Negar los hechos, descalificaciones, expedientes a medida y cero dimisiones
A CORUÑA
Oprocedemento para a elección dos inmobles a adquirir seguiu de forma rigorosa as bases», contestó el gobierno local a La Voz el 1 de febrero. La respuesta se demoraba desde el 24 de enero, cuando este periódico publicó que el Ayuntamiento había comprado dos inmuebles a un firmante del manifiesto de la Marea con el fin de destinarlos a vivienda social.
Esa fue la primera estrategia del gobierno local: negar cualquier irregularidad. Pero en las semanas siguientes empezó a derrumbarse cuando se hizo público que, de acuerdo a la documentación registral, los inmuebles no cumplían las medidas que marcaban las bases del concurso en el que fueron adquiridas, o que una de ellas ni siquiera estaba registrada como vivienda, sino que figuraba como local comercial.
La oposición se hizo eco de esas informaciones, y exigió explicaciones. La respuesta del gobierno local fue enrocarse y negar cualquier irregularidad, dar explicaciones a cuentagotas, y descalificar tanto a la prensa como a sus oponentes políticos.
Esa campaña arrancó a primeros de febrero, y duró semanas. La Marea, a través de sus cuentas oficiales, habló de «campaña de difamación», o de intentos de «enlamar» un proceso «limpo» para ayudar a los desfavorecidos. Xiao Varela describió las críticas como una «caza» o una «execución mediática» y acusó a la oposición de «usar a mentira». El 5 de marzo, el alcalde denunció una «estratexia patética» para «difamar e insultar» al gobierno local y aseguró que el tema no daba para más. El regidor llegó a poner en duda la capacidad profesional del socialista José Manuel Dapena, que es abogado, cuando denunció supuestas irregularidades. Tanto él como otros ediles del PSOE y el PP fueron objeto de insultos y descalificaciones lanzadas en la Red desde cuentas anónimas o personales. El blanco más recurrente fue la portavoz del PP, Rosa Gallego, y la Marea llegó a publicar un vídeo manipulado de una de sus ruedas de prensa acusándola de desvelar la ubicación de una futura vivienda social.
Ya no lo será, porque a la vista de las informaciones y de la presión de la oposición, el gobierno local decidió remitir el expediente a la asesoría jurídica, que detectó «incumplimientos» y «vicios» que impiden que tenga uso como vivienda. Su informe se conoció el 10 de abril. Basándose en él, el gobierno local pretendió enviar solo la compra de un piso -el que adquirió más barato- al Consello Consultivo para ver si era posible anularlo. Pero el pleno obligó a enviar los dos.
La oposición resultó tener razón. El Consultivo ha dictaminado que ambas compras son nulas, y en su informe reprocha que se encargasen informes a posteriori y ad hoc para tratar de «encaixar no concurso un eventual incumprimento das bases».
Tras lo ocurrido, solo una funcionaria ha pedido ser relevada. El alcalde dice que no habrá más responsabilidades por la compra irregular de dos propiedades a un fundador de su partido.