Juristas de todo el país quieren imitar la solución para la antigua sede de Fenosa

Los expertos creen que la mediación «marcará un antes y un después» en los litigios urbanísticos con orden de derribo


a coruña / la voz

Cuando todo era negro y se creía que no había más salida al edificio de la antigua sede de Fenosa que su demolición, el Ayuntamiento jugó su última baza y las partes se sentaron a hablar cara a cara por primera vez en los 21 años que duró el conflicto. Una vez que los servicios jurídicos municipales dieron traslado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del preacuerdo alcanzado entre las partes en el litigio urbanístico, ahora solo queda esperar al jueves para conocer si el juez da o no el visto bueno, siempre que no sea contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo para el interés público o de terceros.

Si lo da, concluirá al fin un pleito que comenzó hace 22 años y, lo más importante, se evitará el derribo del inmueble, que además supondría un cataclismo para las arcas municipales.

También puede rechazar el preacuerdo. O mostrarse contrario a algunas de sus resoluciones, lo que obligaría a los litigantes a volverse a sentar en una mesa y adecuar sus intereses a los que marque el magistrado. Pasado mañana se sabrá.

Aún sin conocer el resultado, juristas de toda España que llevan causas urbanísticas similares se pusieron esta semana en contacto con el Ayuntamiento coruñés y con varios letrados expertos en pleitos contenciosos para preguntar por el modelo de mediación intrajudicial que se aplicó en esta ciudad. Lo quieren importar. «Esta solución, de concretarse finalmente, supondrá un antes y un después en la aplicación de sentencias urbanísticas con orden de derribo y que afecten a numerosas personas, como es el caso del edificio de Fernando Macías, donde el daño que se causaría a las familias que ahí viven y a la economía municipal sería muy superior a una vuelta a la legalidad», asegura el abogado coruñés Jorge Vázquez Vila.

Un ejemplo similar cercano está en Vigo. Ahí, más de 300 personas que residen en una urbanización bautizada como Colina de Castrelos, una suerte de muralla residencial levantada hace casi 25 años en una loma de la ciudad, están obligadas por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a abandonar sus casas para que el Ayuntamiento proceda al derribo. 

¿Quién propuso la mediación intrajudicial?

Fueron los servicios jurídicos municipales. A finales de octubre del año pasado, el Ayuntamiento acudió al TSXG para desatascar el cumplimiento de la sentencia del mismo tribunal, de 2006, que obligaba a devolver el edificio Fenosa al estado en que estaba antes de la reforma ilegal de 1997. 

¿En qué consiste?

Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos, con la misma naturaleza que la conciliación, alternativo y complementario a la Administración de Justicia, en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la base de una propuesta elaborada por un tercer mediador. 

¿Quién actuó de mediador entre las partes?

Un equipo del despacho Roca Junyent liderado por Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo. Su trabajo concluyó con un preacuerdo entre las partes litigantes, que son el Ayuntamiento, el denunciante (Valentín Souto) y la comunidad de propietarios. Todos salieron satisfechos. 

¿Cuál fue el preacuerdo?

Se modificará el plan general para que el inmueble pase a estar considerado como «edificio singular», la corporación reconocerá la responsabilidad municipal sobre la anulación de la licencia, se adoptará un protocolo de buenas prácticas urbanísticas, el Ayuntamiento levantará un edificio de 50 viviendas de protección y a cambio el demandante renunciará a pedir el total de la compensación que considera que le correspondería, aunque sí percibiría una indemnización que podría superar los 2,6 millones de euros. 

¿Por qué no se hizo antes?

Porque la mediación en los litigios contencioso-administrativos fue aprobada en el 2016 sin que hasta la fecha se haya utilizado en sentencias de derribo. 

Una salida a un litigio con 21 años de vida

La construcción original del edificio de Fernando Macías comenzó en 1961. Fue proyectado por Fenosa de acuerdo con las corrientes arquitectónicas más avanzadas de su época. 

1997. Fenosa lo vende a Fadesa. Cuando la empresa eléctrica se fusiona con Unión Eléctrica, vende el edificio a Fadesa. 

1998. Se aprueba la licencia y se presenta la denuncia. El gobierno local, dirigido por Francisco Vázquez, aprueba la licencia que permitiría la reforma del inmueble. El arquitecto Valentín Souto presenta la denuncia contra el proyecto antes incluso de comenzar las obras. 

2001. Primera sentencia. La dictó el TSXG. Estimaba el recurso interpuesto por el demandante y se ordena su demolición. 

2006. El Supremo ratifica el derribo. El alto tribunal confirmó en marzo del 2006 ese fallo al rechazar el recurso de la inmobiliaria Fadesa. 

2009. Recurso municipal. El Ayuntamiento recurre el anterior fallo y el Supremo se pronuncia en el 2009, quitándole la razón e insistiendo en la demolición. 

2013. El TSXG da un giro. Emitió un auto en el que declaraba la imposibilidad material de ejecución de la sentencia. Parecía que se salvaba el inmueble. 

2014. El Supremo lo tumba. El auto del TSXG fue recurrido por el demandante ante el Supremo y este le dio la razón. 

2015. Proyecto parcial. El Ayuntamiento presentó sin éxito un proyecto de derribo parcial. 

2016. El Supremo falla contra el recurso del Ayuntamiento.

Insistió en su demolición. 

2017. TS. Ordena el derribo sin posibilidad de recurrir.

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