El Consultivo tumba la compra irregular de dos pisos a un afín a la Marea por «vicio esencial»

El órgano critica que se hicieran informes «ad hoc» para justificar las dos adquisiciones


A Coruña / La Voz

Los 145.865 euros que el Ayuntamiento pagó por dos propiedades a Toni Lodeiro Zas, uno de los promotores de la Marea, deberán ahora ser reclamados al vendedor, pues esa transacción no se ajustó a la normativa, algo que el gobierno local negó de forma reiterada durante meses. El Consello Consultivo acaba de anular, por la «concorrencia dun vicio esencial», la compra de los dos inmuebles, que el consistorio pretendía destinar a viviendas sociales cuando no cumplían las condiciones requeridas para ello.

El órgano, cuyos dictámenes son vinculantes, determina que tanto la oficina de la calle Joaquín Martín Martínez como el apartamento de la calle Santander se adquirieron incumpliendo las bases que el propio gobierno local de la Marea había establecido para el concurso.

En ese procedimiento el Ayuntamiento compró seis propiedades, dos de ellas eran de Lodeiro Zas, uno de los impulsores de la Marea y asesor del gobierno de Ada Colau en Barcelona, que ya avanzó que pedirá daños y perjuicios.

Las dos resoluciones del Consultivo son distintas. En el caso de Joaquín Martín Martínez el consistorio proponía ya la nulidad, pero no en el de la calle Santander. El Consello confirma la primera de ellas y contradice el informe de la directora de la asesoría jurídica, Marta García, en la segunda, determinando también que esa compra es nula.

En los dos casos emplea argumentaciones similares: «Se estaría a producir unha creba, clara e evidente, do espírito, letra e finalidade das bases, no caso de que se formalizase unha adquisición dunha vivenda que non cumpre os requisitos prefixados nas mesmas», dice, y considera que actuando de ese modo, como se hizo, «resultaría discriminatorio con propietarios con vivendas similares que non concorreron ao concurso».

Aunque en los informes remitidos desde el Ayuntamiento tras exigirlo en pleno toda la oposición se detallan hasta 17 posibles irregularidades, el Consultivo se limita a estudiar una en cada caso. Cada uno de esos motivos resulta suficientemente grave como para anular el procedimiento y el estudio de esas causas y «fan innecesario o análise do resto das causas invocadas por outros interesados no procedemento de revisión». Es decir, el Consello no dice que no haya más motivos de nulidad, sino que con los dos analizados, basta.

ÁTICO DE LA CALLE JOAQUÍN MARTÍN MARTÍNEZ (54.575 EUROS)

Las normas de edificación exigen una altura mínima de techos de 2,50 metros, pero el inmueble se compró sin alcanzar esa medida.

PISO DE LA CALLE SANTANDER (91.290 EUROS)

Las bases exigían que todos los dormitorios fueran exteriores y se compró la vivienda incumpliendo ese requisito.

Un local comercial

En el caso de la calle Joaquín Martín Martínez el consistorio adquirió una propiedad registrada como oficina y local comercial, no como vivienda, que además no se podía convertir porque incumplía, al menos, la altura mínima de los techos, que no llegaban a los 2,50 metros.

En el caso de la calle Santander, uno de los dormitorios carecía de ventana al exterior, cuando las bases del concurso exigían que la tuviera. Por ese mismo motivo el Ayuntamiento anulará también la venta de un tercer inmueble, en la calle Barrera, que pasó sin cumplir ese requisito. Con los dictámenes del Consultivo el gobierno local, dijo ayer Xiao Varela, tiene dudas además en otros dos casos, que también remitirá a ese órgano para su estudio. Así, de los seis pisos comprados en el plan de vivienda, finalmente solo uno, por ahora, es firme. Los de las calles Cee y Almirante Mourelle serán también revisados.

El gobierno local detecta ahora los problemas de ese concurso. «Entendo que non foron outra cousa que erros, serios, pero erros», decía ayer Varela, quien aseguró que «ningunha das decisións que se tomaron neste procedemento tiveron nada que ver con persoas particulares», apuntó en alusión a Lodeiro Zas, el afín a la Marea que aportó la tercera parte de las propiedades adquiridas por el consistorio en el plan de vivienda.

Aunque el gobierno local reconoce ahora los errores, no lo hizo durante meses. La Voz avanzó en enero las posibles irregularidades y en febrero hizo público que el consistorio había comprado uno de los pisos sin acreditar que se podía convertir en vivienda, que estaba registrado como oficina y que no daba la medida mínima exigida, entre otras cosas. El gobierno local negó cualquier irregularidad y retrasó el pleno que pedía la oposición para que diera aclaraciones. Mientras, encargó diversos informes para tratar de justificar las compras pese a los incumplimientos. A esos documentos se refiere también el Consultivo: «Tampouco nos parece unha boa práctica solicitar con posterioridade á valoración da comisión informes ad hoc, a través dos que encaixar no concurso un eventual incumprimento das bases», indica el órgano.

«Se cometeron erros humanos na comisión técnica e no procedemento de valoración», dijo ayer Xiao Varela tras negarlos durante meses. Varela indicó que el objetivo del concurso era «unha política pública de vivenda na que seguimos crendo», y dijo que el gobierno local trabaja ya en las nuevas bases.

Negar los hechos, descalificaciones, expedientes a medida y cero dimisiones

X. Gago

O procedemento para a elección dos inmobles a adquirir seguiu de forma rigorosa as bases», contestó el gobierno local a La Voz el 1 de febrero. La respuesta se demoraba desde el 24 de enero, cuando este periódico publicó que el Ayuntamiento había comprado dos inmuebles a un firmante del manifiesto de la Marea con el fin de destinarlos a vivienda social.

Esa fue la primera estrategia del gobierno local: negar cualquier irregularidad. Pero en las semanas siguientes empezó a derrumbarse cuando se hizo público que, de acuerdo a la documentación registral, los inmuebles no cumplían las medidas que marcaban las bases del concurso en el que fueron adquiridas, o que una de ellas ni siquiera estaba registrada como vivienda, sino que figuraba como local comercial.

La oposición se hizo eco de esas informaciones, y exigió explicaciones. La respuesta del gobierno local fue enrocarse y negar cualquier irregularidad, dar explicaciones a cuentagotas, y descalificar tanto a la prensa como a sus oponentes políticos.

Esa campaña arrancó a primeros de febrero, y duró semanas. La Marea, a través de sus cuentas oficiales, habló de «campaña de difamación», o de intentos de «enlamar» un proceso «limpo» para ayudar a los desfavorecidos. Xiao Varela describió las críticas como una «caza» o una «execución mediática» y acusó a la oposición de «usar a mentira». El 5 de marzo, el alcalde denunció una «estratexia patética» para «difamar e insultar» al gobierno local y aseguró que el tema no daba para más. El regidor llegó a poner en duda la capacidad profesional del socialista José Manuel Dapena, que es abogado, cuando denunció supuestas irregularidades. Tanto él como otros ediles del PSOE y el PP fueron objeto de insultos y descalificaciones lanzadas en la Red desde cuentas anónimas o personales. El blanco más recurrente fue la portavoz del PP, Rosa Gallego, y la Marea llegó a publicar un vídeo manipulado de una de sus ruedas de prensa acusándola de desvelar la ubicación de una futura vivienda social.

Ya no lo será, porque a la vista de las informaciones y de la presión de la oposición, el gobierno local decidió remitir el expediente a la asesoría jurídica, que detectó «incumplimientos» y «vicios» que impiden que tenga uso como vivienda. Su informe se conoció el 10 de abril. Basándose en él, el gobierno local pretendió enviar solo la compra de un piso -el que adquirió más barato- al Consello Consultivo para ver si era posible anularlo. Pero el pleno obligó a enviar los dos.

La oposición resultó tener razón. El Consultivo ha dictaminado que ambas compras son nulas, y en su informe reprocha que se encargasen informes a posteriori y ad hoc para tratar de «encaixar no concurso un eventual incumprimento das bases».

Tras lo ocurrido, solo una funcionaria ha pedido ser relevada. El alcalde dice que no habrá más responsabilidades por la compra irregular de dos propiedades a un fundador de su partido.

El concejal de Urbanismo no dimite y echa la culpa a los funcionarios

Cae Natalia Codesal, responsable del área de Rehabilitación e Vivenda

E. Eiroa

El día en que todos los grupos empezaron a exigir responsabilidades políticas la Marea evitó asumir ninguna. El concejal de Rexeneración Urbana -área en la que se gestó el concurso-, Xiao Varela, compareció ayer, en solitario, para dar explicaciones. El caso se ha cobrado una víctima, la jefa de servicio de Rehabilitación y Vivenda, Natalia Codesal, quien, según Varela, pidió ayer dejar el cargo, algo que tanto él como el alcalde, Xulio Ferreiro, aceptaron.

Una vez más Varela responsabilizó de lo ocurrido a los funcionarios, alabó su trabajo y su entrega, pero apuntó a ellos como únicos responsables de unos errores que él mismo había negado en numerosas ocasiones. «O alcalde ten a miña dimisión nas súas mans todos os días, el o sabe. O meu cargo está á súa disposición día si e día tamén. Neste caso, despois de falar con el, estendemos que é claro que a responsabilidade é funcionarial, de procedemento, e polo tanto a miña responsabilidade ten que ser que o próximo concurso de compra de vivenda sexa exitoso e non sufra dos erros desta primeira convocatoria». Así, Varela sí asumiría su parte si el segundo concurso saliese mal, pero no en el primero.

Tras negar durante meses error alguno, pese a las evidencias publicadas, al pleno y a las tres comisiones de transparencia convocadas por la oposición, el edil aseguró ayer que los dictámenes del Consultivo no suponían ahora «unha sorpresa» porque, aseguró, «coinciden con algún dos postulados do informe da asesoría xurídica».

Afirmó que antes defendió otra postura porque carecía de información sobre lo que había ocurrido. «Mentres non tivemos datos efectivos confiamos no criterio e no proceder dos funcionarios», dijo, insistiendo en que lo primero que hicieron «foi confiar no traballo dos funcionarios».

El alcalde, Xulio Ferreiro, siguió insistiendo tras la anulación de la compra de los pisos en la existencia de una suerte de conspiración: «Detrás disto hai, en primeiro lugar, un intento de manipulación e utilización política dunha cuestión puramente administrativa, de erros que se cometeron. Todos somos humanos. Evidentemente, quen non cambia nada, quen está conforme con que a vivenda sexa un ben especulativo, quen decide non intervir no mercado da vivenda, non comete erros», aseguró Ferreiro, quien considera que «non hai ningunha razón para que Xiao Varela teña que dimitir».

El proyecto en el cual se enmarca la compra de dos propiedades a un afín al partido estaba pensado para aumentar el parque de vivienda pública. El Ayuntamiento es titular en A Coruña de algo más de 400 pisos. El plan de vivienda de la concejalía pretendía añadir seis más a esa lista para resolver los problemas residenciales en la ciudad. Ahora, tras los «erros» detectados, serán tres en el mejor de lo casos, y uno solo en el peor, los pisos que la Marea añada durante este mandato para resolver en la ciudad la falta de vivienda para colectivos desfavorecidos.

La oposición exige al gobierno que haya consecuencias políticas más allá de la marcha de la jefa de servicio

Toda la oposición criticó ayer al gobierno local por su postura en el caso de los pisos, por sus cambios de parecer y por la falta de transparencia en todo el proceso. Ayer, mientras el gobierno repartía copias de los dictámenes del Consello Consultivo en rueda de prensa, los partidos políticos todavía no habían tenido acceso a ese documento, pese a que lo habían solicitado.

PP

Acciones jurídicas. La portavoz popular, Rosa Gallego, aseguró ayer que su partido «no va a consentir que salga un solo euro de las arcas públicas municipales para la compra de los dos inmuebles», dijo. El Ayuntamiento reclamará el dinero pagado, pero no está claro si podrá recuperarlo o no. Además, el vendedor de los pisos ya avanzó que pedirá daños y perjuicios si eso sucede. La edila criticó que «la Marea intentara tapar el caso con un informe jurídico hecho a medida», y recordó que su partido tuvo que forzar un pleno para que el caso llegara al Consultivo. Además, los populares avanzaron que a la vista de lo hecho por ese órgano están estudiando plantear acciones jurídicas en los tribunales para que sean estos, más allá del ámbito administrativo, los que aclaren las responsabilidades que pueda haber en ese caso. Gallego recordó que finalmente el Consultivo les dio la razón en sus tesis.

PSOE

Rendición de cuentas. El PSOE pedirá al alcalde, Xulio Ferreiro, y al concejal Xiao Varela que rindan cuentas de lo ocurrido con el caso de los pisos. Los socialistas se ponen como ejemplo de transparencia y responsabilidad citando el caso de la dimisión de la ministra de Sanidad por su máster. «El PSOE exigirá al gobierno local el máximo rigor en la observancia de la resolución del Consello Consultivo y la asunción de los principios de equidad y transparencia que ellos mismos propugnaron», dice.

BNG

Libre concurrencia. Los nacionalistas recordaron que su grupo ya había advertido de que se estaba vulnerando el principio de libre concurrencia en el concurso al aceptarse pisos que no cumplían con las bases. Su portavoz, Avia Veria, se preguntaba ayer si «é xusto que unicamente asuma responsabilidades e dimita a xefa de Rehabilitación e Vivenda», aludiendo a los cambios de parecer del gobierno local sobre el asunto y a su falta de medidas tras los muchos avisos dados.

Las irregularidades

Ático en Joaquín Martín Martínez

  1. Figura como «local comercial» en el registro y como «oficinas» en el catastro.
  2. Fue escriturado como local comercial y no como vivienda por el Ayuntamiento.
  3. No cumple la superficie útil mínima ni en su conjunto ni la del dormitorio principal.
  4. El vendedor no era el titular registral del inmueble cuando presentó la oferta.
  5. Figuraba con una carga hipotecaria cuando se presentó la oferta de venta.
  6. El Ayuntamiento ordenó tasarla como vivienda aunque fuese un local comercial.
  7. Fue pagada a precio de vivienda aunque estaba registrada como local comercial.
  8. No estaba garantizado que pudiese ser vivienda cuando lo compró el Ayuntamiento.
  9. Su altura máxima no podrá alcanzar, ni después de ser reformado, el mínimo para cumplir las normas de habitabilidad.*

Piso en la calle Santander

  1. No cumple la superficie útil mínima total que requerían las bases del concurso.
  2. El vendedor no era el titular registral del inmueble cuando presentó la oferta.
  3. No tiene ventanas a la vía publica en su dormitorio, solo a un patio interior.*

Denunciadas por la oposición. *Detectadas por la asesoría jurídica municipal.

 

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