La piqueta intensifica su actividad ante los abusos urbanísticos en la provincia

Propietarios derribaron hasta octubre 51 edificaciones ilegales a instancias de la Xunta


santiago / la voz

El aumento del control sobre los desmanes urbanísticos se está traduciendo en un incremento de las órdenes de demolición de edificaciones ilegales. En los nueve primeros meses del año se han ejecutado en la provincia de A Coruña un total de 51 demoliciones de construcciones de distinta tipología que tenían un nexo común en su condición ilegal. Desde luego, no están todas las que son, porque siguen en pie muchas edificaciones sobre las que pesan reiteradas sentencias judiciales ordenando su derribo. Pero el balance de la actividad de la piqueta sí constata que se están aplicando medidas disciplinarias en un ámbito en el que hasta hace unos años se dejaba hacer y también que va calando una concienciación urbanística que ya permite diferenciar lo que está bien de lo que es un abuso, y asumir que incumplir la ley conlleva una penalización.

 

De hecho, en los 51 casos referidos, que corresponden a las demoliciones ejecutadas entre enero y septiembre de este año, fueron los infractores los que procedieron a derribar las edificaciones ilegales (en muchos casos, galpones) a instancias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Como es obvio, en esa asunción voluntaria del derribo pesa tanto el aumento progresivo de las sanciones a las que se ven expuestos los titulares de las construcciones levantadas sin licencia o en suelo rústico como la posibilidad de acceder de ese modo a una factura más asequible por unas obras cuyo coste se dispara si es la Administración la que acomete esos trabajos.

En cuanto al tipo de ilícitos que está detrás de los procedimientos que acaban en órdenes de demolición, el balance de las ejecutadas en la provincia en los nueve primeros meses de este ejercicio detalla el predominio de municipios costeros, lo que en la mayoría de los casos apunta a una vulneración normativa por construir en suelo rústico. Y en varios de esos concellos se han dado varias demoliciones en ese período. En Porto do Son la piqueta echó abajo cinco edificaciones; en Culleredo, tres; y en Boiro, otras tres. Pero las excavadoras también actuaron en ayuntamientos del interior. En el área de Santiago destacan las tres demoliciones registradas en Compostela y las de Teo y Padrón

Resolución de expedientes

Estos resultados inciden en la tendencia al alza en el número de actuaciones disciplinarias en materia urbanística en Galicia, un ámbito en el que la APLU batió un nuevo récord durante el 2017. La Axencia realizó 1.250 inspecciones de carácter preventivo y, en el ámbito de iniciativas para la reposición de la legalidad, ejecutó más de 200 órdenes de derribo, una cifra que multiplica por cuatro las de sus primeros ejercicios de actividad. Uno de los aspectos en los que más incidencia hace la APLU es que el incremento de demoliciones no implica necesariamente que se cometan más desmanes urbanísticos, sino que se avanza en la resolución de expedientes que se habían abierto años atrás.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sostiene que nueve de cada diez expedientes están motivados por una voluntad de transgredir la norma, aunque sin tener conocimiento de las consecuencias que eso puede acarrear a los infractores.

Los alcaldes constatan la mayor concienciación de los vecinos

El balance de la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en el primer semestre del año da cuenta, en lo relativo a la reposición de la legalidad por infracción, del inicio de 36 expedientes iniciados en la provincia, 30 finalizados y 18 remitidos al ministerio fiscal. Además, la APLU ejecutó 86 multas coercitivas por importe de 295.000 euros, y contabilizó 35 demoliciones. En cuanto a los expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad por infringir la legislación de costas, la Axencia inició cuatro y concluyó ocho, e impuso 18 multas coercitivas por 28.712 euros. Los derribos en ese ámbito fueron 10. En todas estas actuaciones, los alcaldes destacan el aumento de la concienciación de los vecinos.

En el caso de Barbanza, más de la mitad de los concellos de la comarca están adheridos a la APLU, pero es en Porto do Son donde se registra el mayor número de infracciones urbanísticas, todas en viviendas vacacionales. Ello se debe en buena medida a la gran franja costera que posee el municipio, lo que durante el bum del ladrillo lo colocó como punto de destino de quienes deseaban tener una segunda residencia. Muchas edificaciones se realizaron en terrenos afectados por la ley de Costas y otras se levantaron con licencia de galpón, con lo que los propietarios se ahorraban una importante suma de dinero, pero realmente eran casitas de veraneo. El alcalde, Luis Oujo, explica que la franja litoral de Espiñeirido es una de las zonas más afectada y comenta que con la aprobación del nuevo plan xeral, hace un par de años, pudieron legalizarse algunas, pero que en otros casos fue imposible. Destaca la labor de vigilancia de la Axencia e indica que todavía quedan algunos inmuebles con expedientes abiertos que están en proceso de alegaciones.

En la Costa da Morte, la gran mayoría de construcciones derribadas en virtud de una orden de la APLU son pequeñas estructuras, del estilo fin de semana, caravanas, galpones o casas deshabitadas o de uso ocasional. La principal excepción es la vivienda tirada en marzo de este año en Bamiro, Vimianzo, a caro de su propietario, nueva y que estaba destinada a servir de vivienda principal. Como en todos los casos en la zona, los dueños son los que ejecutaron las demoliciones, para evitar más multas. 

Demoliciones con eco social

El litoral de Carballo y de Ponteceso acumula la mayor parte de las actuaciones, en pequeñas parcelas a escasos metros del mar. Durante el año 2017 se produjeron siete intervenciones, la última en Corcubión. Justo la misma cantidad que en el 2016.

La comarca de A Coruña, en la que residen más de 400.000 vecinos, también ha registrado doce demoliciones voluntarias este año, todas en el entorno metropolitano. Así, Cambre y Culleredo han empatado con tres casos en cada municipio, seguidos de dos en Miño y un caso aislado en los concellos de Aranga, Betanzos, Miño y Sada. Pese a que numéricamente no son un gran número de expedientes, las órdenes de demolición siguen causando un gran revuelo por el coste urbanístico y social que conllevan.

Sin embargo, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, reconoce que se aprecia un retroceso en este tipo de actuaciones y lo vincula a la «actuación exemplificante por parte da Administración». El regidor cullerdense considera que los vecinos tienen «máis conciencia» y asumen que tienen que tener toda la documentación en regla tanto para acometer grandes construcciones como pequeñas actuaciones, lo que evita que se sigan reproduciendo las malas prácticas.

Uno de los casos más visibles de un inmueble sobre el que pende la piqueta, y también tortuosos, es el del edificio de Fernando Macías en A Coruña. Es una vivienda que se ejecutó, pese a que antes de que se iniciase, en 1997 un arquitecto había advertido, vía denuncia, que el inmueble proyectado era ilegal. Logró que la Justicia respaldara sus tesis y ha conseguido fallos a su favor desde el 2001, en una batalla judicial que ha pasado por numerosas instancias sin que se haya avanzado en uno u otro sentido, pese a que hay sentencia firme del Supremo en el que se ordena su demolición.

El último paso es que representantes de la comunidad de propietarios del edificio de la antigua sede de Fenosa, del Ayuntamiento, así como el demandante acordaron unánimemente llevar el caso a mediación. Es una vía alternativa que se explora después de que la Justicia reconociera que las irregularidades llevadas a cabo en la reforma del inmueble, que contó con licencia municipal en su día, deben corregirse.

Información con aportaciones de las delegaciones de Barbanza, Bergantiños y A Coruña. 

Las sanciones, que van de 60.000 a 300.000 euros, acaban con el «ti vai facendo»

El refuerzo de la disciplina urbanística que comenzó a aplicarse en Galicia a raíz de la Lei do Solo 9/2002 y sus sucesivas reformas ha ido desmontando una de las teorías más arraigadas sobre la anarquía constructiva en esta comunidad, la del «ti vai facendo», que se sustentaba en una cierta connivencia o un mirar para otro lado del poder municipal respecto a las edificaciones ilegales. Ahí ha estado la clave del combate contra los desmanes, en asegurar la colaboración de los alcaldes para advertir al infractor del peaje que deberá pagar.

Porque el derribo de la edificación ilegal no es la peor consecuencia de una actuación que puede dar con el infractor en el banquillo por un delito contra el territorio o expuesto a la aplicación de un régimen sancionador que contempla multas que van desde los 60.000 a los 300.000 euros. En esa colaboración de los alcaldes y de los técnicos municipales para tratar de poner coto a las irregularidades urbanísticas también está resultando esencial la implicación de un número cada vez mayor de concellos en la propia APLU. En la provincia ya son 22 los adheridos: Ares, Arzúa, A Baña, Boimorto, Cabana, Cabanas, A Capela, Carballo, Cedeira, Cerceda, Dodro, Fene, Lousame, Miño, Mugardos, Oroso, Ponteceso, Porto do Son, Toques, Val do Dubra, Vedra y Cariño.

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