La última bala contra el derribo del edificio de la antigua sede de Fenosa

Los tribunales entraron en el «rehabilitado» edificio de Fernando Macías antes que las personas. La vieja sede de Fenosa no tenía ni puertas en 1997 cuando comenzaron las obras de su rehabilitación y un arquitecto llamado Valentín Souto presentó una denuncia al entender que el proyecto era ilegal. La Justicia comenzó a darle la razón en el 2001. Ahí empezó una batalla judicial que aún no terminó pese a que el Tribunal Supremo ordenó su demolición. En teoría, no había marcha atrás. Pero ahora, el Ayuntamiento planteó al TSXG una última baza para evitarla y se la concedieron. Se trata de una mediación en la que se sentarán alrededor de una mesa la comunidad de propietarios, el Ayuntamiento y el demandante, al que tendrán que convencer de una solución que contente a todos. Será difícil. El denunciante es firme. Irá al encuentro, pero con ningún otro propósito que no sea el de que se cumpla la sentencia. Si eso finalmente ocurre, dejaría sin vivienda o negocio a un centenar de personas o familias y para las arcas municipales sería una hecatombe. 

Valentín Souto: «No sé qué alternativas puede haber, la sentencia quedó perfectamente clarificada»

E. E.

¿En qué se basó la denuncia de 1997?

El arquitecto coruñés Valentín Souto, que había presentado un proyecto de rehabilitación de la antigua sede de Fenosa, después de que la compañía vendiese el edificio a Fadesa, se encontró con el rechazo de su plan. Al ir a comprobar la licencia otorgada por la corporación municipal detectó numerosas irregularidades que iban contra las leyes urbanísticas de entonces. Lo peor de todo, un incremento de 2.500 metros de superficie construida. 

¿Qué hizo la Justicia?

De todo. A veces le daba la razón a unos y en ocasiones a otros. En principio, en el 2001, cuatro años después de presentada la denuncia, se ordenó devolver el edificio a como era antes de la concesión de la licencia. A partir de ahí y hasta el año pasado, cuando el Supremo se pronunció a favor de la demolición sin posibilidad alguna de frenarla, hubo un litigio que cumplió 21 años. Con autos o fallos a favor de una parte y de la otra. Todo ello le supuso al denunciante un desembolso económico muy importante, pues tuvo que afrontar todos los recursos que hubo, que fueron decenas. 

¿Qué hicieron los vecinos y el gobierno local para evitar la demolición?

Primero, defender, sin lograrlo, la legalidad del edificio. Luego intentar convencer a los distintos tribunales de que el derribo no era factible. En el 2013 se adaptó el PGOM a las características del inmueble. También se presentó un proyecto para eliminar los elementos ilegales, que incluía decir adiós a los torreones redondos de los laterales, suprimir los que están adornados con frontones triangulares de estilo clasicista en la fachada principal, y convertir las estructuras semicirculares de la planta más alta en galerías horizontales. Los tribunales no lo aceptaron. Y a finales del 2017 el Supremo dijo «hasta aquí llegamos». Sin posibilidad ya de recurso alguno ordenó su demolición inmediata, rechazando cualquier obra de reforma. 

¿Cómo es posible que el Supremo ordene el derribo y el TSXG plantee ahora una mediación?

Pese a que el Supremo está por encima del TSXG, la Ley lo permite. La mediación intrajudicial es un medio alternativo de resolución de conflictos en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la base de una propuesta elaborada por un tercer mediador. Se puede plantear al principio o al final de un litigio, como es el caso. Fueron los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que solicitaron al Tribunal gallego que posibilidad de la mediación. 

¿Qué ofrecen los vecinos y el Ayuntamiento?

Desde el año pasado, cuando se notificó la sentencia del Supremo que obligaba a devolver el inmueble al estado al que estaba antes de las obras de 1997, la asesoría jurídica del Ayuntamiento analizó qué pasos dar para tratar de evitar la demolición. Además de sopesar la solicitud al Supremo de analizar más ampliamente el recurso que había presentado, estudió la posibilidad de trasladar el problema al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Finalmente se ha decantado por la petición de mediación. Ayer, el alcalde dijo que se busca «a mellor fórmula para executar a sentenza e preservar o interese público e tamén o dos afectados. O obxectivo é cumprir a sentenza, ver as posibilidades legais e dotar de seguridade xurídica, que diga cal vai ser a fórmula de execución de sentenza con seguridade á hora de facelo». 

¿Qué opina el denunciante?

Que lo único que buscan es «ganar tiempo y esperar a que me muera». Insiste en que la sentencia es clara y firme y no hay otra salida.

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