La solución a los 160 nombramientos irregulares en el Ayuntamiento de A Coruña también acaba en los juzgados

Los dos recursos han sido presentados por funcionarios y la CIG, que antes denunció esas designaciones ante los tribunales


A Coruña

A la judicialización del urbanismo, herencia en parte de gobierno locales anteriores, se ha sumado en este mandato la organización de la plantilla municipal de A Coruña, que ha desencadenado diversos pleitos a los que harán frente los próximos gobiernos municipales.

¿Hay nuevos recursos en los tribunales?

En lo que va de año se han presentado dos. Uno ha sido interpuesto por el sindicato CIG y otro por cuatro funcionarias. Se tramitarán en los juzgados de lo contencioso número 3 y 4. Con distintos argumentos, los dos se presentan contra el concurso de provisión de puestos vacantes convocado por el gobierno local en junio del año pasado.

¿Por qué se ha llevado el concurso a los juzgados?

Tanto el sindicato como las trabajadoras municipales reclaman que el concurso se convoque para todos los puestos vacantes. La convocatoria del gobierno local deja fuera «a los funcionarios en situación de comisiones de servicio ilegales de los grupos A1 y A2 y algunos puestos del C1, es decir, la práctica totalidad de los 50 funcionarios con jefaturas nombrados a dedo», según denunció un grupo de trabajadores municipales el pasado noviembre. Critican que esa situación perjudica a los administrativos, el grupo C1, que quedarían excluidos de las siguientes convocatorias de puestos, con lo que se limitarán sus posibilidades de ascender.

¿Cuál es el origen del conflicto judicial?

El concurso estaba convocado desde junio, pero la situación se precipitó en noviembre, cuando una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ordenó el cese de todos los funcionarios nombrados mediante comisiones de servicio irregulares. Según la CIG, que presentó el recurso, alrededor de 160 funcionarios se encontraban en esa situación, más del 10 % de la plantilla.

¿Qué respuesta dio el gobierno a la sentencia?

Anunció que la recurriría, y señaló que ya estaba en vías de solucionar las irregularidades mediante el citado concurso para los puestos más bajos de la escala. Ante las críticas de que esa convocatoria no afectaba a los altos cargos, la mayoría de ellos nombrados en este mandato, subrayó que también convocaría esos puestos en los meses siguientes. También hubo ceses en algunos departamentos, aunque no han trascendido cifras exactas.

¿A qué funcionarios afectó el dictamen?

A todos aquellos que estaban en su puesto nombrados mediante una comisión de servicio que superase los dos años de duración. Como ya se ha indicado, el sindicato demandante calcula que eran más de 160. Una parte habían sido nombrados por gobiernos anteriores, pero como subrayaron los grupos de la oposición, cuando se dictó la sentencia el actual gobierno local ya llevaba más de tres años en ejercicio, por lo que en algún momento del mandato tuvo que volver a designar o mantener a los funcionarios en situación irregular.

¿Qué ha pasado con los altos funcionarios?

El gobierno local publicó el 13 de febrero, con dos meses de retraso, las bases de una convocatoria específica para 14 jefaturas de servicio que estaban vacantes o cubiertas por funcionarios elegidos por sistemas discrecionales, como adscripciones provisionales o comisiones de servicio. Además se han convocado cinco puestos más que se cubrirán mediante libre designación.

¿Es posible que haya más recursos judiciales?

Es probable, ya que ese concurso específico deja fuera a parte de los jefes de servicio que se encontrarían en situación irregular por haber sido nombrados en comisión de servicio hace más de dos años. Por el momento, el sindicato CIG ya ha presentado un recurso de reposición al considerar que «o feito de non convocar todas [las jefaturas] no mesmo tempo, podería conculcar o principio de igualdade xa que unha vez resolta esta convocatoria quedaría moi restrinxido o persoal que puidese acudir a este último proceso de selección para xefatura de servizo».

¿Qué cargos han quedado fuera de la convocatoria?

El gobierno local no ha sacado a concurso las plazas de los jefes de servicio de Cultura, Educación, Xustiza Social y Participación. Solo la primera está ocupada por una funcionaria del Ayuntamiento, que fue elegida mediante el sistema de adscripción provisional. Las otros tres puestos los ostentan funcionarios provenientes de otras administraciones. Las jefaturas de Educación y Xustiza Social las ostentan un inspector de educación y una profesora de secundaria. Ambos fueron nombrados por el actual gobierno mediante comisión de servicio y superan el plazo de dos años en el puesto.

La de Participación es una funcionaria del Ayuntamiento de Cambre que también está en comisión de servicio, aunque no ha superado los dos años.

Además, no se han convocado las plazas de los jefes de servicio de Personal y Planeamiento y Gestión del Suelo. La primera está ocupada por una funcionaria en comisión de servicio que también supera los dos años en esa situación. La segunda la ostenta un funcionario de Sada nombrado por el mismo sistema, aunque está dentro del plazo legal.

¿Qué otras sentencias se han producido en relación con el personal?

Tres nombramientos del área de Rexeneración Urbana del actual gobierno han sido anulados por los tribunales al ser irregulares. El ejecutivo no los reemplazó hasta que los dictámenes adquirieron firmeza. Otro de los altos cargos de esa concejalía -en la que hay cinco en total- superó los dos años en comisión de servicio.

La principal herencia en materia de personal era una sentencia que anulaba el nombramiento de 11 jefes de servicio y uno de departamento elegidos por libre designación por el anterior gobierno local del PP. Ese dictamen, como el que afecta a los 160 funcionarios en comisión de servicio irregular, no se ha ejecutado de forma íntegra, señalan fuentes de la plantilla municipal.

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