La Marea asume que la compra de cinco pisos es nula cuando ya tienen inquilinos

El gobierno local gastó 318.255 euros en ellos y dice desconocer cuánto costará resolver el fiasco

Imagen de la reunión de la Comisión de Urbanismo
Imagen de la reunión de la Comisión de Urbanismo

a Coruña / La voz

El gobierno local avanzó ayer en los trámites para anular cinco de las seis propiedades que adquirió mediante el concurso de compra de vivienda para uso social.

Ya es seguro que dos inmuebles, una oficina situada en la calle Joaquín Martín Martínez y una vivienda en la calle Santander, serán devueltos a su dueño, Toni Lodeiro, un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica al que se pagaron 145.865 euros. La devolución es obligada porque el Consello Consultivo ha emitido dictámenes que obligan a anular la operación tras detectar irregularidades en el proceso.

La devolución del primero de ellos, que costó 54.575 euros, es la que está más avanzada, y ayer se aprobó declarar la nulidad de su compra. El vendedor podrá recurrir esa decisión e incluso podría reclamar daños y perjuicios.

El de la calle Santander, por el que se pagaron 91.290 euros, va más retrasado. El motivo es que el gobierno local se opuso a anular la compra pese a las insistentes denuncias de la oposición de que hubo irregularidades. Finalmente, a instancias del PP se celebró un pleno que obligó al ejecutivo de Xulio Ferreiro a llevarlo también al Consultivo. Esa institución corroboró que se vulneró la normativa en el proceso de compra. Ayer la junta de gobierno tomó conocimiento de su decisión y aprobó enviar una propuesta al Consello Consultivo para anular esa transacción.

Además, el gobierno local decidió iniciar los trámites para revisar la compra de otros tres inmuebles situados en la calle Barrera (69.230 euros), calle Fe (51.480 euros) y Almirante Mourelle (51.680 euros), ya que comparten algunas de las irregularidades detectadas en las propiedades del firmante de la Marea.

Los trámites para anular esas adquisiciones todavía se prolongarán durante meses, ya que requerirán el desarrollo de expedientes en el Ayuntamiento y nuevos requerimientos al Consello Consultivo. Todo ello suponiendo que los propietarios afectados no deciden recurrir a los tribunales, ya que la decisión de anular la compra no solo supone que se les devuelvan sus propiedades, sino que deberán restituir el dinero al Ayuntamiento, y algunos podrían haberlo gastado al considerar, como insistía el Ayuntamiento, que todos los tramites habían sido correctos.

 

Sin costes ni plazos exactos

Las incógnitas son tantas que el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que presidió ayer la comisión de Urbanismo para dar explicaciones a la oposición sobre los dictámenes del Consultivo, no pudo precisar al socialista José Manuel Dapena cuándo está previsto acabar los trámites.

Varela tampoco le facilitó datos del desembolso total que deberá hacer el Ayuntamiento. Por el momento ha gastado 318.255 euros en las cinco viviendas que ahora prevé devolver. Debería recuperar esa cantidad, pero tendrá que abonar gastos en notarías, comunidad y derramas, además de otros desembolsos administrativos y las posibles compensaciones a los propietarios afectados. Todo está por determinar.

Esos son por ahora los resultados del concurso, además de la adquisición de una sexta vivienda, en Agra da Bragua, cuya compra no está en duda. Esa operación supuso incrementar el parque de vivienda municipal en menos de un 0,25 %, ya que cuenta con más de 400 propiedades.

La decisión del gobierno local de revisar las viviendas llega tras casi ocho meses de polémica, ya que el ejecutivo prefirió ignorar todas las advertencias de irregularidades, que se remontan a finales de enero, y que resultaron ser ciertas a pesar de que el alcalde las tachó de forma reiterada de «campaña de infamias».

La decisión se produce además cuando alguno de los inmuebles tiene inquilinos. Así se le confirmó ayer al portavoz del PSOE, José Manuel García, cuando preguntó a ese respecto en la junta. El gobierno no precisó más los datos, ya que no estaba presente la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, pero sí aclaró que al menos uno de los pisos de los que ahora se inicia el expediente de anulación de compra ya tiene uso como vivienda social.

El pleno debatirá el miércoles

La junta de gobierno local en la que se aprobó iniciar la revisión de las compras fue extraordinaria y urgente. Además, el ejecutivo ha convocado para el miércoles el pleno que forzó ayer el PP para exigir responsabilidades políticas. La celeridad con la que se ha convocado contrasta con la lentitud con la que se tramitó el anterior pleno por el asunto -tuvo que hacerlo el secretario al superarse el plazo máximo de 15 días-. La propuesta del PP también insta al gobierno local a recuperar el dinero invertido en los dos pisos del firmante de la Marea lo antes posible y sin coste para el Ayuntamiento.

La asamblea de la Marea también cuestiona el trabajo de los funcionarios

La asamblea (Rede) de la Marea Atlántica emitió ayer un comunicado en el que atribuye los problemas legales del concurso de compra de vivienda a «erros humanos que se produciron na valoración das vivendas», un trabajo que hicieron los funcionarios municipales, mientras que subraya que los concejales implicados en el concurso, Xiao Varela y Alberto Lema, «non interviñeron de ningún xeito no proceso técnico e independente». Según el comunicado, los dos ediles pusieron su cargo a disposición de la asamblea, que les respaldó de forma unánime para que no dimitan.

El comunicado no indica ni cuándo, ni en qué lugar, ni cuántas personas acudieron a la citada asamblea. Tampoco explica si se trataron otros asuntos. La convocatoria de la asamblea tampoco se hizo pública previamente en ningún momento. El comunicado termina señalando que el concurso de compra de vivienda «fíxose con erros, que non poden repetirse, pero unha intención que si paga a pena conservar».

El mensaje de la Rede llega en medio de la indignación de la plantilla municipal por ser responsabilizados del fiasco por el gobierno local, y pese a que la única dimisión hasta hoy es de una jefa de servicio. También llega tras tres días en los que toda la oposición ha exigido a los ediles que asuman responsabilidades.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, reiteró su exigencia de que los dos deben dimitir, y también responsabilizó al alcalde de que las irregularidades, «que son de primero de Derecho», no se subsanasen con anterioridad, lo que ahora obligará a invertir más tiempo y fondos para resolverlas.

Gallego reiteró que su partido llevará el asunto a los tribunales por la vía penal, con el fin de que se depuren todas las responsabilidades por el «escándalo».

El socialista José Manuel Dapena insistió en que los dos concejales de la Marea deben dimitir y no desviar su responsabilidad hacia los funcionarios. Dapena recordó que los ediles tenían que haber supervisado el procedimiento, y que firmaron las resoluciones y la compra de las viviendas sin hacerlas públicas y antes de que finalizase el plazo para presentar recursos a ellas.

La nacionalista Avia Veira no exigió las dimisiones de forma explícita, pero insistió en que deben ser la propia Marea Atlántica la que determine cómo van a depurar su responsabilidad los dos concejales, a la vista de las «tantas leccións de ética e estética» que dio el partido de Xulio Ferreiro antes de llegar al gobierno.

Xiao Varela: «O concurso de compra de vivenda foi un fracaso»

Eduardo Eiroa

O concelleiro de Rexeneración Urbana asegura que nunca houbo inxerencias políticas no proceso e entende que o erro foi dos funcionarios

O concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, foi o responsable de poñer en marcha o concurso de vivenda. A oposición pide a súa cabeza polo fiasco no proceso, pero Varela insiste en que se trata dun erro dos funcionarios. Desde que se coñeceron os ditames do Consello Consultivo el foi a única cara visible do goberno local para dar explicacións sobre o acontecido.

 -Por que se insistiu durante meses en que todo estaba ben cando a oposición estaba a sinalar os erros?

-Non negamos durante meses nin tiñamos indicios cando a polémica comezou. No momento en que empezamos a verificar que así era, sempre o recoñecemos. O que non queriamos de inicio era poñer na picota aos funcionarios. É patente que houbo erros, pero foron no procedemento, e os funcionarios traballan nun ámbito de presión e cunha ausencia de recursos importante.

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