Urbanismo contradijo al letrado municipal en la vista sobre el edificio de la Citroën

El alcalde ve normal que ese departamento tramitase al mismo tiempo la protección y la licencia de demolición del inmueble


A Coruña / la voz

La concejalía de Rexeneración Urbana contradijo a la defensa del Ayuntamiento en el juicio sobre la licencia de demolición del edificio de la Citroën, que concluyó con una sentencia favorable a los propietarios, en la que se concede el permiso para el derribo y se condena a la Administración local a pagar las costas del procedimiento hasta 700 euros.

Según el dictamen del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, la representación del Ayuntamiento argumentó que la solicitud de licencia carecía de la autorización de la Autoridad Nacional de Supervisión Aeronáutica. Ese certificado condicionaría la validez del permiso de demolición, ya que el inmueble estaría en la zona de servidumbre de Alvedro.

Los demandantes alegaron que el edificio no se encuentra dentro de ese espacio, y aportaron una copia del plano de servidumbres aeronáuticas. Como consecuencia, la jueza solicitó un informe a la concejalía de Rexeneración Urbana, que lo remitió el 13-6-2018. Según ese documento, «el edificio no se encuentra en ninguna de las zonas de servidumbre aeronáutica de A Coruña», desarmando así el argumento de la propia defensa municipal.

Esa descoordinación entre departamentos del Ayuntamiento no es la única que aparece en la sentencia, que señala en dos ocasiones que el área de Rexeneración Urbana, que dirige Xiao Varela, «parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio», un extremo que no fue negado por la defensa municipal.

De hecho, el propio Varela llegó a firmar el mismo día, el 14 de noviembre del 2016, el visto bueno a la propuesta para dar la licencia de demolición y la elevación a pleno de la suspensión de la concesión de licencias, entre ellas la de demolición del mismo edificio de Citroën. 

El alcalde no ve nada extraño

Para el alcalde, Xulio Ferreiro, esas «contradicciones» según la propia defensa del Ayuntamiento, no revisten importancia. Preguntado al respecto, el regidor señaló que «se se presenta unha solicitude hai que tramitala e ao mesmo tempo se estaba tramitando o asunto da protección».

El alcalde apuntó a que ese trámite tuvo que iniciarse porque el edificio no estaba protegido, pero la sentencia no considera otorgada la licencia por que esos trámites hubiesen llegado al final; sino porque el gobierno local no movió el expediente en los cinco meses posteriores a que fuese solicitada por los propietarios, y solo después de tres ya tendría que haber sido concedida por silencio positivo de la Administración.

Preguntado sobre si ve posibilidades de salvar el edificio después de la sentencia que autoriza la demolición, el alcalde afirmó: «Veremos, intentarémolo si, si, o intentaremos, claro». Reiteró que la intención de su partido es «protexer o patrimonio», aunque señaló que deben hacerlo «respectando as resolucións xudiciais e a normativa legal».

El regidor subrayó además que será la asesoría jurídica municipal la que «definirá» la estrategia para recurrir la sentencia.

Finalmente, preguntado por la opinión del arquitecto que diseñó el edificio, el alcalde señaló que es «interesante», pero que no es un argumento para el pleito.

El arquitecto en cuestión es el prestigioso Andrés Fernández-Albalat, que en los últimos días y en años anteriores, cuando ya estaba sobre la mesa la posibilidad del derribo, restó valor arquitectónico al edificio, señalando que se trata de un inmueble «normal». El Ayuntamiento considera, sin embargo, que tiene un «tipo arquitectónico industrial emblemático», un importante valor» y una «estética muy reconocida en la ciudad», según recoge la sentencia del juzgado de lo Contencioso.

La construcción nunca ha estado catalogada en el plan general

En un ambiente cargado por la precampaña electoral, los representantes políticos se han enzarzado por la sentencia del edificio Citroën. Las críticas de la oposición al gobierno local han sido unánimes, con acusaciones de «descoordinación» por las contradicciones entre los diferentes departamentos del área de Rexeneración Urbana, y por la inactividad de esa concejalía, que facilitó que la licencia fuese concedida por silencio administrativo. Pero también hubo críticas al PP, al que se reprochó no haberlo protegido en el mandato previo.

El alcalde utilizó ayer ese argumento: «Se non se houbera quitado anos antes do catálogo de bens protexidos non estariamos obrigados a tramitar a licenza de demolición». La candidata del PSOE, Inés Rey, aseguró que tenía «la debida protección» hasta que el PP «decidió retirarlo del catálogo de inmuebles protegidos, de forma oscura y nada razonada, de manera unilateral».

Ninguno de los dos fue preciso, ya que el edificio nunca estuvo en el catálogo definitivo de edificios protegidos del plan general.

Sí lo fue la portavoz del BNG, Avia Veira, que explicó que el inmueble estaba incluido en el catálogo en la aprobación inicial del PGOM, tramitada en el 2009. Pero no fue incluido -algo que criticó- en la aprobación definitiva del 2012, ya bajo el PP. 

Sin protección antes ni ahora

Los populares recordaron que fue excluido tras una alegación de los propietarios que no fue contravenida por Patrimonio. Subrayaron que nunca estuvo protegido porque las previsiones del PGOM no son válidas hasta la aprobación definitiva. Recordaron que los gobiernos que les precedieron, más de 20 años del PSOE y 4 del PSOE y el BNG, tampoco lo protegieron, y que el actual ejecutivo ha «permitido» el otorgamiento de la licencia por su falta de diligencia urbanística.

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