Los expropiados del castro de Elviña serán resarcidos con 14,5 millones de euros

El PP acusa a Marea y PSOE de ocultar la sentencia para evitar su impacto electoral


A Coruña

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de A Coruña con el fin de evitar el pago de indemnizaciones millonarias a los vecinos afectados por la expropiación forzosa de fincas afectadas por el plan de protección del castro de Elviña en el 2001. El rechazo del recurso da firmeza a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en mayo del 2018, que también desestimó el recurso municipal.

Como consecuencia, la Administración local tendrá que pagar a los vecinos un precio de 50 euros el metro cuadrado. Esa es la cantidad «justa y razonable», concluyó en julio del 2015 la comisión especial de valoración de los terrenos, que estaba presidida por Martín Almagro Gorbea, miembro de la Real Academia de la Historia, y de la que formaban parte José Ramón Soraluce y Felipe Senén López, miembros de la Real Academia Galega de Belas Artes y representantes respectivamente del Ayuntamiento y de los vecinos afectados por el plan.

La comisión se decidió por ese precio por distintos motivos, aunque fue fundamental la decisión del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de A Coruña, que en el 2005 resolvió que se debían pagar 50 euros por metro cuadrado a los residentes de la misma zona afectados por las obras de Pocomaco. Esa cifra fue confirmada en el 2013 mediante una sentencia firme del TSXG.

Sin embargo, a los propietarios de las más de 130 parcelas expropiadas para proteger el castro solo se les pagaron 11,73 euros por metro cuadrado. Esa cantidad fue fijada a través de una resolución de alcaldía rubricada el 26 de marzo del 2001. El Ayuntamiento deberá ahora pagar la diferencia entre esa cantidad y los 50 euros por metro, además de las correspondientes compensaciones por demora en el pago. 

Un dictamen del 7 de febrero

Las expropiaciones del castro afectaron a 134 parcelas que superan los 240.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento deberá pagar por tanto unos nueve millones para compensar la diferencia de precio, más una indemnización por la demora que rondará los 5,5 millones, explicó la portavoz del PP, Rosa Gallego.

A pesar de su importancia para las arcas municipales, fue la concejala popular y no el gobierno local quien hizo público el contenido de las resoluciones judiciales, a pesar de que la providencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso municipal fue emitida el pasado 7 de febrero.

Por ese motivo, Gallego acusó al gobierno local de «ocultar la sentencia». Desde su punto de vista, el gobierno local pretendía no hacerla pública hasta después de las elecciones de mayo, con el fin «de que no afecte al resultado electoral» y a un «posible pacto de gobierno con el PSOE».

La portavoz del PP recordó que todos los trámites de expropiación se desarrollaron bajo gobiernos socialistas, por lo que exigió explicaciones a ese partido. Además, exigió al gobierno local que «deje de esconder y haga pública la sentencia» con un informe que detalle su repercusión en las cuentas del Ayuntamiento.

Al cierre de esta edición, el PSOE no había valorado lo ocurrido. El gobierno local no aclaró cuándo está previsto pagar las compensaciones ni confirmó su importe. Aseguró que no hizo pública la sentencia a la espera de que sea firme y recordó que los trámites se hicieron con el PSOE. 

Análisis | Del edificio de Fernando Macías a Someso y el Agra de San Amaro

El Ayuntamiento tendrá que desembolsar cerca de seis millones de euros para evitar la demolición del edificio de Fernando Macías. Ha pagado más de ocho millones por las indemnizaciones de la urbanización de Someso. Tendrá que abonar una cantidad aún por determinar a los expropiados del Agra de San Amaro. Perdieron sus terrenos para permitir la construcción del paseo marítimo, y luego el Ayuntamiento no les permitió edificar por la protección de la torre de Hércules. También tendrá que dejar ir unos 14,5 millones para compensar a los afectados por las expropiaciones del castro de Elviña.

Todos esos procesos se ejecutaron durante los años de mayorías absolutas del PSOE. Forman parte de la llamada «herencia urbanística» que la Marea Atlántica ha condenado en numerosas ocasiones. Pero su gobierno no ha puesto en marcha los procesos que prometió en campaña para depurar responsabilidades entre los componentes de aquellos gobiernos socialistas.

En el asunto de Someso, la revisión de oficio de los acuerdos que permitieron la urbanización era una de las promesas para los primeros 100 días de mandato. Cuatro años después, el expediente continúa sin resolverse.

En el caso del edificio de Fernando Macías, ha sido un particular el que ha llevado el asunto al Tribunal de Cuentas. Además ha pedido al gobierno local que se persone en el procedimiento.

La lentitud de esos trámites ha dado alas a la oposición del PP, que la considera un indicio de la complicidad de la Marea con el PSOE, al que necesita para alcanzar la mayoría absoluta.

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