Los trabajos costaron 180.000 euros pero no bastaron para garantizar la seguridad
09 jul 2018 . Actualizado a las 09:50 h.Las obras de mejora que el Ayuntamiento ejecutó en la antigua prisión provincial durante el último año no serán suficientes para que Proxecto Cárcere pueda desarrollar todas las acciones que tenía previstas en el edificio. La entidad, de acuerdo a un informe del Ayuntamiento, solo podrá iniciar actividades «puntuais ou esporádicas», de acuerdo a la norma que regula los actos ejercidos «con carácter excepcional en días concretos». Es más, esas acciones deberán ser «comunicadas previamente» al servicio de Edificación e Licencias.
El motivo de esas limitaciones, según el mismo informe, es que las obras contratadas por el Ayuntamiento, en las que se invirtieron 180.000 euros y que fueron adjudicadas a Construcciones Ángel Jove, tenían el objetivo de «evitar o progresivo deterioro do edificio», eliminar filtraciones de agua y elementos con riesgo de derrumbe, y renovar la instalación eléctrica. Pero los trabajos no preveían «a implantación de ningún novo uso no inmoble». Es más, otro informe, el de fin de obra, constata que el edificio no cumple los requisitos de «funcionalidade, seguridade e habitabilidade» que requerirían todas las actividades que planeó Proxecto Cárcere. Para ello sería preciso un «proxecto de rehabilitación» más ambicioso que el desarrollado hasta ahora, que abordase los problemas que sufre el inmueble tras años de abandono.
Ese proyecto más ambicioso nunca se puso en marcha, a pesar de que la conversión de la prisión en un «centro cultural de xestión veciñal» de acuerdo a las «reivindicacións do colectivo Proxecto Cárcere», era uno de los principales compromisos electorales de la Marea Atlántica.
Trámites muy lentos
Es casi imposible que esa promesa pueda materializarse antes de que acabe el mandato, más aún si se tiene en cuenta que el acuerdo de cesión de la cárcel al Ayuntamiento finaliza el próximo mes de enero. La cesión se firmó el 15 de enero del año pasado, pero los trámites se han desarrollado de forma muy lenta. El gobierno local preveía que el inmueble abriese al público a finales de diciembre del 2017. No fue así. En enero, la asesoría jurídica del Ayuntamiento dirigió un escrito a La Voz, a instancias del alcalde, Xulio Ferreiro, que afirmaba que las obras estarían finalizadas el 27 de enero.
El escrito, y el propio Xulio Ferreiro, anunciaban entonces que la apertura al público se produciría «en breve», pero han pasado más de cinco meses y todavía no se han iniciado las actividades de cara al público en el edificio.
Además de las limitaciones temporales y de que Proxecto Cárcere tendrá que ceñirse a las actividades puntuales y esporádicas que figuraban en su propuesta -dejando a un lado acciones de más calado con una afluencia estimada de hasta 500 personas,- la falta de ambición de las obras limitará el espacio disponible. En principio estaba previsto reabrir cerca de 1.200 metros cuadrados de la antigua prisión pero, ante la insuficiencia de los trabajos contratados por el Ayuntamiento, ahora se calcula que serán cerca de 100 metros.
Sin embargo, según el informe emitido por el servicio de Edificación del Ayuntamiento, Proxecto Cárcere «era consciente» del alcance limitado de las obras que planeó el gobierno local, «segundo se deduce da súa oferta técnica».
La polémica de la adjudicación
Además de los retrasos y de la insuficiencia de las obras, el proyecto del gobierno de la Marea para recuperar la prisión provincial también ha desencadenado un frente judicial. El PP ha recurrido en los juzgados de lo Contencioso la adjudicación de los usos de ese espacio a Proxecto Cárcere. Los populares denuncian que entre los fundadores de esa entidad hay concejales y asesores del gobierno local. En otro escrito, la directora de la asesoría jurídica municipal señaló que la concejala Rocío Fraga formó parte de esa entidad hasta septiembre del 2016. Además, entre otras presuntas irregularidades en la adjudicación, el PP ha señalado que uno de los componentes del tribunal que valoró las ofertas presentadas al concurso para gestionar la prisión fue fundador de Proxecto Cárcere.
Los populares ampliaron hace apenas unos días esa demanda, al entender que la formalización de la cesión del edificio no se ajusta a la oferta que presentó esa entidad, en parte por las limitaciones derivadas de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento.
Por su parte, el gobierno local ha insistido en que todo el proceso de adjudicación se ajustó a la legalidad y el propio alcalde calificó el trámite de «exemplar».