de manos con el convenio caducado la nueva empresa gestora podría aplicarles el marco laboral estatal, cuyas condiciones son peores, señalan.