El Ayuntamiento suma ocho meses sin aclarar su proyecto para Tabacos

Eduardo Eiroa Millares
E. Eiroa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

MARCOS MÍGUEZ

No define el uso que le dará y la Xunta pide que sea compatible con la sede judicial

16 jul 2018 . Actualizado a las 10:43 h.

El Ayuntamiento y la Xunta llevan desde el pasado mes de noviembre cruzándose borradores del acta de recogida de las llaves de los 3.000 metros cuadrados que el consistorio tiene disponibles en la antigua fábrica de Tabacos, hoy sede judicial.

La parte municipal del edificio se iba a destinar a dependencias administrativas. Así figuraba en la documentación que remitió la Xunta al consistorio para, tras la firma, hacerle entrega de las llaves.

En un primer momento desde María Pita no pusieron pegas a que se especificara ese uso, pero añadieron que la Xunta tendría que pagar las obras que allí realizara el consistorio. Desde la delegación se negaron a una pretensión que no figuraba en ningún convenio.

La parte económica desapareció de la siguiente propuesta municipal, pero en María Pita cambiaron de parecer en lo relativo a los usos administrativos y exigieron que figurase tan solo «dependencias municipales» en el texto, sin especificar más.

Informe de Patrimonio

Mientras se producía el cruce de borradores, el gobierno local coruñés seguía sin entregar un nuevo proyecto de obra para el inmueble. Lo había hecho en el 2017 pero en octubre de ese año Patrimonio informó desfavorablemente la propuesta y pidió cambios en el plan para adecuarse a la estética de un edificio protegido.

Desde entonces el Ayuntamiento no volvió a remitir un proyecto ni modificaciones del anterior. Tampoco aclaró qué uso pretendía dar a un espacio que inicialmente iba a ser la nueva sede del departamento municipal de Urbanismo.

La Xunta, finalmente, volvió a enviar un nuevo borrador esta semana aceptando la expresión «dependencias municipales», si bien añade una cláusula más que indica que resulta necesario «con carácter previo á fixación deste uso, se obteña o visto e prace dunha comisión mixta entre o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a Xunta, aos efectos de constatar a súa compatibilidade coa actividade principal do edificio, de carácter xudicial».

La preocupación autonómica es que el consistorio decida crear allí algún servicio o poner en marcha iniciativas que interfieran con el funcionamiento judicial, al que están dedicados 14.000 metros cuadrados de la antigua fábrica.

El Ayuntamiento, por su parte, habla de posibles «usos sociais e culturais» en su escrito, pero no especifica cuáles. Así, una sala de conciertos sería un uso cultural, pero probablemente no muy compatible, por el ruido, con la actividad central del inmueble.

El consistorio suma así ocho meses sin recoger las llaves de su espacio en Tabacos y sin especificar qué uso quiere darle a un local de 3.000 metros cuadrados, uno de los de mayores dimensiones de los que dispone, y que le permitiría trasladar allí servicios propios repartidos por la ciudad.

Una restauración que llevó tres años y en la que se invirtieron 16 millones de euros

La obra de Tabacos fue la más cuantiosa de las finalizadas en la ciudad durante el actual mandato. La Xunta invirtió en ella 16 millones de euros para materializar un proyecto nacido en el 2009, durante el mandato de Javier Losada. Fue entonces cuando se propuso convertir la antigua fábrica, cerrada definitivamente en diciembre del 2002 y desde entonces deteriorándose sin ningún tipo de actividad.

Durante el mandato de Negreira se rubricó el acuerdo con la Xunta y se puso en marcha la obra, que no finalizó hasta abril del año pasado tras tres años de trabajos. 

El acuerdo inicial indicaba que Xustiza se haría con 14.000 metros cuadrados y que el Ayuntamiento se quedaría, para su uso, con otros 3.000. en julio del año pasado acabó la mudanza de los juzgados a Tabacos. El edificio estaba rematado y en funcionamiento y solo falta la parte municipal. María Pita reclamó más inversiones en su parte y aunque no había ningún acuerdo previo que recogiese esa obligación, la Xunta accedió a realizar una inversión conjunta de 100.000 euros para adecuar las dependencias. Finalizados esos trabajos Xustiza pidió al Ayuntamiento, el pasado septiembre, que se hiciese cargo de su parte del edificio, pero el gobierno local apuntó que las obras realizadas no le satisfacían, quedándose cerradas y sin uso hasta hoy.

Los 3.000 metros cuadrados del Ayuntamiento se dividen en tres plantas y contarían con acceso propio. Diez meses después de rematadas las últimas actuaciones sigue sin haber fecha para la cesión y apertura.