El TSXG anunciará el jueves si acepta el preacuerdo para evitar el derribo total del edificio de Fernando Macías, que incluye una compensación para el denunciante de más de 2,6 millones
01 feb 2024 . Actualizado a las 13:08 h.El TSXG se pronunciará en los próximos días sobre el preacuerdo alcanzado entre las partes para evitar el derribo del edificio de la calle Fernando Macías, situado donde estaba la antigua sede de Fenosa, que incluye el pago de una compensación al denunciante. La decisión del tribunal marcará el futuro inmediato del inmueble tras más de 20 años de procedimientos judiciales. Fue el propio TSXG el que ordenó la demolición del edificio en el 2001, tras anular la licencia municipal. Esa sentencia ha sido corroborada por el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado hasta seis veces sobre el polémico edificio.
¿Qué dice el preacuerdo?
El documento, fruto de una mediación asesorada por un equipo del despacho Roca Junyent liderado por el expresidente del Supremo Pascual Sala, está sometido a confidencialidad y sus detalles concretos se desconocen. Pero el Ayuntamiento emitió un comunicado este jueves en el que se explicaban sus bases generales. Por un lado, se quieren eliminar las dudas legales sobre el inmueble con una modificación del plan general para incluirlo como «edificio singular».
También se aprobará «o recoñecemento público da responsabilidade da Corporación municipal respecto da anulación da licenza», se adoptará «un Protocolo de Boas Prácticas urbanísticas», se procederá a la «construción por parte do Concello dun edificio de arredor de 50 vivendas de protección oficial no parque Ofimático a proposta da parte recorrente [un ciudadano particular] e en concepto da renuncia desta a esixir a íntegra compensación que considera que lle correspondería», aunque sí se le reconocerá una «indemnización polos danos persoais de índole moral causados á recorrente durante máis de 21 anos».
Esa compensación, según fuentes conocedoras del acuerdo, superaría los 2,6 millones de euros.
¿Qué eco ha tenido el anuncio municipal?
Ayer se produjeron llamadas al Ayuntamiento para interesarse por el proceso de mediación, ya que según fuentes jurídicas su resultado es «inédito» y abre una vía nueva para evitar demoliciones de edificios irregulares.
Los letrados antes mencionados se mostraron inquietos ante las posibilidades que se abren, y se preguntaron si se podría recurrir a esa vía en casos más impactantes como el del talaso de Oia.
Varios vecinos del inmueble consultados por este diario se mostraron satisfechos de que haya una posibilidad de evitar la demolición, aunque temen que los trámites para normalizar la situación se alarguen o que el conflicto judicial pueda reavivarse.
¿Qué alternativas tiene el tribunal gallego?
El gobierno local tiene la esperanza de que el tribunal homologue el acuerdo para que la «execución da sentenza (...) se realizase mediante un equivalente que evita a demolición do inmoble», explicó el alcalde. Así se cerraría, al menos en un futuro inmediato, la posibilidad del derribo.
Si el acuerdo es rechazado, esa sería la única salida para el conflicto, salvo que el Ayuntamiento encontrase otra herramienta jurídica para evitarlo. Claro que después de 20 años pugnando para evitar ese desenlace sus recursos jurídicos son limitados.
En principio, la decisión del TSXG, que se anunciará el próximo jueves día 7, solo podrá ser recurrida ante ese mismo tribunal, ya que todos los interesados en la causa han dado su visto bueno al preacuerdo judicial y parece improbable que el denunciante lleve la cuestión al Supremo, como ocurrió otras veces.
¿Quién hará frente a la indemnización?
Según dijo ayer el alcalde, la pagará el Ayuntamiento, que luego intentará ser «resarcido». Esas palabras abren la puerta a la posible búsqueda de responsabilidades entre los cargos políticos y los técnicos que autorizaron la obra. Esos trámites se realizaron bajo gobiernos de mayoría absoluta del PSOE, con Francisco Vázquez en la alcaldía. Sin embargo, la búsqueda de responsabilidades podría verse obstaculizada por el largo tiempo que transcurrido desde que el Ayuntamiento dio la licencia anulada.
¿En que situación quedaría el edificio?
El inmueble está en situación irregular y seguirá así hasta que, si el preacuerdo sale adelante, se apruebe la modificación del plan general para incluirlo como «edificio singular». El trámite de esa reforma podría alargarse durante más de un año, y podría ser recurrido por cualquier ciudadano.
Aunque con reservas, porque no se conoce el preacuerdo completo, varios letrados consultados por este periódico señalaron que ese podría ser uno de los puntos débiles de esta alternativa, ya que la modificación podría ser recurrida en los juzgados y, con los años, devolver el conflicto por vía indirecta hasta el Supremo.
Mientras el edificio no esté legalizado, la situación de riesgo para los propietarios continuará, aunque esté larvada; y se mantendrán las dificultades que han tenido estos años con algunos trámites legales y financieros. No ha trascendido si el preacuerdo prevé compensarles por esos problemas. No es descartable además que, haya que hacer algunas obras en el edificio, con el objetivo de adaptarlo a la normativa contraincendios.
¿Qué dice la oposición?
El BNG prefirió no valorar el preacuerdo hasta que decida el TSXG, como acordó la comisión de portavoces municipales. El PSOE ve «positivo» que el preacuerdo pueda minimizar el impacto en los vecinos, pero no fue más allá por respeto a la confidencialidad. El PP señaló que siempre ha defendido soluciones alternativas al derribo, y recordó que en el anterior mandato el TSXG dio el visto bueno a una solución que pasaba por el derribo solo de las partes irregulares del inmueble. Esa alternativa, que solo contemplaba indemnizar a los vecinos afectados por el derribo parcial del inmueble, fue recurrida por el denunciante ante el Tribunal Supremo, que la rechazó y reiteró la sentencia de demolición total del edificio.