Cárcel cerrada, caso judicial abierto

El alcalde calificó de ejemplar el proceso de adjudicación en el que hay indicios de prevaricación de su gobierno


A Coruña

En enero del 2018, Xulio Ferreiro dijo que el proceso de adjudicación de los usos de la antigua cárcel fue «impecable e exemplar», luego tachó de «mentiras» las denuncias del PP, y estimó que tenían cero posibilidades de prosperar. El vaticinio del regidor, profesor de Derecho Procesal de la UDC, no se cumplió. Tanto el fiscal como la jueza consideran que hay indicios de un posible delito de prevaricación. El primero lo denunció, la segunda lo está investigando. Para el alcalde, Claudia Delso y la Marea Atlántica, esas actuaciones responden «a unha campaña de difamación do PP».

El concurso

Las bases «ad hoc». El gobierno local abrió un concurso público para adjudicar la gestión de usos de la antigua cárcel. Solo se presentaron dos entidades: Proxecto Cárcere, que logró 134 puntos sobre 170, y el Club Deportivo As Brigantias Roller Derby, que se quedó en 43 puntos. Los resultados no sorprendieron al PP, que ya había criticado que las bases se habían redactado siguiendo el plan de Proxecto Cárcere. La propia Delso no lo negó, y dijo que «menos mal que unhas bases para a dinamización dun espazo se parecen a un proxecto para a dinamización dun espazo».

Más tarde se supo que, además de 30 firmantes del manifiesto de la Marea y distintos cargos públicos de ese partido, en el listado de componentes de Proxecto Cárcere también figuraba el nombre de uno de los funcionarios a los que el gobierno local situó en el tribunal que evaluó las propuestas del concurso.

El resultado del proceso tampoco debió sorprender al edil de Rexeneración Urbana Xiao Varela, que el sábado 2 de septiembre del 2017 anunció en una radio que el ganador era Proxecto Cárcere. Lo hizo antes de que finalizase el concurso. El propio gobierno local reconoció seis días después que «a adxudicación da cesión aínda está en tramitación».

El PP exigió explicaciones en el pleno por las múltiples irregularidades. El entonces portavoz del PSOE, José Manuel García, declaró que era «evidente» que las bases del concurso se redactaron «ad hoc [a propósito para la ocasión]».Ciudadanos, que no tiene representación, exigió la dimisión de Varela por lo que consideró una «concesión a medida de la cárcel a una asociación de la que el propio edil es miembro». 

La respuesta

Difamación y campaña. El PSOE ha ido variando su postura sobre el caso de la cárcel, pero no lo ha hecho el partido de Xulio Ferreiro, para el que todo es una campaña de difamación del PP. Lo era cuando ese partido denunciaba las irregularidades en el pleno y lo es ahora, cuando la Justicia ve indicios de delito. El alcalde llegó a decir en noviembre del 2017 que presentaría una demanda contra los populares. Por el momento no lo ha hecho.

El alcalde y Delso dijeron ayer que se habían enterado de la imputación de la concejala por la prensa. Pero la citación judicial tiene fecha del día 21 de enero, y según fuentes municipales no suelen tardar más de un día en llegar a María Pita. Las mismas fuentes señalan que el miércoles hubo tensas reuniones en la planta noble del Ayuntamiento entre ediles del gobierno local y cargos de confianza del ejecutivo.

Inmediatamente después de la publicación ayer de la noticia de la citación judicial, la Marea lanzó en las redes una intensa campaña de apoyo a la edila. Aunque supuestamente se acababan de enterar, participaron concejales, el alcalde, partidos hermanos de la Marea, e incluso se lanzaron vídeos en defensa de la gestión del gobierno.

La situación de la cárcel

Cerrada y en ruinas. Aunque muchos de los mensajes de apoyo a Delso destacaban que el edificio se ha puesto al servicio de la ciudadanía o que tiene algún tipo de uso, la realidad es que el histórico inmueble está completamente vacío y sigue siendo víctima del deterioro. En los presupuestos del 2019 no figura ninguna partida específica para su rehabilitación o adquisición, y ayer ni Ferreiro ni Delso adelantaron que planes tienen para él.

Pese a todo, la operación ya ha tenido un coste para las arcas públicas, los 184.600 euros que se gastaron en unas obras de rehabilitación insuficientes que permitieron abrir menos de 200 metros cuadrados de un edificio que supera los 5.000. Esos trabajos no evitaron que en la mayor parte del inmueble haya riesgo de derrumbes Ante ese problema, los técnicos municipales limitaron las actividades, pero algunas, según las actas de las comisiones del Ayuntamiento, se celebraron sin permiso previo.

Las obras, además de insuficientes, llegaron tarde. No permitieron abrir la cárcel hasta agosto del 2018 ?pese a que la adjudicación de los usos se produjo a finales del 2017?, y la apertura del edificio apenas duró cuatro meses, hasta que en diciembre Proxecto Cárcere se fue por la imposibilidad de desarrollar sus planes para dinamizar el inmueble y abrirlo al público.

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