El gobierno local solicitará al Consello Consultivo la revisión de los acuerdos de Someso

Informa a la Valedora de que ha finalizado la instrucción


a Coruña / La voz

El gobierno local ha concluido la instrucción del procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de Someso, y en la actualidad está redactando una propuesta de resolución que será enviada al Consello Consultivo para que emita un dictamen al respecto.

Así lo indicó el alcalde en una respuesta a la valedora do pobo, que había solicitado información sobre el estado del procedimiento a raíz de la queja de un particular por el largo tiempo que estaban llevando los trámites.

La respuesta del alcalde cita un informe del área de Rexeneración Urbana, de la que es responsable el concejal Xiao Varela, en el que se justifica el retraso por el «enorme volume e a complexidade técnica e xurídica da documentación», porque ha requerido la intervención de «diferentes departamentos municipais», y también a causa del «grande número de persoas afectadas pola tramitación do procedemento», entre otros motivos.

Los continuos retrasos del procedimiento han provocado varias reclamaciones a la valedora do pobo, que a su vez remitió al gobierno local distintas quejas y advertencias de que estaba ignorando sus obligaciones legales al no dar respuesta a sus escritos.

Para hacerse a la idea del retraso, basta decir que la redacción del expediente se inició en verano del 2015, después de que el 30 de junio de aquel año la directora de la asesoría jurídica del Ayuntamiento redactase un informe en el que concluía que había causas suficientes para anular los acuerdos previos a la urbanización, lo que a su vez abriría la puerta a exigir responsabilidades económicas a los cargos políticos implicados en esa operación. Para ello, señalaba que el asunto debía ser elevado al Consello Consultivo para que informase.

El gobierno local tiene previsto dar ese paso ahora, cuando han transcurrido más de tres años desde la firma del citado informe.

Una muy lenta medida urgente

El largo tiempo de trámite aún llama más la atención si se tiene en cuenta que la revisión de los acuerdos de Someso era una de las medidas «urxentes» que la Marea Atlántica se comprometió a tomar en los primeros cien días del mandato. Según su programa electoral, el caso de ese polígono -tramitado entre los años 2004 y 2005 por los gobiernos locales del PSOE- «é paradigmático da política urbanística ao servizo da especulación, o pelotazo e os grandes promotores». Es además un ejemplo de las «nefastas políticas de crecemento urbanístico insostible que herdamos do pasado, co agravante dun acreditado dano patrimonial ao Concello, estimado polos propios servizos municipais en algo máis de 19 millóns de euros».

 Esa fue la conclusión de la investigación interna sobre la urbanización que se desarrolló durante el mandato 2011-2015, bajo el gobierno local del PP. Aquel expediente, instruido por funcionarios municipales, concluyó que se habían producido importantes pérdidas patrimoniales, además de sembrar numerosas dudas sobre la tramitación urbanística del polígono. Pero el informe también subrayaba que no era posible determinar responsabilidades individuales.

El asunto pasó por la Fiscalía y por los tribunales de Justicia, que en todos los casos ordenaron archivar las investigaciones por considerar que no había delito.

Finalmente, tanto el anterior gobierno local como el grupo municipal del BNG llevaron el asunto al Tribunal de Cuentas, con el fin de determinar si los responsables políticos de la urbanización debían sufragar con su patrimonio las pérdidas económicas. Ese organismo señaló que para culminar ese procedimiento antes sería preciso anular los acuerdos que permitieron la urbanización mediante su revisión de oficio. Ese es el trámite que el gobierno local inició en verano del 2015 y que ahora, si recibe el plácet del Consello Consultivo, podrá ejecutar.

Una tradicional vía de ataque al PSOE que vuelve a meses de las municipales

Las dudas sobre la urbanización de Someso, el llamado «caso Relámpago» por el equipo que perdió su campo de fútbol en esa urbanización, fue uno de los asuntos esgrimidos primero por el BNG y después por el PP para poner en duda la gestión de los gobiernos del PSOE. Pese a que hubo errores en los trámites, la Justicia descartó que hubiese delito y solo quedó abierta la posibilidad del Tribunal de Cuentas. Tras más de tres años de un parón que ha justificado por la complejidad del procedimiento, el gobierno local de la Marea Atlántica vuelve ahora a mover el asunto, cuando apenas quedan cinco meses para unas elecciones municipales en las que se disputará parte de su electorado, precisamente, con el PSOE.

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