La entidad se topó las cerraduras cambiadas y no pudo recoger sus pertenencias. La jueza pospuso la declaración de Claudia Delso, investigada por presunto delito de prevaricación en la adjudicación de la antigua prisión provincial
01 mar 2019 . Actualizado a las 10:03 h.El colectivo Proxecto Cárcere no pudo entrar este jueves en las instalaciones de la antigua prisión provincial. Aseguran desde la asociación que alguien cambió las cerraduras de las puertas y que una parte de sus pertenencias quedaron dentro cuando su intención era retirarlas ayer. Desde el Ayuntamiento indican que ellos no cambiaron las cerraduras. Al no prorrogarse el convenio entre el consistorio y el SIEP, organismo dependiente del Ministerio del Interior, este último, titular del edificio, recuperó su posesión plena rematado el tiempo de cesión temporal a María Pita. A Proxecto Cárcere le adjudicó el gobierno local mientras duró esa cesión, hasta el mes pasado, la gestión del edificio, con un contrato que investiga el juzgado por presunta prevaricación del gobierno local en el procedimiento.
Sin vigilancia
En el interior de la antigua cárcel provincial quedaron ordenadores e, incluso, «a documentación da asociación», indicó Inés Cruz, una de las portavoces. Los miembros del colectivo que se acercaron el jueves por la mañana hasta el edificio se dieron cuenta de que ya no había vigilante privado. Este servicio velaba por el inmueble, ahora, dicen, «volve quedar en estado de abandono e sen conservación». Subrayaron que a pesar de que desde el Ayuntamiento les comunicaron a finales del año pasado que el contrato de cesión se daba por extinguido, ellos continuaban acudiendo a la antigua cárcel provincial: «Non executabamos ningún proxecto, pero seguiamos levando adiante o mantemento máis fundamental».
Otra de las portavoces de Proxecto Cárcere, Carme Cotelo, manifestó que desde el Ayuntamiento, «unha técnica, ningún membro do goberno», le había llamado por teléfono a mediados de este mes para recordarle el fin del contrato. El día 22 de febrero recibieron un escrito en el que se le notificaba la necesidad de abandonar definitivamente las instalaciones, «e tiñamos trinta días para presentar un recurso potestativo, pero nin esperaron polas nosas alegacións». Culpan de la situación a todas las corporaciones, «dende a presidida por Francisco Vázquez», que pasaron por el Ayuntamiento, a la Xunta y al Ministerio del Interior. Ante esta situación, mañana el colectivo tiene previsto celebrar un acto reivindicativo «para reclamar que o cárcere sexa dos cidadáns», que consistirá en una comida campestre en el entorno del edificio, en el que habrá actuaciones musicales.
En el acto también darán a conocer todos los proyectos que llevaron a cabo estos meses. Además, el próximo día 7 se reunirán con representantes de la Subdelegación del Gobierno para volver a solicitar que la antigua prisión provincial vuelva a ser de los coruñeses.
La cárcel vuelve así a la misma situación en la que estaba al principio de este mandato, cerrada al público y continuando con su proceso de deterioro a la espera de que un juzgado determine si debe volver al Ayuntamiento o este tendrá que pagar por ello.
