El Ayuntamiento relaja la presión sobre la eliminación de pintadas

La media de metros limpiados cayó al mínimo en la primera mitad del mandato

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A Coruña / La voz

A pesar de que es una de las principales quejas de los vecinos, el Ayuntamiento relajó los trabajos de limpieza de pintadas durante los últimos años, según se concluye de los datos publicados por María Pita en sus memorias de gestión. En los dos primeros años de mandato del gobierno de la Marea, el 2015 y el 2016, la media de metros cuadrados de fachadas en los que se eliminaron grafitis asciende a 8.470. Esa cifra contrasta con los 10.124 metros cuadrados que se limpiaron de media entre el 2011 y el 2014, bajo el anterior gobierno del PP; o los 15.584 adecentados entre el 2007 y el 2010, con el bipartito PSOE-BNG. Es más, la cifra de metros limpiados en los años 2015 y 2016 nunca supera los 8.600, mientras que en el mandato anterior solo se bajó de los 10.000 metros un año, el 2014.

Solo en el 2009 y el 2010, con apenas 9.100 metros, se limpiaron menos fachadas que en el 2015 y el 2016, pero la media del gobierno PSOE-BNG se incrementa de forma notable gracias a los dos primeros años de mandato, en los que se adecentaron más de 25.000 metros cuadrados de pared por ejercicio. En las memorias anteriores al 2006, correspondientes a los gobiernos de Francisco Vázquez, no se especifica ese dato, pero en ese ejercicio -en el que el exregidor socialista gobernó unos meses- se registró la cifra más elevada de pintadas eliminadas en la última década: 32.820 metros cuadrados.

La proliferación de pintadas es un problema que afecta a todos los barrios de la ciudad, incluso al casco histórico. Esa zona está protegida por un plan específico, el Pepri, aprobado por el Ayuntamiento en el 2015, que hace hincapié en el «tratamento da cor» de los edificios, y «establece os criterios xerais para un desenvolvemento cromático no tratamento da arquitectura».

Un plan específico

El plan apuesta por el uso de carpinterías de madera y otros materiales acordes con el entorno, y limita el despliegue de publicidad para evitar romper con el medio ambiente urbano. Los propietarios se exponen a sanciones si incumplen esa normativa municipal, pero el Ayuntamiento no ha impedido que esas mismas zonas se vean invadidas por las pintadas, que han afectado incluso a edificios de alto valor arquitectónico, como la iglesia de Santiago o el convento de San Francisco.

Hace unas semanas, la oposición pidió un cambio en la política sobre las pintadas. El BNG exigió que se deje de aplicar la ordenanza de limpieza de forma arbitraria, y planteó que se habiliten espacios concretos para los grafiteros. El PSOE propuso un «plan específico» de limpieza. El PP puso sobre la mesa la necesidad de un plan de choque, una idea que ha incluido en sus aportaciones el nuevo contrato de limpieza viaria. El gobierno local, por el momento, no ha movido ficha. Ha limpiado los grafitis del convenio de San Francisco, entre ellos algunos que llevaban sobre sus muros más de un año y medio, pero por el momento no ha contestado a la pregunta planteada por La Voz este lunes sobre si piensa aplicar alguna nueva medida contra las pintadas, o adoptar alguna de las propuestas que ha planteado la oposición.

La polémica de la limpieza selectiva y el posible recorte de operarios para esas tareas

La oposición fue muy crítica con el gobierno local cuando en julio se supo que se había ordenado eliminar de forma prioritaria las pintadas con mensajes contra la Marea Atlántica, que proliferaron a partir del desalojo del colectivo okupa A Insumisa de la antigua Comandancia de Obras. En unas semanas del mes pasado, numerosos grafitis de ese tipo fueron eliminados de la Ciudad Vieja, en ocasiones dejando otros en el mismo edificio, o eliminándolos de propiedades privadas -pese a que el Ayuntamiento ha rechazado peticiones de vecinos aduciendo que solo interviene en zonas públicas-.

Por su parte, el PP ha exigido que se incrementen los efectivos mínimos para borrar pintadas que figuran en los pliegos del nuevo contrato de limpieza. Ese documento sitúa la cantidad mínima en un operario, cuando la empresa que presta ese servicio en la actualidad destina a ello cuatro trabajadores y un tercio de la jornada de otro.

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