Tras la decisión de la comisión autonómica de no pronunciarse, todo queda en manos de los tribunales, que deberán juzgar si la bajada unilateral de las tarifas se ajusta la normativa. Para Tranvías, la decisión municipal vulnera el contrato firmado en los años ochenta, y el Ayuntamiento no ha descartado tener que indemnizar a la empresa por esa decisión.