La antigua sede de Fenosa volverá a ser «herencia recibida»

El recurso del gobierno local al Constitucional es difícil que se resuelva en el mandato actual


a Coruña / La Voz

El largo litigio del edificio de la calle Fernando Macías, que está pendiente de su demolición desde el año 2001, cuanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estimó que derribarlo era la manera de restaurar la legalidad urbanística, aún podría estar lejos de su final. Por lo pronto, si la Justicia finalmente no deja otra salida que su derribo, no será esta corporación la que tenga que afrontar el previsible conflicto con los vecinos del inmueble y las temidas reclamaciones económicas, que según las estimaciones municipales del 2016 rondarían los 45 millones de euros, causando un importante aprieto a las arcas del Ayuntamiento.

El corto plazo

No antes de las elecciones. Fuentes judiciales señalan que, por cuestión de tiempos, la decisión, anunciada el lunes por el alcalde, Xulio Ferreiro, de recurrir al Constitucional la última sentencia del TSXG, en la que se desestiman otros recursos previos del consistorio, evitará casi con total probabilidad que se tenga que ejecutar la sentencia de demolición antes de las elecciones municipales del 2019. Estiman que será así incluso si la sala de Admisión del Constitucional rechaza el recurso municipal. 

El recurso

Derechos fundamentales. Lo más probable es que los letrados del Ayuntamiento basen su estrategia en los recursos que el TSXG rechazó en su última sentencia. Esas reclamaciones argumentan que en el procedimiento se han vulnerado dos artículos de la Constitución, el 14 y el 24, de igualdad ante la ley y derecho a la tutela judicial, por lo que habría que anular todo el procedimiento desde el 2016, cuando la Justicia rechazó los escritos del Ayuntamiento en los que defendía que la sentencia de demolición no podía ser ejecutada porque, entre otros motivos, causaría más perjuicios que beneficios.

Por otra parte, el voto particular de uno de los ponentes de la última sentencia del TSXG es un balón de oxígeno para la estrategia del Ayuntamiento ante el Constitucional, ya que considera que se debió estimar el incidente de inejecución de la sentencia que planteó el Ayuntamiento.

Las fuentes antes citadas también señalan que el recurso ante el Constitucional tendrá más posibilidades de ser admitido si se presenta junto a la comunidad de propietarios. El motivo es que se trata de personas físicas que podrán alegar una vulneración de derechos fundamentales, algo dudoso en el caso de una Administración pública como el Ayuntamiento. 

El largo plazo

Años por delante. Si el recurso fuese admitido por el Constitucional, la resolución del mismo podría demorarse durante años. En caso de que fuese inadmitido, o de que ese tribunal quitase la razón al Ayuntamiento y los propietarios, en caso de que finalmente recurran, la ejecución de la sentencia de demolición sería poco menos que inevitable. 

Sin opciones

Recursos judiciales agotados. Desde que arrancó el caso, en 1997, la Administración local ha ido disparando todos sus cartuchos judiciales para defender la legalidad del inmueble y, cuando quedó demostrado que la obra no se ajustó a la legalidad, para intentar que el derribo no se hiciese realidad. Un nuevo revés en el Constitucional le dejaría sin demasiadas alternativas para evitar ese desenlace, señalan las fuentes antes mencionadas. 

Estrategias calcadas

Dos gobiernos en la misma línea. El anuncio del alcalde del recurso ante el Constitucional continúa con la estrategia de los anteriores gobiernos de intentar evitar que se cumpla la sentencia del Supremo que obliga a la demolición del inmueble porque vulnera la legalidad urbanística.

El actual gobierno local inició el mandato con críticas a sus predecesores, sobre todo al PP, al respeto de sus planteamientos sobre el edificio de Fernando Macías. En una entrevista publicada en La Voz el 1 de marzo del 2015, el entonces candidato Xulio Ferreiro, afirmaba que el plan de su gobierno sería: «Deixar de facer o paripé. Cumprir a sentencia mirando polo interese dos veciños. E facer que os responsables da desfeita asuman o custe do que se fixo mal».

Pero el dictamen del Supremo no se ha cumplido, el Ayuntamiento ha continuado presentando recursos y el actual gobierno local ha mantenido sin grandes novedades la estrategia que había planteado el PP durante su mandato para tratar de salvar el inmueble irregular de la demolición, primero planteando un derribo parcial de los elementos que incumplían la normativa urbanística - una opción que fue rechazada por los tribunales- y ahora acudiendo a las más altas instancias judiciales.

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