La Marea coruñesa abre un concurso de traslados que salva a los altos cargos que nombró a dedo
A CORUÑA
El gobierno local no incluye las plazas de 42 funcionarios jefes, pese a que el juez ha ordenado el cese de 25 de ellos
09 nov 2018 . Actualizado a las 14:20 h.Aunque el juez haya ordenado el «cese inmediato» de los funcionarios municipales nombrados mediante comisiones de servicio irregulares, por haber superado el plazo máximo de dos años en esa situación, lo más probable es que terminen el mandato en esos puestos. No se han producido ceses y el gobierno local ha anunciado que recurrirá esa sentencia porque «xa se está afrontando a solución», según dijo la concejala de Personal, María Eugenia Vieito, el pasado martes en un mensaje dirigido a los trabajadores del Ayuntamiento. Esa solución pasa por la convocatoria de un concurso de traslados para regularizar la situación de la plantilla del Ayuntamiento.
El concurso está recurrido por el sindicato CIG ante el propio Ayuntamiento desde el pasado mes de julio. Además, el mismo sindicato, la UGT y varios funcionarios han recurrido otro «concursillo» para otorgar ocho nuevas comisiones de servicios.
La bases de la convocatoria se publicaron el 26 de junio en el BOP, acompañadas de un anexo en el que se enumeran todas las plazas ofertadas, 227 en total. Entre ellas figuran las plazas de 11 jefes de unidad, el rango más bajo de los funcionarios jefes, pero la convocatoria no incluye ninguna plaza de la parte alta del escalafón, compuesto por los jefes de sección, los de departamento y los de servicio, que dirigen el aparato administrativo municipal y responden directamente ante los concejales o los directores de área, cargos de alta responsabilidad que son nombrados directamente por el gobierno local.
El ejecutivo de Xulio Ferreiro prometió en julio que antes de que finalice este año se convocará una segunda fase del concurso, en la que se sacarán las plazas de la parte alta de la escala.
Pero todo indica que el concurso no se celebrará antes de las elecciones. Baste señalar que la primera fase todavía no se ha resuelto, a pesar de que las bases fueron publicadas en junio. Si los tiempos se mantienen, la segunda fase difícilmente estará lista antes de las municipales.
De esa forma, el gobierno local podrá mantener el aparato administrativo que ha levantado desde mayo del 2015, haciendo uso con más frecuencia que ningún ejecutivo anterior de los nombramientos mediante comisión de servicio. Ese mecanismo está restringido por ley a casos de «urgente e inaplazable necesidad», ya que permite a los responsables políticos otorgar los nombramientos de forma totalmente arbitraria, «a dedo» en palabras del sindicato CIG, que denunció las irregularidades en el juzgado. Pero a pesar de su excepcionalidad, más de 200 funcionarios municipales, cerca del 14 % de la plantilla completa, están en comisión de servicio.
Los altos cargos
Entre esos 200 empleados públicos hay 42 altos cargos: 10 jefes de servicio, 21 de departamento y 11 de sección. La gran mayoría de ellos fueron nombrados por el actual gobierno local. Ese es el caso de los 10 jefes de servicio, seis de los cuales habrían superado el plazo de dos años en el puesto y tendrían que ser cesados y volver a su puesto anterior si se aplicase la sentencia judicial. De los 21 jefes de departamento, 15 fueron nombrados por la Marea y los otros seis vienen de mandatos anteriores y fueron renovados por el actual ejecutivo. La sentencia obligaría a cesar a esos seis y a tres de los nombrados por el actual ejecutivo local. Finalmente, de los 11 jefes de sección, seis fueron nombrados por el equipo de Ferreiro. Uno de ellos debería ser cesado, junto a los cinco renovados desde mandatos anteriores, si se aplicase la orden de cese inmediato.
Pero no parece que vaya a ser así, a la vista de la decisión de recurrir del gobierno local, que apelará a pesar de que en el juicio no presentó ningún argumento en su defensa. Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, el representante municipal se limitó a señalar que se estaba trabajando en el concurso de traslados como solución. Pero el dictamen subraya que la convocatoria no contradice el «hecho cierto» de que las comisiones que pasan de dos años son ilegales, de ahí la orden de ceses inmediatos.
Escrito de los funcionarios
De hecho, parte de la plantilla está convencida de que el gobierno local «quiere incumplir la sentencia judicial». Así lo asevera un escrito remitido a este diario por trabajadores de cinco servicios municipales, en el que denuncian que «el concurso afecta solo a los grupos inferiores de la Administración», por lo que siguen en sus puestos, incluso con la sentencia en contra, «los funcionarios en situación de comisiones de servicio ilegales de los grupos A1 y A2 y algunos puestos del C1, es decir, la práctica totalidad de los 50 funcionarios con jefaturas nombrados a dedo».
Añaden que la única explicación que se ha dado para no sacar todas las vacantes «son necesidades organizativas, es decir, que no quieren que se muevan todos los trabajadores al mismo tiempo», un problema que, señalan, no se evitará si se convoca la otra parte del proceso ahora, ya que ambas se solaparían.
Denuncian, por lo tanto, que «dividiendo en dos el concurso de traslados se mantienen las ilegales jefaturas en comisión de servicio y a la vez se argumenta ante el tribunal y la opinión pública que se está cumpliendo la sentencia de alguna manera».
Señalan además que la división deja en situación «grave» a los administrativos, el grupo C1, que quedarán excluidos de una de las dos fases, «viendo así mermadas injustamente sus posibilidades de promoción profesional en condiciones de igualdad».
Finalmente, exigen al gobierno que cumpla la sentencia y convoque un «concurso unitario» para toda la plantilla; «el hacer cualquier otra cosa sería incumplir la sentencia judicial y perjudicar a todo el personal».
