Desestiman la causa por fraccionar contratos en el 2017
13 mar 2019 . Actualizado a las 10:17 h.La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación del PSOE de Miño contra la sentencia que el pasado septiembre acordó el archivo de la denuncia contra el exsalcalde de la localidad Juan Maceiras y Jesús Veiga, el teniente de alcalde aún en la actualidad, al que acusaban de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de obras antes de las elecciones del 2007.
«Exijo al PSOE de Miño que asuma las costas de este proceso», explica Veiga al conocer este nuevo fallo a su favor, ya que estima que podrían ascender a 6.000 euros que tendría que pagar el Concello. «Las elecciones no se ganan en el juzgado», considera Veiga, candidato de los populares a la alcaldía en las próximas municipales. «El PSOE de Miño ha intentado desgastar al PP con esta denuncia que, de antemano, sabía que no tenía recorrido. En los últimos cuatro años se ha dedicado a la judicialización la vida municipal para boicotear la gestión del gobierno. Les exijo que dejen de difamar y que de una vez trabajen por los vecinos», apostilló, puntualizando que era «una denuncia sin recorrido, estaban avisados de antemano por los servicios jurídicos, solo buscaron el titular de prensa y desestabilizar».
Los socialistas sostuvieron en su denuncia que se adjudicaron cinco obras por el procedimiento negociado, sin publicidad, pese a reparos de Intervención, para adjudicarlas a las empresas que querían y llegando a separar, ateniéndose a lo máximo legal permitido, la obra de una margen y de otra de la misma calle. Sin embargo, en el fallo del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos se considera acreditado que cuando se inició el expediente de contratación de esos trabajos no existía la partida presupuestaria total y suficiente para su inicio, por lo que el fraccionamiento estaría justificado, y no aprecia conducta que justifique la acusación de prevaricación administrativa, aunque «no se niega que pudiera haber existido alguna irregularidad administrativa». Por su parte, los magistrados de la Audiencia dicen que «carece de lógica continuar una investigación técnicamente agotada» y especifican que cuando el PSOE interpuso la denuncia, en el 2017, de existir delito estaría prescrito, superado un decenio, por lo que confirma el sobreseimiento de la causa.
