Someso y Fenosa serán investigadas justo antes de las elecciones municipales

El gobierno local de A Coruña pondrá nombres y apellidos a los responsables de la licencia ilegal de Fernando Macías


A Coruña / La Voz

Antes de las elecciones municipales de mayo el Ayuntamiento de A Coruña tendrá terminada la investigación sobre la licencia de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías, un caso que supuso para el Ayuntamiento y para los denunciantes -Valentín Souto y su esposa, Margarita Blázquez- más de 20 años de conflicto jurídico y que se cerró semanas atrás con un acuerdo mediante mediación que supondrá importantes gastos para el consistorio, mucho menos, en todo, caso que los 60 millones de euros que hubiera costado el derribo.

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, compareció en una rueda de prensa cuya convocatoria formaba parte precisamente de ese acuerdo y en la que reconoció el daño causado por el consistorio a los demandantes y a los propietarios, entre otras cosas.

Una parte más de ese acuerdo es la culminación de una investigación -que instruye ya el director de área de Rexeneración Urbana- que dilucide con nombres y apellidos quiénes fueron los responsables de aquella licencia ilegal para llevar ese informe al juzgado y depurar allí responsabilidades económicas en caso de que el asunto no haya prescrito.

El gobierno local trabaja ya en hacer público un expediente de 12.000 folios para que quien lo desee pueda tener acceso a los detalles del caso. El inmueble de Fernando Macías está condenado desde el 2001 por sentencia firme del TSXG, confirmada por el Supremo en el 2006. Desde entonces el Ayuntamiento ejerció todas las medidas legales que pudo para posponer la ejecución de esa sentencia.

Sin más salida, el edificio se salvó de la piqueta gracias a un proceso de mediación que terminó en un aceptación por parte del Ayuntamiento y los demandantes de diversos acuerdos.

Souto y su pareja se embolsarán una indemnización de 2.975.000 euros, además, cada propietarios ingresará entre 9.000 -si es segunda vivienda- y 12.000 euros, por los daños morales sufridos durante el proceso. Varela indició que inicialmente el Ayuntamiento pretendía pagar una cantidad mucho menor a Souto, y que este solicitaba una mucho mayor de los casi 3 millones finalmente pactado.

El denunciante aceptó a cambio de que se destinaran otros 6 millones de euros más para construir en el Ofimático -irá en la parcela municipal Z-37- un edificio de 50 viviendas sociales. Para ese edificio el gobierno local ultima los detalles, dijo Varela, para sacar a concurso el proyecto.

Reconoce el consistorio el daño personal y laboral causado a Souto y su pareja cuando estos actuaban «en defensa da legalidade e o interese xeral», dijo Varela.

La licencia para el inmueble se concedió poco antes del año 2000, en una época en la que gobernaba en A Coruña el PSOE con Francisco Vázquez como alcalde. La intención del gobierno local ahora -en base al acuerdo de mediación- es que quienes concedieron ese permiso ilegal se hagan cargo de unos gastos que, entre el edificio de viviendas sociales y las indemnizaciones, no bajarán de los diez millones de euros.

Cambios de gestión

El acuerdo también contempla cambios en la gestión del área de Urbanismo del Ayuntamiento. El consistorio inscribirá ahora en el registro las sentencias y actos administrativos firmes que afecten a algún inmueble, para impedir que terceros adquieran, sin saberlo, propiedades con procesos abiertos.

Además, en los recursos presentados ante el propio Ayuntamiento será un funcionario distinto al que emitió el informe inicial el que analice esos documentos, cuya resolución deberá pasar también por la asesoría jurídica.

Finalmente, en casos de nulidad de licencias se exigirá de oficio en vía administrativa a funcionarios y autoridades «la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dolo, culpa o negligencia grave».

Someso irá al Consello Consultivo antes de que acabe este mandato

La solución mediante mediación del edificio de Fernando Macías supondrá no tener que demoler el edificio, pero también que el PSOE, que gobernaba cuando se concedió el permiso, salga marcado del proceso en el que se dilucidarán responsabilidades de funcionarios y políticos de aquella época. No será el único caso en el que los socialistas se vean salpicados por su gestión del urbanismo en A Coruña en las últimas décadas. El actual gobierno local tiene avanzado, indicó Xiao Varela, un informe sobre la urbanización de Someso. Ese documento, dijo el concejal, será llevado al Consello Consultivo de Galicia, con la intención que el asunto llegue a ese órgano también antes de las municipales. La Marea llevaba en su programa depurar ese caso en los primeros cien días.

El Ayuntamiento se plantea pagar a plazos la indemnización del castro de Elviña

Los 14,5 millones de euros que el Ayuntamiento tendrá que pagar a los expropiados del castro de Elviña se abonarán, seguramente, en más de un plazo. Así lo sugirió el edil de Rexeneración Urbana, dada la cuantía de la indemnización fijada por una sentencia contra la que no cabe recurso.

Varela apuntó que todavía no tienen la notificación oficial de la firmeza de esa sentencia, un fallo del 7 de febrero que, aún sin esa notificación, da por hecho que llegará. Entiende que este año el Ayuntamiento tendrá que consignar algún tipo de dotación económica para hacer frente a esos pagos, pero no todos, sin aclarar si se recurrirá a un préstamo o a los ingresos ordinarios para poder abonar esa factura.

Diferencias de precio

Las expropiaciones se llevaron a cabo desde el año 2001 con el fin de proteger el castro, un lugar declarado bien de interés cultural. Se pagó el metro cuadrado a doce euros, pero la comisión de valoración establecida al efecto acabó estableciendo que el precio justo y razonable ascendía 50 euros. De la diferencia entre ambas cifras salen los 14,5 millones de euros, una cantidad que Xiao Varela considera excesiva.

El informe que establece ese valor se firmó en el año 2015, pero el Ayuntamiento no se lo notificó a los vecinos que pugnaban en los juzgados por ingresar más de los 11,73 euros pagados inicialmente. «Ao Concello tócalle defender o interese municipal e inténtase esgotar todas as vías para defender ese interese xeral», dijo Varela, quien entiende que si los vecinos estaban personados en la causa podían conocer los detalles del procedimiento.

La acusación del PP de ocultar la sentencia del castro la considera Varela una «infamia» y acusa a los populares de «utilizar a Xustiza con fins electorais».

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