El caso de la cárcel de A Coruña, el proceso que Xulio Ferreiro veía impecable es un posible delito

El alcalde aseguró que la tramitación había sido ejemplar pese a todas las advertencias de irregularidades


A Coruña / La voz

En enero, el alcalde reiteró un mensaje que había lanzado durante meses, para contestar al PP que denunciaba presuntas irregularidades en la adjudicación de la cárcel. Ese proceso fue «impecable e exemplar», subrayó el regidor, que atribuía las denuncias a una «estratexia do PP de atacar o goberno simplemente con mentiras e difamacións». Las últimas decisiones de la Fiscalía y la Justicia han desmontado ese argumento, no se ha determinado que la adjudicación de la antigua prisión fuese ilegal, pero tanto el fiscal como la jueza afirman que hay indicios suficientes como para investigar lo ocurrido.

La estrategia del alcalde y su gobierno en relación a las denuncias sobre la cárcel fue similar a la que mantuvieron en el caso del concurso de compra de viviendas, que terminó con el Consello Consultivo obligando a anular la adquisición de dos propiedades a un firmante de la Marea por 145.865 euros. Negaron cualquier irregularidad y acusaron a los partidos de la oposición y a la prensa de lanzar campañas orquestadas de difamación.

Pese a ello, ambos asuntos están ahora en una situación diametralmente opuesta a la que vaticinaron el regidor y su partido: con dictámenes y resoluciones de instituciones externas al Ayuntamiento que han confirmado graves irregularidades administrativas, en el caso de los pisos; o indicios de un delito penal -prevaricación- en la cárcel.

Las posibles irregularidades en la adjudicación de la antigua prisión se denunciaron a partir de septiembre del 2017, cuando trascendió que más de 30 firmantes del manifiesto de la Marea Atlántica aparecían en el listado de miembros de Proxecto Cárcere. Entre ellos los concejales María García, Xiao Varela y Rocío Fraga, además de la asesora de Claudia Delso -la edila que firmó la adjudicación-, o el jefe de gabinete del alcalde. La lista también incluía al diputado Antón Gómez-Reino, que acaba de presentar su candidatura para liderar Podemos Galicia, o a un funcionario municipal que, según denunció el PP después, había formado parte del tribunal que valoró las dos ofertas presentadas al concurso para gestionar la antigua prisión provincial.

Tras hacerse pública esa información, el gobierno local emitió un comunicado diciendo que sus ediles no eran miembros de la entidad, aunque se reconocía que Rocío Fraga había estado en ella hasta septiembre del 2016, cuando ya era concejala. Por su parte, Proxecto Cárcere retiró el listado de su página web, y colgó uno nuevo «actualizado» en el que seguían figurando varios firmantes del manifiesto de la Marea. La antigua lista siguió siendo accesible a través de la copia que estaba incluida en el plan de viabilidad de la asociación.

En las semanas siguientes el PP denunció más irregularidades, que el gobierno local y el alcalde negaron por sistema.

Los populares finalmente acudieron al Contencioso. El expediente administrativo de la adjudicación fue remitido a esos juzgados, entre los documentos figuraba el citado plan de viabilidad. Pero el Ayuntamiento lo envió mutilado, sin el listado de miembros en el que figuraban los citados ediles y asesores y otros apartados. La falta de esas 35 páginas, de la 19 a la 54, es uno de los indicios que cita la Fiscalía en su denuncia por prevaricación. Claudia Delso explicó ese hecho diciendo que «ten que ver con cuestións administrativas».

La noticia de la denuncia del fiscal fue recibida con alarma entre la oposición, mientras que la Marea puso en duda el trabajo del Ministerio Público, criticando en las redes que no se les hubiese enviado un aviso de que iban a ser denunciados. Esa queja causó cierta sorpresa, ya que según fuentes jurídicas la Fiscalía no tiene obligación alguna de advertir a los denunciados. Si considera que se ha producido un posible delito debe trasladarlo a los juzgados que en este caso consideran que hay suficientes indicios de delito como para investigar.

El código de la Marea obliga a dimitir a los imputados si actuaron al margen del partido

El código ético de la formación que lidera Xulio Ferreiro afirma que «os cargos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e cargos directivos (...) comprométense a renunciar de forma inmediata ante a imputación xudicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecemento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno e malversación e apropiación de fondos públicos, sexa por interese propio ou para favorecer a terceiras persoas».

El código explica además que «entenderase por imputación xudicial a existencia dunha resolución motivada onde un xuíz estime a existencia de indicios racionais de delito»; y añade una salvedad a esas normas en su última línea: «Non será causa de dimisión ou cesamento a imputación resultado dunha actuación política expresa e previamente autorizada pola Marea Atlántica».

La concejala de Participación

El auto de la magistrada que investiga el asunto no señala a ninguna persona aún por el presunto delito de prevaricación. De hecho, en su segundo punto argumenta la necesidad de abrir diligencias «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido».

Pero es muy probable que, de acuerdo al escrito de la Fiscalía, tenga que declarar la concejala de Participación, Claudia Delso, que firmó la adjudicación de la antigua prisión a Proxecto Cárcere.

Si la jueza la llamase a declarar en calidad de investigada, como se denomina ahora a los imputados, se darían las circunstancias citadas en el código ético. Pero la concejala podrá aducir que fue autorizada por su partido, ya que el programa de la Marea recogía la «asunción das reivindicacións do colectivo Proxecto Cárcere de conversión do espazo nun centro cultural de xestión veciñal».

Preguntada al respecto de su posible dimisión en la comisión de Participación celebrada el pasado lunes, la edila respondió que «o que corresponde é ter contrastada a cuestión» y que «non é momento de adiantar acontecementos», según recoge el acta.

La jueza investigará a la Marea por presunta prevaricación en la adjudicación de la cárcel

Xosé Gago

El auto judicial afirma que los hechos «hacen presumir la posible existencia de delito»

El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha acordado incoar diligencia previas para investigar un posible delito de prevaricación administrativa en la decisión del gobierno local de la Marea de adjudicar la gestión de la antigua prisión provincial a la asociación Proxecto Cárcere.

La decisión de la magistrada se produce a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que considera que de los hechos «parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad», lo que podría suponer un posible delito de prevaricación.

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